La Fundación Caja Madrid reclamará el dinero gastado

La designación de nuevo presidente abrirá las puertas para exigir la devolución de los millones de las «tarjetas B»

La Fundación Caja Madrid esperará la designación del nuevo máximo responsable para iniciar las actuaciones judiciales pertinentes con el fin de recuperar los más de 15 millones de euros gastados por 86 directivos y consejeros de la antigua caja de ahorros madrileña entre los años 2003 y 2012 mediante el uso de «tarjetas B», según ha sabido LA RAZÓN. El pasado jueves, la presidenta de la fundación, Carmen Cafranga, presentó su dimisión después de conocerse que había gastado un total de 175.200 euros, a razón de 17.500 euros por año.

La Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid nació en 2012 como heredera de la actividad de la obra social de la anterior Fundación Caja Madrid, después de que la caja de ahorros cediera su negocio bancario a Bankia, en una operación de integración con otras seis entidades (Bancaja y las cajas de ahorros Laietana, de Ávila, Segovia, La Rioja e Insular de Canarias).

Hasta la fecha, la Fundación no ha reclamado ningún tipo de indemnización por los perjuicios ocasionados a la antigua Caja Madrid por el uso de las denominadas «tarjetas B», que cargaban contra la entidad financiera los gastos de representación de sus consejeros y directivos. Las fuentes consultadas por este periódico coinciden en señalar que el hecho de que la presidenta dimisionaria hubiera usado la tarjeta durante nueve años ha podido influir en la pasividad de la institución desde que se conocieran los gastos.

En el informe realizado por Herbert Smith Freehills por encargo de Bankia y entregado a mediados del pasado mes de junio, el asesor reconoce exclusivamente a la fundación de carácter especial Caja Madrid, subrogada en la personalidad jurídica de Caja Madrid, la «legitimidad para estudiar y en su caso plantear el ejercicio de las posibles acciones de reintegración a que pueda dar lugar el uso de las tarjetas». HSF asegura que Bankia no puede ejercer ningún tipo de acción con anterioridad al mes de diciembre de 2010 (fecha de constitución de la entidad) por cuanto no son los balances de esta entidad los llamados a soportar el quebranto económico.

La Fundación, de manos del abogado de UPyD, Andrés Herzog, recibió en su registro general un escrito que hacía referencia a los 70 millones de euros repartidos entre el comité de dirección de la caja de ahorros en los últimos cuatro años, que incluían los gastos cargados contra las «tarjetas B» por el casi centenar de consejeros y directivos que la disfrutaron durante el periodo analizado.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) volverá a la carga contra el próximo presidente de la Fundación para exigir la depuración de responsabilidades. No descarta llevar el caso a la Justicia si no encuentra una actitud más diligente.

Una reclamación complicada

La solución no es fácil. Según el informe de Herbert Smith Freehills, resulta difícil fundamentar desde el punto de vista jurídico la existencia de un posible delito de apropiación indebida por parte de los usuarios de las tarjetas «dado que el perceptor o acreditado verosímilmente podría tener la creencia de que ostentaba un título (operativo o funcional) para utilizar la tarjeta.

El asesor y sólo en el caso de las tarjetas utilizadas por personas vinculadas a Caja Madrid (hasta diciembre 2010) no descarta una eventual posibilidad de un delito de administración desleal tanto de los administradores que inicialmente tomaron la decisión de entregar las tarjetas a los directivos/consejeros, como los que luego la mantuvieron. Sin embargo, en su informe, adelantan «que penalmente resultaría muy complicado –seguramente imposible– indagar en el proceso decisorio que desembocó en la autorización de las tarjetas».

La conclusión de Herbert Smith Freehills asegura que las disposiciones a cargo de las tarjetas «son difícilmente incardinables en el concepto jurídico de cobro de lo indebido, generador de una obligación de restitución, con independencia de que pueda haberse producido una situación de enriquecimiento injusto que pueda dar lugar al ejercicio de las acciones oportunas».

En el caso de las tarjetas usadas tras la constitución de Bankia (cuyo importe ha sido reembolsado en el mes de julio) HSF sí ve posible incardinar los actos en el concepto de cobro de lo indebido, siendo susceptibles de reclamación de forma extrajudicial y, llegado el caso, ante la jurisdicción civil.