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Los VTC ignorarán la precontratación en Cataluña

La patronal comunica a sus asociados que deben informar de sus servicios al registro de Fomento, y no al autonómico, lo que deja sin efecto el decreto de Torra. Considera que la norma regional es inconstitucional

Aparcamiento de Barcelona destinado a vehículos VTC
Aparcamiento de Barcelona destinado a vehículos VTClarazon

La patronal comunica a sus asociados que deben informar de sus servicios al registro de Fomento, y no al autonómico, lo que deja sin efecto el decreto de Torra. Considera que la norma regional es inconstitucional

Unauto mantiene su pulso con la Generalitat de Cataluña. La patronal de las compañías de vehículos de alquiler con conductor (VTC) ha comunicado hoy a sus asociados la obligación de comunicar sus servicios al registro del Ministerio de Fomento y no al autonómico. Así se lo ha informado no sólo a sus socios sino también al propio Ejecutivo autonómico mediante una carta que ha remitido hoy, y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, al consejero del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet. El movimiento supone, de facto, dejar sin efecto la principal medida que articuló la Generalitat para regular el sector, la precontratación de los servicios VTC con una antelación mínima de 15 minutos. Al no quedar constancia en el registro catalán de sus trabajos, será imposible que el Gobierno autonómico controle si efectivamente se cumple con la regla de la precontratación.

El motivo que ha llevado a Unauto a dar este paso es que, en su opinión, la precontratación de los servicios es incostitucional porque atenta contra la libertad de empresa y el derecho mercantil, una circunstancia que denunció la semana pasada del Consejo Consultivo de la Generalitat. Además, alega que el Tribunal Constitucional ha tumbado recientemente la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico cree su propio registro electrónico dado que ha declarado nulos varios artículos de la ley mediante la que se creó la Agencia de Ciberseguridad Catalana al considerar que las competencias en materia de seguridad pública y de telecomunicaciones son exclusivas del Estado. También añade que otro de los requisitos que marca el decreto para los VTC, su vuelta a base después de finalizar un servicio, fue tumbada por el Tribunal Supremo en una sentencia del 14 de febrero de 2012.

El movimiento de Unauto Cataluña sirve para dejar constancia de la forma con la que ya está operando los VTC en esta comunidad. Fuentes de la patronal explican que durante el pasado Mobile World Congress los cerca de 300 vehículos a que ha quedado reducido el sector han estado trabajando sin respetar la precontratación sin que la Generalitat haya impuesto, de momento, ningún sanción.

Al tiempo que ha pedido a sus asociados que usen el registro de Fomento, Unauto Cataluña sigue preparando la maquinaria judicial contra la Generalitat por la aprobación del decreto. Prepara reclamaciones que podrían alcanzar los 1.500 millones de euros por el daño que entienden ha infligido a su actividad el decreto, que consideran ha motivo el cierre de muchas compañías, obligándolas a pagar indemnizaciones a proveedores o a cancelar contratos que ahora reclamarán el Ejecutivo autonómico.