La cúpula de Caixa Penedès defiende la legalidad de sus pensiones millonarias

Los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès acusados de engordar sus pensiones millonarias con pólizas de seguros han defendido su legalidad y que con ello se equipararon sus condiciones a las del resto de trabajadores, porque lo contrario hubiera sido una «discriminación».

Los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès acusados de engordar sus pensiones millonarias con pólizas de seguros han defendido hoy su legalidad y que con ello se equipararon sus condiciones a las del resto de trabajadores, porque lo contrario hubiera sido una "discriminación".

Hoy ha arrancado en la Audiencia Nacional el juicio contra el ex director general Ricard Pagès, para el que la Fiscalía pide 3,5 años de prisión, y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas, en cuyo caso reclama 3 años, por haberse adjudicado hasta 31,6 millones de euros mediante pólizas que contrataron a espaldas de los órganos de control de la entidad.

Un extremo que ha negado Pagès, que ocupó su cargo hasta mayo de 2011, al asegurar que el contrato de dirección que firmaron con el visto bueno de la comisión ejecutiva y el Consejo de Administración contenía ya las condiciones que se plasmaron en los fondos de pensiones de la entidad y en las pólizas de seguros suscritas durante el proceso de externalización de esas retribuciones.

A ello ha añadido que las operaciones las revisaba periódicamente la auditora Deloitte, que nunca detectó "que se hiciera nada de forma incorrecta", y también el Banco de España.

Ha destacado además que él cumplió los 60 años en 2007, y que a partir de ese momento la Caja no hizo ninguna aportación al fondo de pensiones por él, sino que la propia entidad percibió 1,3 millones por las condiciones establecidas en el contrato.

Ricard Pagès ha asegurado que "jamás"habría hecho uso de una las cláusulas que le hubieran permitido cobrar su prejubilación en el caso de que abandonara la Caja.

"La Caixa del Penedès era mi vida y yo le dedicaba todo mi esfuerzo. No lo hubiera hecho, jamás he intentado perjudicar a la Caja y mi actuación siempre ha sido de total honestidad", ha puntualizado el exbanquero, que con las pólizas se adjudicó 11,6 millones, de los que llegó a percibir 10,76 millones.

En todo caso, Pagès, que continuamente ha apelado a su mala memoria para las fechas y los nombres de las personas, ha señalado que ninguno de los acusados tenía experiencia "en hacer seguros de este tipo".

Previamente, el ex director adjunto Joan Caellas, que le sustituyó en mayo de 2011 cuando este pasó a ser presidente de Caixa Penedès, ha señalado que el primer contrato que firmó "valoraba las funciones realizadas hasta el momento"y sus "nuevas responsabilidades".

Al tiempo, pensó: "Pues están muy bien las jubilaciones"que, en su caso, ascendían a 5,7 millones.

"No puedo ni siquiera tener conciencia de abuso porque nunca me planteé que esto pudiera ser así", ha agregado.

Asimismo, ha precisado que las ventajas que le aportó la externalización de las pensiones fueron las mismas que "a cualquier empleado".

El primero de los directivos en declarar ha sido Abella, que ha explicado que su contrato de alta dirección le reconocía el derecho a una prejubilación vitalicia a partir de los 60 años equivalente al 90 por ciento de su retribución, que no ha especificado.

Abella, que ha manifestado haber estado "felizmente jubilado"todos estos años, firmó un convenio específico con la Seguridad Social por el que seguiría tributando hasta los 65 años para asegurarse la jubilación máxima, que se descontaría cuando cumpliera esta edad de lo que percibía de Caixa Penedès

También ha indicado que se contrató a una empresa asesora para negociar la externalización de las pensiones de, en un principio, los trabajadores de relación laboral común de la Caja, aunque luego se aplicó a la directiva.

Abella, que llegó a percibir 1,89 millones, ha insistido en que "el personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza", por lo que si no se hubieran consolidado los derechos de los directivos habría sido "discriminatorio".

La Fiscalía, por el contrario, sostiene que los acusados, junto con el fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, firmaron estas pólizas sin el conocimiento de los órganos de control y a partir de 2010 se las blindaron y modificaron sus contratos con motivo de la integración en el grupo BMN, que requirió una ayuda del FROB de 916 millones de euros.