Las empresas pagarán la fiesta del gasto

El Gobierno ha presentado unos Presupuestos con un incremento del gasto que se sostiene, en buena parte, en la subida impositiva. Casi el 70% de este aumento de la tributación recaerá sobre las empresas.

Los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno recaen en buena parte en un aumento notable de los ingresos tributarios, sobre todo en aquellos que afectan al sector empresarial. En un entorno de desaceleración económica, la subida impositiva puede tener un impacto muy negativo. Subir el Impuesto de Sociedades se puede traducir en aumento de los costes, caídas de la competitividad, una menor inversión, disminución de las exportaciones, fugas de capital y, al final, en paro. Demasiados riegos, sobre todo teniendo en cuenta que no siempre una subida de impuestos conlleva una mayor recaudación, especialmente si aumenta el desempleo y cae el consumo. Por no hablar del Impuesto Digital, que puede ahuyentar a las empresas innovadoras, aquellas que deben liderar la transformación digital de la sociedad y, por ende, el modelo productivo español. Una carga más para las compañías, sobre las que recae ya casi el 70% de la subida impositiva . Un lastre que, junto a la subida de las cotizaciones sociales, las ahogará aún más, puesto que se suma a una presión fiscal que está seis puntos por encima de la media europea, y que choca de frente con las políticas promovidas desde Bruselas o la OCDE en materia de impuestos.

Aunque la punta del iceberg del Presupuesto recoge un aumento de los impuestos para las que se consideran grandes empresas, lo cierto es que la parte que no se puede ver del mismo incluye subidas encubiertas a todas las empresas, independientemente de su tamaño. Si bien las cuentas públicas plasman, a primera vista, alzas para grandes y bajadas para las más pequeñas, lo cierto es que los incrementos afectan a todas, sin tener en cuenta su dimensión, apunta Gregorio Izquierdo, profesor de Economía Aplicada de la UNED. «Así, todas las empresas con filiales en el extranjero, al margen de su facturación, se verán afectadas por la reducción de la exención de los dividendos repatriados, medida que resulta incongruente tras el esfuerzo de internacionalización realizado por las empresas españolas, incluidas las pymes, en los peores años de las crisis. Asimismo, también tendrán que pagar más aquellas compañías que tributan en régimen de grupo, de las que tampoco se dice nada, ni de su tamaño y facturación, por no hablar de aquellas sociedades que tributan en IRPF, como las sociedades limitadas laborales, las comunidades de bienes o aquellas de administrador único». Al final, se trata de una medida, la de la subida impositiva, que tendrá una verdadera reacción en cadena. Javier Morillas, catedrático de economía del CEU, considera que una mayor presión fiscal se traduce una merma de la competitividad de las empresas españolas y que afectará sobremanera tanto a las exportaciones como las importaciones, a las inversiones y a las compras de bienes de equipo. «Todos lo pagaremos, y no sólo las empresas», apostilla. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado en desacuerdo con los Presupuestos, pues le preocupa que «gastemos más de lo que tenemos» y que ese gasto proceda de un aumento de impuestos a las empresas. Así, cree que eso «rompería la competitividad de un país y, en definitiva, podría venir mal a la economía española».

Y más cuando en España las empresas ya tienen la desventaja de soportar mayores cargas sociales que en otros países de nuestro entorno. Así, con los datos de Eurostat se comprueba como en comparación con las naciones donde el coste de mantener un empleado es parecido al nuestro, en España el porcentaje destinado al pago de cotizaciones es más amplio. Entre un 20% y un 30% superior a países como Gran Bretaña, Portugal o Grecia, afirma el Economista Jefe de Tressis, Daniel Lacalle.

Esas diferencias las notan los trabajadores cuando les llega la nómina. De la cifra total a la que se vemos en nuestra cuenta, se produce un salto grande, mientras en otros países ni se nota. Lacalle detalla que se ha generado «una importante brecha fiscal entre lo que cobramos en bruto y luego en neto» respecto a otros países como Portugal o Grecia. Ya salimos perdiendo, pero las subidas tributarias a las empresas que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno aumentarán las diferencias.

La justificación del Ejecutivo para emprender esta política fiscal es la necesidad de ingresar para aumentar el gasto social. No obstante, los expertos consideran que las estimaciones del Ejecutivo son demasiado optimistas, sobre todo las relacionadas con los impuestos de nueva creación al no existir antecedente previo. Por el Impuesto de Sociedades se calcula lograr 1.776 millones de euros más tras aprobar su reforma; por el que se gravan las transacciones financieras, 850 millones de euros, y por el impuesto a los servicios digitales 1.200 millones de euros. No obstante, Gestha ya advirtió de que los ingresos por este últimos tributo podrían quedarse en la mitad (600 millones), debido a «las dificultades técnicas para conseguir las cifras de facturación de empresas que están radicadas fuera de España, así como otras relacionadas con el control del impuesto para perseguir la elusión y evasión del mismo, hasta que no se apruebe este impuesto por una mayoría de países en la Unión Europea».

El 30,4% de los ingresos públicos en España ya sale de las empresas, frente al 26,2% de la media europea, según un informe de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Esa recaudación llega a las arcas públicas a través de impuestos, que no son pocos como a veces se ha dicho, pues la CEOE admite que la presión fiscal empresarial de España es seis puntos porcentuales superior a la media de la Unión Europea. Pero el Gobierno quiere que aporten más y de los 5.678 millones que estima recaudar con las reformar tributarias, las compañías soportarán el 60%.

Impuestos

De este modo, 10.092 empresas que ingresan más de 20 millones de euros se verán afectadas por la fijación del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades en el 15%, o al 18% en el caso de la banca y de las compañías de hidrocarburos. Además, la exención sobre los dividendos y las plusvalías pasará del 100% al 95% y encarecerá más la factura fiscal, que será de 175.981 euros anuales más que en 2018, según datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Los PGE incluyen impuestos que afectan a sectores concretos, como la imposición a las transacciones financieras que consiste en gravar un 0,2% la compra de acciones españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Este tributo tendrá especiales consecuencias sobre quien traspase acciones de grandes compañías, como las entidades financieras y los mayores operadores bursátiles, «los fondos de inversión, de pensiones o las sicav», cuenta el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

El Ejecutivo también quiere zanjar la polémica de la tributación de las empresas que basan su negocio en internet, como Google. Para lograrlo, creará un impuesto del 3% para servicios como la publicidad en línea y la venta de datos de usiarios on-line. Sólo afectará a las compañías con ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros en todo el mundo o a los 3 millones en España, y la recaudación estimada es de 1.200 millones.

La patronal de la industria tecnológica digital en España (Ametic), ha avisado del fuerte perjuicio que supondría para nuestro país la creación de este impuesto aún no desarrollado en el continente porque estados que en principio lo defendían, como Alemania, se han bajado del barco por los peligros de la guerra comercial, apunta Mollinedo, porque las corporaciones afectadas serán multinacionales estadounidenses. De todas formas, en el contexto de «digitalización», se ponen trabas a las empresas del sector. «La mayor parte del coste de este impuesto será soportado por las pymes que usan las plataformas digitales y por el usuario, que verá cómo se incrementan los costes de los productos y verá reducida las opciones en el canal digital», afirma la patronal.

En total, las medidas tributarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado deberían recaudar un 9,5% más que el año anterior, pero el economista de la Think Thank Civismo, Javier Santacruz, opina que se quedará en torno al 4%, es decir, menos de la mitad. En el mismo sentido, Lacalle advierte de que el desfase entre lo que espera ingresar el Gobierno y la realidad será de entre 3.000 y 3.500 millones de euros. Y eso pensando en positivo pues admite que otros expertor lo sitúan alrededor de los 6.000 millones.

Lo que se cuestiona de las reformas fiscales que afectan a las empresas no es sólo su recaudación, también su legalidad. Santacruz pone en duda que incluso se puedan aprobar porque «te los tumba cualquier tribunal». Por un lado, el impuesto a las transacciones financiera se limita a la compra de acciones españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros, y no es legal gravar a unos productos de acciones y a otros no, explica. Por otra parte, el impuesto a la banca y a los determinados servicios digitales generan una doble imposición porque las compañías ya están tributando por sus beneficios en España, concluye Santacruz.

La verdad de Sociedades

A las empresas se les ha achacado que usaron la crisis de excusa para rebajar su aportación a la economía. El argumento está en la evolución de los ingresos de los diferentes impuestos. El que recae sobre las compañías, el de Sociedades, en 2007 había ingresado casi 45.000 millones. Para 2012, la recaudación había bajado más de la mitad, hasta los 21.435 millones de euros, y en 2017 sólo había vuelto a ascender hasta los 23.143 millones (7,4%), según datos de la AEAT. Por otra parte, el que grava a los ciudadanos, el IRPF, aumentó su recaudación desde los 70.619 millones a los 77.038 millones (8,4%); y el destinado al consumo, el IVA, pasó de los 50.464 millones a 63.647 millones (20,8%). Para la CEOE, la lenta recuperación del Impuesto de Sociedades se debe a «la bajada de los beneficios empresariales durante la crisis». El número de corporaciones con bases imponibles positivas se redujo considerablemente. Las compañías activas en 2007, el 46,41% presentaron bases imponibles positivas, pero en 2014 había descendido hasta las 36,91%, y en 2017 sólo se había recuperado hasta el 41%. De todas formas, la OCDE, ha confirmado que el Impuesto de Sociedades está cayendo en todos sus miembros, pues los beneficios de las empresas ahora se gravan de media un 23,9 %, frente al 32,5 % en 2000.