Transporte por carretera
Las VTC triplican sus usuarios en pleno conflicto con el taxi, hasta los siete millones
El año pasado contaban con algo más de dos millones de clientes a nivel nacional
El año pasado contaban con algo más de dos millones de clientes a nivel nacional.
Lejos de repercutir de forma negativa, el conflicto que mantienen el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) ha espoleado el negocio de compañías como Uber o Cabify, propietarias de estas licencias. En el último año, su número de usuarios se ha triplicado. De los algo más de dos millones con los que contaban hace un año han pasado a casi siete millones, según aseguran fuentes de la patronal del sector, Unauto. «El auge ha sido exponencial», explican estas fuentes. Creen que las protestas protagonizadas por el sector del taxi, con cortes de las principales arterias de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona incluidas, les han beneficiado. «Se han echado encima a los usuarios y así pierdes la razón», argumentan desde la patronal que representa al 90% de los VTC.
El sector de los vehículos de transporte con conductor cree que su crecimiento está lejos de tocar techo. A su favor juegan no sólo ese creciente favor que aseguran tener de los usuarios, sino también iniciativas políticas como la del Ayuntamiento de Madrid de restringir el tráfico al mínimo en el centro de la ciudad. «La entrada en vigor de Madrid Central nos beneficia. Con las restricciones al vehículo privado creemos que vamos a crecer más, porque se requerirán más nuestros servicios. También será bueno para el taxi», dicen.
El crecimiento del número de usuarios de estos vehículos ha venido acompañado de un importante incremento de su número de licencias, algo que redunda en su capacidad para absorber demanda. En estos momentos, hay casi 13.000, por los 65.919 de taxi. Eso significa que, por cada permiso VTC, apenas hay 5,11 taxis, muy lejos de la ratio 1/30 que estableció por decreto el anterior Gobierno del PP. La proliferación de estos vehículos y la falta de regulación del sector es lo que empujó al taxi a presionar a las administraciones para solicitar más restricciones a la actividad de los VTC. Fruto de estas maniobras, el pasado 30 de septiembre entró en vigor el decreto-ley que modifica la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) para regular a compañías como Uber y Cabify. A grandes rasgos, la normativa permite a estas empresas seguir operando como hasta ahora durante cuatro años. Después, los vehículos de este tipo que no tengan una segunda licencia municipal o autonómica tendrán prohibido trabajar en las ciudades y sólo podrán hacerlo en el ámbito interurbano, una medida con la que se pretende reequilibrar la ratio 1/30. La norma permite a las autonomías que lo deseen regular desde ya aspectos como horarios, tarifas o descansos. Sin embargo, todas están a la expectativa. El sector VTC entiende que a aquellos vehículos que sean expulsados de las ciudades dentro de cuatro años se les está expropiando un uso de su licencia que debe ser indemnizado. Fomento, sin embargo, no lo ve así, pero para cubrirse las espaldas permitirá seguir trabajando como hasta ahora a todo el sector VTC durante ese periodo. Con ello, considera que, aquellos que lo deseen, podrán recuperar su inversión y salir del mercado. José Luis Ábalos y su equipo están muy seguros de que este periodo indemnizatorio evitará que las arcas públicas tengan que soltar un sólo euro. Si, llegado el caso, los tribunales obligasen a pagar alguna responsabilidad patrimonial a las VTC, Fomento asegura que el Estado se haría cargo de la misma. Si embargo, esta eventualidad, anunciada por Ábalos, no está recogida en el decreto-ley, pero los nacionalistas van a reclamar su inclusión durante el proceso de tramitación de la norma como proyecto de ley.
Hasta que la cuestión de estas posibles indemnizaciones no se aclare, ninguna autonomía quiere legislar. Ninguna se quiere arriesgar a que una posible acción en los tribunales de los vehículos de alquiler con conductor prospere y les cargue con una factura que, según Unauto, podría ser de varios miles de millones de euros. Y aunque los tribunales todavía no han entrado en juego en el conflicto, los VTC tiene dispuesta la artillería por si se diera la necesidad, advierten.
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