Las bajas se disparan un 29% tras el «indulto» a los funcionarios

El fin de las penalizaciones en 2019 eleva el absentismo en el sector público. La duración de las «incidencias» llega a 43,9 días de media, frente a los 33,6 días de las empresas. El gasto medio de las bajas de los empleados públicos es de 747 euros, frente a los 390 euros del sector privado

El absentismo laboral se expande por la Administración Pública. Y lo hace a una velocidad de vértigo, mucho mayor que en el sector privado. A cierre de junio de este año, el número de bajas por enfermedad en el sector público –lo que se conoce con el nombre técnico de «incidencia”»– era de 34,74 mensuales de media por cada 1.000 trabajadores protegidos. La tasa en las empresas privadas era, en cambio, de 30,67 por cada 1.000 empleados protegidos. Según los datos en poder de las mutuas de accidentes de trabajo, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, el incremento de la incidencia de bajas en las administraciones fue del 29,24% con respecto a junio de 2018. En el sector privado la subida fue del 5%. A tenor de estas cifras, la incidencia media mensual en el sector público es un 13,27% superior a la del sector privado, un hecho que no se producía desde el ejercicio 2012.

¿A qué se debe esta diferencia? Fuentes del sector lo achacan, en lo que se refiere al sector privado, a la recuperación económica. En los ciclos recesivos las bajas laborales por enfermedad suelen reducirse, mientras que en los expansivos tienden a aumentar. Sin embargo, en el sector público apuntan como factor fundamental a la desaparición de las «penalizaciones» que impuso el Gobierno durante la crisis para intentar frenar el absentismo injustificado en la Administración Pública. En concreto, aluden a la entrada en vigor de la disposición adicional quincuagésimo cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, en la que se restablece al colectivo de trabajadores del sector público el complemento salarial a la prestación económica en la situación de Incapacidad Temporal, que fue eliminado en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio.

Las estadísticas revelan que la incidencia en el colectivo de trabajadores del sector público es muy similar a la del sector privado –incluso ligeramente inferior– para el periodo en el que no tenían complemento salarial a la prestación por Incapacidad Temporal. Se trata de los años comprendidos entre 2013 y 2018. Sin embargo, con el restablecimiento de tal complemento en el ejercicio 2019, la incidencia se dispara, con cotas mucho más elevadas que en el sector privado.

Si el número de bajas es dispar en ambos sectores, no lo es menos en lo que se refiere a la duración de las mismas. En concreto, la duración media de los procesos finalizados durante el primer semestre de este año en la Administración fue de 43,96 días por trabajador, un 30,76% más que la duración en el sector privado, que fue de 33,62 días de media. Esta diferencia se produce pese a que de enero a junio se produjo un descenso de la duración media en el sector público del 10,83%, mientras que en el sector privado este valor se incrementó un 1,79% con respecto al ejercicio precedente. Las estadísticas en poder de las mutuas destapan situaciones llamativas. Por ejemplo, en 2017 las bajas en el sector público llegaron a tener una duración media de 52,52 días, frente a los 35,44 días que se registraban en 2012. En esos mismos años, las bajas en el sector privado duraban 34,02 días y 35,10 días, respectivamente.

En lo que se refiere al coste de las bajas, también hay diferencias sustanciales. El gasto por día indemnizado ha aumentado un 4,47% en el caso de los asalariados públicos, al alcanzar los 42,07 euros por día a cierre de junio de 2019 respecto al mismo ejercicio del año anterior. En el caso de los asalariados del sector privado, se situó en 32,04 euros por día de baja, lo que supone un aumento del 2,53% respecto al primer semestre de 2018.

Bajas mucho más caras

Por su parte, el gasto en prestaciones se ha incrementado un 21% en el caso de los asalariados públicos, con un gasto total de 207 millones de euros para el primer semestre del ejercicio 2019 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Dicha cifra se refiere sólo al colectivo de funcionarios cubierto por las mutuas, que apenas supera los 500.000 funcionarios. Por otro lado, en el caso de los asalariados del sector privado, el gasto total ascendió a 2.232 millones de euros, lo que supone un aumento del 13,65% respecto al primer semestre del ejercicio precedente. Según las estadísticas que obran en poder de las mutuas, el gasto por afiliado se ha incrementado un 20% en el caso de los asalariados públicos, con un gasto por afiliado de 747,28 euros de enero a junio del presente año. Por otro lado, en el caso de los asalariados del sector privado, el gasto por afiliado ascendió a 390,71 euros, lo que supone un aumento del 9,46% respecto al primer semestre del ejercicio 2018.