¿Más impuestos a la vista?

El nuevo plan presupuestario contendrá medidas fiscales para cuadrar las cuentas públicas. La reforma de Sociedades deberá aprobarse en menos de tres meses.

Los objetivos de déficit para el próximo año resultarán inalcanzables si no se acomete una subida moderada y racional de la carga fiscal. Pese a que el Gobierno remita a la buena marcha de la economía para contentar a las autoridades comunitarias, la mayoría de los analistas reclama medidas adicionales y estructurales para lograr el equilibrio presupuestario. En plena negociación de los PGE, se descartan abruptos recortes de gasto, por lo que todo parece indicar que los españoles pagaremos más impuestos en 2017.

De Guindos ya ha admitido que el ajuste recaerá, fundamentalmente, sobre el aumento de los ingresos, abriendo la puerta a que en 2017 se incremente algún tributo para convencer a los socios europeos de que rebajará el déficit hasta el 3,1% comprometido. La medida estrella será la reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades para recaudar más sin subir sus tipos nominales y aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales con el objetivo de acercar la recaudación a la media europea. Según el acuerdo de investidura, la reforma deberá acometerse en un plazo máximo de tres meses y permitirá ingresar 3.000 millones de euros en 2017 y 4.000 millones en cada uno de los tres años siguientes, que se emplearán para financiar distintos programas sociales.

El fuerte impulso de la economía española, que crecerá este año en torno al 3,2%, evita la necesidad de subir IRPF o IVA. No obstante, el acuerdo de investidura sellado entre PP y Ciudadanos recogía una rebaja del IRPF en dos puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5% una vez que España alcance el objetivo europeo de reducir el déficit por debajo del 3%. Hasta entonces, se comprometieron a no subirlo.

Santiago Álvarez afirma que «se prorrogará la aplicación del Impuesto sobre el Patrimonio –suspendido entre 2008 y 2011 y restaurado de forma provisional desde esa fecha–, para lo que es necesario que la Ley de Presupuestos elimine la bonificación del 100% en la cuota para el año 2017». Su recaudación sería próxima a los 1.300 millones de euros, según las previsiones del Plan presupuestario, que también incluye la prórroga de los coeficientes incrementados en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que suponen unos ingresos de 24 millones de euros.

Fraude fiscal

Si bien algunos expertos sugieren pasar algunos bienes y servicios del tipo reducido del IVA 10% al general del 21%, Álvarez no cree que, a corto plazo, se modifique de forma sustancial este impuesto, ni subiendo los tipos ni extendiendo la aplicación de la tributación del tipo impositivo general a productos que hoy en día se gravan con los reducidos. Sin embargo, piensa que podrían incrementarse los tipos de gravamen de algunos impuestos especiales o crearse otros de naturaleza medio ambiental.

PP y Ciudadanos se comprometieron a reforzar la lucha contra el fraude fiscal y a realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal de 2012 tributen al 10%, medidas que permitirían ingresar 1.000 millones de euros.

Por otra parte, en el ámbito de la reforma de la financiación autonómica, se avanzará en la armonización de los tributos propios y cedidos para evitar discrepancias entre las distintas regiones. Álvarez asevera que habrá que abordar la posible modificación de los tributos cedidos, como Sucesiones y Donaciones, y la difícil cuestión de implantar un mínimo de tributación en todo el país.

El acuerdo de investidura también recogía el compromiso de devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las sicav, haciendo que las que no sean verdaderas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1%, sino al general del Impuesto de Sociedades.

Desde Ciudadanos aseguran que el acuerdo de investidura permitiría cuadrar las cuentas sin acometer ningún tipo de subida de impuestos. Sobre todo, a las clases medias y trabajadoras, «que son las que han aguantado el peso de la crisis». Roldán afirma que el Gobierno debe ser capaz de enfrentarse a sus redes clientelares, de eliminar chiringuitos políticos y de perseguir a los defraudadores para no incumplir el compromiso adquirido.

Fondos europeos

La suspensión de los fondos europeos, unos 1.200 millones de euros, no sería una humillación, pero «afectaría al ánimo y la moral de la población española». Luis de Guindos avisó al Parlamento Europeo de que esta penalización sería incoherente y contraproducente. Para evitarla, recalcó que, pese a estar en funciones, el Gobierno puso en marcha iniciativas valoradas en unos 10.000 millones de euros. Y, entre ellas, remarcó el adelanto de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, el cierre del grifo del gasto en julio y la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal.

La postura del PSOE

Los socialistas quieren un Presupuesto que no recorte el gasto social, que incluya incentivos al empleo, que no congele las pensiones y que no grave más a las clases medias que a las altas y a las grandes corporaciones. Resulta prácticamente imposible que permitan la aprobación de las cuentas públicas. Ya lo advirtió su portavoz, Antonio Hernando. No obstante, el tándem PP-Ciudadanos suma 170 votos, lo que podría tentar a algún partido nacionalista a negociar. O apoyan PNV y Convergencia o el Presupuesto deberá prorrogarse.

Los votos de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias permitirían al PP tener la mayoría simple necesaria para dar salida a las cuentas públicas. Sin embargo, los socialistas saben que si esta alianza fracasa no pueden permitirse una nueva cita electoral. En cualquier caso, Ransés Pérez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, remarca que el desbloqueo de la economía dependerá del Gobierno, que «debe flexibilizar sus posturas para poder aprobar el texto. El PSOE puede formar parte de la solución, pero no es el problema».

Pérez asegura que será la gestora la que dictamine la línea que se ha de seguir y que lo que hará finalmente el PSOE dependerá del proyecto que plantee el PP. «Debe ser consciente de que no tiene mayoría y de que ha de consensuar el Presupuesto y negociar con la oposición. Si acepta introducir alguna de las líneas políticas del PSOE –como fomentar la creación de empleo, potenciar gastos sociales, luchar contra la pobreza–, o incluso otras sin repercusiones presupuestarias –como la reforma laboral o la educativa, revertir la ley mordaza–, no solamente el PSOE, sino que el resto de partidos de la izquierda podrá ver positivamente los Presupuestos», apostilla.

El acuerdo que alcanzaron socialistas y naranjas tras los comicios de diciembre no contemplaba ajustes, por lo que ha quedado en papel mojado en materia presupuestaria. Javier Flores considera que el hecho de que, a estas alturas, el PSOE anuncie un no a los Presupuestos sin antes conocerlos o ni tan siquiera haber presentado ninguna enmienda o propuesta muestra hasta qué punto son rehenes del relato, «relato que, por otra parte, colocaba las cuestiones de Estado por delante de las partidistas, con lo que tampoco se entendería que hagan caer al Gobierno solamente unas semanas después de permitir la investidura».