La banca española supera con nota el examen europeo

MADRID- Este miércoles se cumple un año de la firma del Memorando de Entendimiento sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera que posibilitó, con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE) –la llamada troika–, el saneamiento de la banca española, más en concreto de buena parte de las cajas de ahorros, que durante años escondieron, sin buscar solución alguna, unas cuentas que no se correspondían con la realidad del mercado.

En julio de 2012 había una percepción negativa sobre la calidad de los balances de los bancos españoles, que presentaban debilidades importantes de capital. Hoy, doce meses después, el motivo de preocupación casi se ha esfumado. La banca nacional está cómoda, incluso por encima de la media europea.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba el viernes que tras el tercer informe de la troika la banca española está más cerca del escenario base manejado por Oliver Wyman, que del escenario estresado con el que la consultora trabajó en septiembre. Los plazos marcados en el Memorando de Entendimiento (MOU) se cumplen escrupulosamente según lo previsto y las medidas de recapitalización del sector bancario y las transferencias de activos a la Sareb han dado un importante impulso a la liquidez y solvencia del sistema. Las entidades nacionalizadas empiezan a ver la luz. BFA-Bankia ganó 213 millones de euros en el primer trimestre, y prevé un beneficio de 800 millones en el año. Novagalicia Banco (NCG), por su parte, obtuvo un resultado de 21,1 millones, mientras que Catalunya Banc perdió 18,45 millones, frente a los 1.444 millones de «agujero» del primer semestre de 2012.

El 25 de junio de 2012, el Gobierno español solicitó asistencia financiera externa a las autoridades europeas en el contexto del proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario que se había iniciado unos años antes. El escaso éxito de las medidas adoptadas hasta entonces provocó una desconfianza generalizada de los mercados hacia todo el sector financiero, sin distinguir entidades buenas de malas, diversificadas internacionalmente o únicamente con presencia en el mercado doméstico.

Será difícil saber si fue el sector bancario el que llevó al borde del abismo a la deuda soberana española o ésta la que terminó por obligar al Gobierno a pedir el rescate bancario. El caso es que la difícil situación de la banca se trasladó a los mercados, que castigaron a España hasta poner la prima de riesgo en 640 puntos básicos.

El capital extranjero empezó a salir de España y el Tesoro tuvo enormes dificultades para colocar la deuda, que se tuvo que refugiar en las carteras de los inversores nacionales. Con este sombrío panorama, al Gobierno no le quedó otra alternativa que ponerse manos a la obra con la CE para desarrollar un programa para acabar con la más mínima duda sobre la solvencia de nuestro sistema financiero.

Las provisiones

El Ministerio de Economía ya había dado los primeros pasos con la publicación de un Real Decreto Ley, el 2/2012, de 2 de febrero, de saneamiento del sector financiero, que articulaba nuevos requerimientos de provisiones y capital adicionales, orientados en exclusiva a la cobertura del deterioro en los balances bancarios ocasionado por los activos vinculados a la actividad inmobiliaria. Tres meses después, en mayo, el Gobierno aprobó un segundo Real Decreto Ley (18/2012), que establecía provisiones adicionales a las financiaciones inmobiliarias, en este caso sobre las clasificadas como riesgo no problemático.

Firmado el MOU, la banca española se sometió a un ejercicio de transparencia que nunca antes se había producido en ningún país del mundo. Las empresas consultoras comprobaron todas las carteras de crédito, identificando problemas y debilidades, así como las correspondientes necesidades de capital. El problema se concentraba en un sector del sistema, las cajas de ahorros, salvo algunas excepciones, y las necesidades de capital no exigían cifras inmanejables.

A partir de este análisis, concluido en septiembre del pasado año, se ha avanzado en el procedimiento de resolución de problemas, que ha servido casi de ejemplo para la UE en la gestión de instrumento híbridos de ahorro y en la creación de un banco malo, el segundo en la eurozona tras el de Irlanda. Pero no todo está resuelto en el sistema financiero español. Aún están pendientes los arbitrajes de las participaciones preferentes y la deuda subordinada de unas pocas entidades, que supondrán algunas necesidades de capital adicionales, pero que pueden ser absorbidas, llegado el caso, con cargo a las cuentas de resultados de las propios bancos.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, está siguiendo muy de cerca las carteras de créditos refinanciadas (cerca de 240.000 millones de euros), el último escollo que ha surgido en el sector. El informe exhaustivo de todas ellas concluirá en otoño y no se esperan grandes sorpresas. Por si acaso y para que todo esté bajo control, el Banco de España ha recomendado reducir la parte del beneficio que se destina al pago de dividendos.

¿Puede pedir España más dinero a la UE llegado el caso? Aunque la línea de crédito tiene un tope de 100.000 millones de euros, España no tiene intención de superar los 42.000 millones ya solicitados. Se necesitaría un nuevo MOU. «No tiene mucho sentido ni siquiera sobre la hipótesis de que se pudiera necesitar en el futuro», asegura el Ministerio de Economía, que descarta la posibilidad de que se produzcan nuevos sustos en el sector.

Más de 75.000 millones en ayudas públicas

El sector financiero español ha recibido un total de 75.352 millones de euros de dinero público para evitar su quiebra, incluyendo ayudas contingentes. Bruselas aportó 39.078 millones y el resto corrió a cargo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con 15.335 millones, y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con 20.939 millones. BFA Bankia es la entidad que mayor inyección de dinero público ha percibido, un total de 22.424 millones, según datos de la Asociación Española de Banca (AEB).