Los autónomos no encajan en el patrón convencional de trabajadores o empresarios. Son ambas cosas a la vez y ninguna de ellas.

El acuerdo que sellaron PP y Ciudadanos para investir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno recogía el compromiso de adecuar la composición, estructura y actividad del Consejo Económico y Social a la realidad económica actual y a las nuevas formas de organización del trabajo. En particular, para mejorar la presencia de las asociaciones de autónomos. Y, según la proposición de ley de medidas urgentes que el Pleno del Congreso aceptó tramitar, el Gobierno asegurará la presencia de estos trabajadores en el CES.

Los máximos representantes del colectivo defienden que han de incluirse entre los actores principales del diálogo social. «Los autónomos deberían estar en el Consejo Económico y Social». Eduardo Abad, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), afirma que el nuevo marco que se está desarrollando, el Consejo del Trabajo Autónomo, debe ser el ente que represente los intereses del colectivo, su marco de referencia y su único y más importante estadio donde se realice la interlocución. «Los autónomos somos un agente social más. Todo lo relacionado con el colectivo debe encauzarse a través del Consejo del Trabajo Autónomo», remarca.

Pese a la metamorfosis del mercado laboral como consecuencia de la digitalización, de los nuevos estilos de vida y del cambio social y productivo, las instituciones son muy reacias a la adaptación y van siempre por detrás. Y aquí podría incluirse el asociacionismo empresarial y laboral. Los expertos piensan que es más que oportuna esa llamada de la Proposición de Ley a la reforma del CES en lo que se refiere a la representación de los trabajadores autónomos. Y es que aunque pueda alegarse que las asociaciones patronales y los sindicatos ya lo hacen, los autónomos necesitan una representación específica, que establezca la naturaleza de ese tipo de actividad profesional y canalice los servicios al colectivo y la defensa de sus intereses legítimos.

Los autónomos no encajan en el patrón convencional de trabajadores o empresarios. Son ambas cosas a la vez y ninguna de ellas. Sin embargo, la defensa de sus intereses está subordinada en el seno de las organizaciones patronales y sindicales convencionales. José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi), sostiene que «los autónomos deben tener asociaciones específicas que los representen, en pie de igualdad con el resto de interlocutores sociales». Que las asociaciones de autónomos no tengan la representatividad oficial que ameritan puede verse como un caso ordinario de competencia entre instituciones establecidas y protegidas por las normas y los aspirantes. «Es la lucha de David contra Goliat, pero esta lucha siempre acaba bien», sostiene Herce.

Prácticamente uno de cada cinco trabajadores en España es autónomo y uno de cada tres empleos que se crea en este país desde 2013 corresponde a este colectivo, por lo que no es comprensible que aún no formen parte de las mesas del diálogo social, junto a los sindicatos y a la patronal. En las últimas décadas, la protección social y los derechos de los autónomos han mejorado considerablemente, pero aún persisten notables diferencias entre los trabajadores por cuenta propia y los asalariados. En este sentido, los principales problemas que afectan a los autónomos son la falta de financiación, la morosidad, la economía sumergida, la competencia desleal y las elevadas cargas tributarias. «Para que los autónomos podamos cumplir con nuestros objetivos, necesitamos la ayuda de las administraciones y la participación de todos los sectores implicados. Por ello, resulta fundamental que formemos parte de los agentes sociales. Esperamos que la presente legislatura sea la del cambio de los autónomos», agrega Camilo Abiétar, presidente nacional de OPA.

Reforma urgente

La práctica totalidad de la Cámara, a excepción de PNV y ERC, respaldó el martes la toma en consideración de la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, una iniciativa impulsada por Ciudadanos y que podría convertirse en uno de los grandes pactos de la legislatura. De igual modo, la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso aprobó el jueves una subcomisión para la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), a propuesta de los de Albert Rivera y PDECat, la antigua Convergència.

La reforma aflorará durante los próximos cuatro años 250.000 actividades ahora sin declarar, gracias –sobre todo- a la ampliación de seis meses a un año de la tarifa plana de 50 euros a pagar inicialmente a la Seguridad Social por los nuevos autónomos y los que reemprendan, y a la extensión del resto de bonificaciones a los dos primeros años. No obstante, la ley persigue implementar una batería de medidas, entre las que destacan la posibilidad de cotizar por los días reales de trabajo en el mes en el que se produzca el alta o la baja y no por meses completos; la opción de cambiar la base de cotización cuatro veces al año; el alivio de los recargos que pagan los autónomos por sus deudas a la Seguridad Social; la deducción de hasta el 50% en el IRPF de los gastos relacionados con el vehículo; la desgravación de hasta un 20% de los suministros de agua, gas y electricidad; la exención del abono de las cuotas para quienes no alcancen el salario mínimo; la compatibilidad del trabajo por cuenta propia con la percepción de una pensión de jubilación o las bonificaciones en las cuotas durante las bajas de maternidad.

Si bien la mayoría de los partidos del arco parlamentario respaldó la iniciativa, un buen número presentará enmiendas durante su tramitación, ya que alegan que los auténticos problemas de los autónomos son la fiscalidad, la financiación o la morosidad de las administraciones.

Desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) esperan que al menos medio millón de nuevos autónomos se acojan a la nueva tarifa plana extendida en los dos años posteriores a su puesta en marcha y que afloren 150.000 actividades hoy en la economía sumergida gracias a la misma. Y es que esta medida supondría que los beneficiarios pagarían una cuota reducida durante dos años, mientras que los menores de 30 años y las mujeres menores de 35 abonarían una cuota reducida de tres años.

Salario mínimo

La ley pretende eximir del pago de las cuotas a aquellos autónomos cuya facturación no alcance el salario mínimo interprofesional, una medida a debatir en la subcomisión del Congreso, puesto que antes de nada es necesario establecer claramente el criterio de habitualidad. La jurisprudencia establece que no hay habitualidad si no se supera el SMI anual y, por tanto, no hay obligación de cotizar –pero sí de tributar–.

Sin embargo, existen interpretaciones por parte de la Inspección de Trabajo que entienden que en algunas circunstancias, como cuando existe un local abierto al público con un horario o el comercio electrónico a través de una página web, hay vocación de habitualidad y, por ende, es obligatorio cotizar. En cualquier caso, una cuota a la Seguridad Social de casi 300 euros supone cerca de la mitad del SMI, lo que desincentiva la cotización por parte de los autónomos que se encuentran en esa situación. Así, los expertos defienden que una exoneración para los no habituales de la cuota, pero con alta en el sistema a efectos de registro, permitiría que muchas actividades que hoy no lo hacen tributasen fiscalmente. Además, una cuota hiperreducida para los que estando por debajo del SMI sí tuvieran habitualidad permitiría dirigir servicios de orientación y ayuda a los autónomos que se prolongan en una situación de mera subsistencia.

Compatibilizar el trabajo por cuenta propia con la percepción de una pensión es otra de las pretensiones. Si bien desde enero de 2013 los trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos, mayores de 65 años pueden compatibilizar trabajo y pensión, el 85% de los 30.900 beneficiarios son autónomos que compatibilizan el 50% de su prestación de jubilación con la realización de un trabajo por cuenta propia. En total, son 24.720 autónomos mayores de 65 años que aunque figuran como beneficiarios de pensión aún siguen cotizando y realizando un trabajo.

Se trata de una medida que ha tenido más impacto entre los autónomos que entre el resto de sistemas de cotización. Así, mientras que más del 40% de los nuevos autónomos pensionistas ha optado por esta fórmula, entre el total del sistema apenas ha sido del 5% de cotizantes. Por eso, recalcan desde ATA, poder cobrar el 100% de pensión y seguir trabajando es una buena iniciativa que favorecerá, sobre todo, al colectivo de los autónomos.

Entre enero de 2013 y septiembre de 2016, el número de pensionistas autónomos ha crecido en 57.000. Y de ellos, un 43% (24.720 personas) han optado por compatibilizar trabajo y pensión. Fuentes consultadas de ATA creen que, sin duda, esta medida facilitaría que el número de autónomos mayores de 65 años que optan por esta fórmula se multiplique por cinco en los próximos cuatro años, asestando un necesario y duro golpe a la economía sumergida, que en España supera el 18% del PIB. A los beneficiarios de pensión que realizan actividades sin declarar por temor a perder su pensión la posibilidad de cobrar el 100% de la prestación con la realización de un trabajo les animará a cotizar y tributar.

Menos recargos

El artículo 1 de la proposición de ley, dentro de las medidas para aligerar las cargas administrativas de los autónomos, recoge la modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo para los trabajadores por cuenta propia, de manera que se reducirá del 20 al 3% las sanciones interpuestas por retrasos superiores a los tres meses en los pagos a la Seguridad Social. Desde ATA consideran que un 20% de recargo sólo por retrasarse 24 horas en el abono de la cuota es «injusto y confiscatorio». Máxime, teniendo en cuenta que ninguna administración en España paga en tiempo y forma, y que nadie les sanciona. «Esperemos que se ponga en marcha lo antes posible, pues muchas veces son los propios recargos de la Administración los que hacen insostenibles las deudas», agregan.

Conciliación

El título III de la proposición de ley recoge una serie de medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los autónomos, entre las que destaca la mejora de la bonificación de cuotas de Seguridad Social para trabajadores autónomos en periodo de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, o suspensión por paternidad. Asimismo, alberga una bonificación a trabajadoras autónomas que se reincorporen a su actividad después de dar a luz. De esta forma, durante la baja y tras su reincorporación, las autónomas no pagarán cuota.