La Policía Nacional desmantela un «chiringuito financiero» que habría defraudado más de 2.500.000 de euros

Operaban sin licencia mediante páginas web que simulaban la operativa de los mercados y que permanecían activas hasta que la CNMV publicaba una advertencia

La Policía Nacionalha desmantelado un “chiringuito financiero” que operaba en Madrid y que habría estafado defraudado hasta la fecha más de 2.500.000 de euros a ciudadanos de toda España. Han sido detenidas 79 personas, entre los que se encuentran los tres máximos dirigentes, así como a la mayoría de los brókeres de la organización, y se han realizado 8 registros en las provincias de Madrid y Málaga.

La investigación comenzó en septiembre de 2016 cuando, gracias a la colaboración ciudadana, los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia por estafa presentada por un afectado en una comisaría de distrito de Valladolid. A raíz de esta información se recabaron nuevas denuncias al objeto de conectar los datos denunciados, detectar la ubicación de las oficinas y deducir su método de trabajo.

Fruto del análisis de la información se conjeturó la existencia de un fraude tipo “boiler room” o “chiringuito financiero”.Esta modalidad de fraude precisa de una organización jerarquizada en la que los escalones más bajos realizan llamadas agresivas, generalmente a pequeños empresarios y ahorradores, en las que ofertan inversiones en productos financieros altamente rentables y con un supuesto bajo riesgo. Dado que la meta de la organización era exprimir económicamente a los clientes, sus “brókeres” estaban instruidos con unos guiones predeterminados con los que dar una respuesta rápida a cualquier duda que se les plantease valiéndose de cualquier treta para lograr un sí.

Modus operandi

El modus operandi de este entramado consistía en ofrecer asesoramiento financiero a clientes a fin de que estos les transfiriesen dinero para realizar inversiones. Para conseguirlo habían perfilado la siguiente estructura:

Por un lado habían diseñado páginas web atractivas, con denominación inglesa y datos de contacto en el extranjero (Reino Unido, Bulgaria, Islas Marshall, San Vicente y Granadinas, etc...), en las que los clientes podían abrir una cuenta y operar en un mercado virtual, aunque en realidad no se podía llevar a término ningún tipo de inversión. Las páginas web creadas para favorecer el fraude se usaban durante un tiempo limitado, hasta que el regulador español de los mercados de valores (la CNMV) publicaba una advertencia informando que una página web determinada carecía de la licencia para prestar servicios de inversión. Desde la UDEF de la Policía Nacional se ha venido informado a la CNMV sobre la existencia de las páginas web investigadas con ese objeto.

Una vez difundida la advertencia los investigados abrían una nueva página, con un nombre que no estuviera relacionado con la página anterior, y transferían los clientes de una página a la otra. De este modo eludían la acción del regulador español.

Por otro lado, contaban con un personal instruido y capacitado para captar potenciales clientes mediante llamadas telefónicas. Una vez que el futuro cliente estuviera interesado en invertir, le martilleaban con ofertas sobre diversos productos financieros -generalmente opciones binarias- o sobre determinadas materias primas u otros, como el oro, el maíz, el petróleo, etc..., y siempre bajo la premisa de una alta rentabilidad y riesgo mínimo. Además, cuando daban con clientes especialmente precavidos les convencían manifestando que ellos mismos también invertían en el producto ofertado. Si esto tampoco funcionaba recurrían incluso a descalificar a los clientes es base a los insuficientes conocimientos de éstos en materia de inversión.

Pero aún así, no era suficiente con un único engaño/inversión sino que cada cliente debía ser explotado hasta que dejara de invertir. Por ello era habitual que antes de que concluyera una inversión le ofrecieran otras nuevas para obtener el máximo beneficio económico de cada uno. Así, insistían hasta que el cliente solicitara recuperar lo invertido o disponer de sus ganancias, momento en el que se le informaba de que había perdido lo invertido. Además, les remitían unas cláusulas leoninas de unos contratos que los clientes nunca firmaron y dejaban de atender sus llamadas.

Cambiaban las sedes de oficinas y domicilios de los implicados

La investigación fue especialmente difícil por el perfil de los principales responsables; dos de ellos con antecedentes policiales -habiendo sido uno ya condenado en 2017 por estafa mediante sentencia firme-, y un tercero, de profesión letrado, que asesoraba en el delito. También se trató de dificultar la investigación mediante los cambios de sedes de las oficinas desde donde operaban los falsos “brókeres”, de los propios domicilios de los cabecillas y varios locales de las empresas investigadas, ubicados en Madrid y Málaga. Una vez localizados todos ellos, se procedió a su registro pudiendo los agentes incautar numerosa documentación utilizada para la ejecución del fraude -contratos de las sociedades y listados de personas contactadas- así como material informático.

Hay que reseñar que la actuación de los investigados quebraba la confianza en los mercados financieros así como de sus agentes, a la par que se creaba una falsa expectativa sobre un producto complejo como son las opciones binarias. En este sentido se señala que la CNMV ha publicado recientemente la Circular 01/2018 en la que se indica que las opciones binarias son instrumentos financieros especialmente complejos, que con carácter general no resultan adecuados para clientes minoristas.

Una vez más la colaboración ciudadana confiando en la actuación policial mediante la presentación de las denuncias, en un primer momento, y posteriormente a través de los contactos permanentes de las víctimas con los especialistas de la UDEF durante la investigación, ha sido fundamental para la obtención de información sobre los llamadores y las plataformas investigadas. Esto ha posibilitado un seguimiento actualizado de la actividad de la organización y finalmente su desarticulación, evitando así que la defraudación millonaria ya producida, calculada en 2.500.000 euros, hubiese sido mucho mayor así como el número de víctimas afectadas.