La energía necesita un pacto de Estado

El consumidor debe ser el eje central y parte activa de las políticas energéticas, que tienen que desarrollarse con un amplio horizonte temporal.

Impulsar un Pacto de Estado por la Energía fue uno de los compromisos que sellaron PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Lograr un sistema energético fiable y más competitivo requiere realizar un análisis profundo e integral y definir una estrategia nacional a futuro, como se está haciendo en Alemania, Francia, Reino Unido o Estados Unidos.

Arcadio Gutiérrez, director general del Club Español de la Energía (Enerclub), asegura que la estrategia energética debe priorizar el adecuado tratamiento de la potencia eléctrica instalada de nuestro parque generador, mientras se avanza hacia el nivel de participación de las tecnologías renovables al que Europa se ha comprometido. Asimismo, se tiene que definir una postura en relación al papel que jugará el carbón o a la vida útil de las centrales nucleares, así como a la manera de cubrir la energía que nos proporcionan estas tecnologías en caso de ser sustituidas. Sea como fuere, Gutiérrez destaca que «el consumidor debe ser el eje central y parte activa de las políticas energéticas». Es decir, habría que buscar el menor coste para su bolsillo.

El modelo tiene que ser menos emisor, más seguro y más competitivo. Y la regulación resulta esencial, teniendo en cuenta los largos periodos de implementación de los proyectos y el retorno de las inversiones.

«Si lográramos establecer un Pacto de Estado sobre Energía, nos habríamos puesto de acuerdo en el 10% del PIB». José María Martínez-Val, de la Real Academia de Doctores de España, afirma que en ese porcentaje habría que distinguir dos ámbitos muy diferentes: el de los hidrocarburos, que ocuparía aproximadamente las dos terceras partes, y la electricidad, que absorbería el resto. «En cambio, mientras que los primeros pertenecen a un mercado mundial, donde la influencia de España para modificar precios es prácticamente nula, en electricidad somos casi una isla, pues nuestros saldos de intercambio con Francia, Portugal y Marruecos son marginales en el contexto global».

Aprobar una Ley de Cambio Climático y avanzar en la reforma del sector eléctrico para conseguir tener precios competitivos fueron otros de los acuerdos de investidura. Martínez-Val recuerda que, salvo algunas directivas europeas de corte medioambiental, las decisiones en materia energética son una responsabilidad interna. No obstante, admite que en el caso de la electricidad, el Pacto sería más duro de cerrar, pues tanto su estructura empresarial como su estructura tecnológica y de fuentes de energía tienen un fuerte componente ideológico. «El Pacto debería atender, sobre todo, a que no se magnificara la problemática de las inversiones». En otras palabras, se necesita un ejercicio de equilibrio, y Martínez-Val recuerda que con todos los datos económicos y técnicos que hay acumulados en las series estadísticas españolas podría hacerse un trabajo de base que sirviera para construir esa posición sobre realidades, y no sobre voluntarismo político. «Quizá lo más difícil para el Pacto sea la predisposición de los partidos políticos a dejar al margen la ideología e ir al grano de la eficacia», apostilla. El acuerdo de investidura también recogía el compromiso de elaborar un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia, y reducir el empleo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), asevera que alcanzar un Pacto de Estado por la Energía duradero sería esencial para dotar al sector de un marco regulatorio estable y predecible sobre el que planificar su desarrollo.

Comprar fuera

Además, ese Pacto «permitiría huir de la constante improvisación con la que se toman las decisiones en el sector energético y haría posible desarrollar planteamientos que generarían más riqueza». Villarig opina que el acuerdo desembocaría en una política energética clara que facilitaría pasar del modelo actual a otro bajo en carbono y basado, fundamentalmente, en energías renovables competitivas. Como consecuencia, «España reduciría su altísima dependencia energética, que en 2015 supuso una factura de más de 26.000 millones de euros».

El presidente de APPA revela que la dependencia española de los combustibles fósiles se acerca al 73%, 20 puntos más que la media de la Unión Europea. «No tiene sentido que compremos fuera lo que no tenemos –combustibles fósiles contaminantes– y no aprovechemos al máximo los recursos renovables de los que disponemos», apostilla. De forma paralela, sostiene que en 2015 las energías renovables evitaron la importación de 20 millones de toneladas equivalentes de petróleo, con un ahorro económico de 6.900 millones de euros, e impidieron la emisión a la atmósfera de más de 55 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que permitió ahorrar pagos por derechos de emisión por valor de 423 millones de euros.

Por su parte, Carlos Relancio, director general de Cox Energy, explica que la energía es uno de los factores más importantes para la competitividad empresarial y que la alta dependencia energética crea incertidumbre y debilita nuestra estructura económica. En este sentido, opina que la apuesta por las renovables podría reducir esa dependencia por completo. Y puntualiza que la caída de precios de la electricidad generada a partir de fuentes renovables se ha convertido en algo cotidiano motivado por la tecnología y por los costes.

En el caso de la solar fotovoltaica, añade, los costes de construcción, ingeniería, y el precio de los paneles solares, han registrado un descenso del 70% en los últimos seis años. Por ello, «la fotovoltaica es ya la tecnología más barata para generar energía». Una vez ganada la batalla del coste de generación, el director general de Cox Energy destaca que la única barrera que queda para la instalación masiva de las renovables es la capacidad de ser gestionadas a través de sistemas de almacenamiento. «Esto ya es tecnológicamente posible.

Reforzar la presencia de las renovables evitaría volatilidad en los precios y haría que España tuviera una electricidad mucho más barata. Además, contribuiría a incrementar el volumen de inversiones y a crear empleo y riqueza», sentencia.

Puntos polémicos

Después de que se haya dado luz verde a la reapertura de Garoña, y al margen de redefinir el papel de la energía nuclear, entre los principales desafíos actuales para el sector destacan los que se presentan en Europa en los diferentes horizontes temporales (2020, 2030 y 2050) o los derivados del Acuerdo de París contra el cambio climático, sin olvidar las previsibles acciones europeas en busca del mercado único de la energía, o las medidas en materia de seguridad energética, GNL o interconexiones. En particular, Gutiérrez resalta que los retos relacionados con la búsqueda de una economía descarbonizada son de gran envergadura. Sobre todo, teniendo en cuenta que para 2050 se pretende reducir hasta el 95% de las emisiones de dióxido de carbono respecto a 1990. Por otra parte, el director general de Enerclub señala la necesidad de diseñar un sistema flexible que pueda adaptarse a los acontecimientos futuros.