Más de tres millones de niños viven en situación de vulnerabilidad en España

El acceso a una vivienda digna es un derecho humano que viene recogido en los tratados internacionales, también en el caso de los menores. Sin embargo, del total de 1.600 millones de personas que viven en infraviviendas en todo el mundo, cada vez un número mayor se corresponde con niños. Y España no es ajena a este problema, más bien al contrario. “La tasa depobreza infantil en nuestro país es ya muy alta, la más alta de la Unión Europea”. Así se lamenta José María Vera, director ejecutivo de Unicef España, desde donde se ha emitido el informe "Yo también vivo aquí", sobre la vivienda y cómo esta contribuye en la pobreza en nuestro país.

Y es que la vivienda ha pasado a ser, desde hace años, un bien cada vez menos accesible para una gran parte de la población, por el incesante crecimiento de los precios, la inexistencia de un parque de vivienda en alquiler suficiente, la baja inversión en protección social de la vivienda o la falta de vivienda pública. Esta situación se da sobre todo en alquiler, que se corresponde con la opción para vivir de las familias más vulnerables. Además, se dan situaciones de discriminación y barreras en el acceso a la vivienda por motivos de etnia y nacionalidad, e incluso por el tipo de familia, como ocurre en el caso de las familias monoparentales. Este difícil contexto supone un gran impacto en los derechos de niños y adolescentes.

De hecho, el factor de la vivienda y su elevado coste juega un papel tan importante en materia de pobreza que provoca un incremento de casi 10 puntos porcentuales (9,7) sobre los niveles de pobreza infantil. La pobreza infantil afecta a 2,3 millones de niños en nuestro país (el 28% de la población infantil y adolescente), cifra que se incrementa si tenemos en cuenta los gastos familiares derivados de la vivienda. Con este aporte, habría que sumar 780.000 menores más en riesgo de pobreza, superando así los 3 millones de niños en situación de vulnerabilidad. De este modo, la tasa de pobreza infantil se elevaría del 28,9% a un porcentaje del 38,6%.

Si miramos los datos en el contexto europeo, tal y como se muestra en el informe "Estado de la Infancia en la Unión Europea 2024", elaborado también por Unicef, observamos que uno de cada cuatro niños (20 millones) en los países de la UE se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto se traduce en un incremento de 1,6 millones desde 2019 en el principal indicador de pobreza de la UE. Y de esos 20 millones de niños, más de dos millones habitan en España, siendo el país de la UE con la tasa de pobreza infantil más alta.

Según muestra el estudio, la falta de acceso a la vivienda por parte de familias vulnerables provoca que muchos niños y sus familias tengan que sufrir condiciones indeseadas. Así, más allá de los costes excesivos que deben encarar, tienen que vivir hacinados, habitar viviendas precarias o incluso infraviviendas. Una situación que interfiere en diferentes planos del desarrollo de los más pequeños, dejando efectos negativos sobre su salud –tanto física como mental–, su educación, su acceso al ocio y tiempo libre, sus relaciones intrafamiliares o con otros niños y sus oportunidades de futuro.

Tal y como explica Vera, "la vivienda, que se está convirtiendo en un bien menos accesible para muchas familias, es, cada vez más, un factor importante de incremento de la pobreza infantil. Sin embargo, la infancia está prácticamente invisibilizada en las políticas públicas relativas a este ámbito”.

Asimismo, hay más de medio millón de niños y adolescentes en nuestro país que habitan en un inmueble con carencia severa. Esto significa que, aparte del hacinamiento, la vivienda también puede tener goteras en el tejado, por ejemplo, no contar con ducha, baño o incluso retrete en el interior, ser demasiado oscura, etc. En esta misma línea, hay otro dato que se desprende del informe de Unicef y es que el 16,7% de los hogares en los que viven niños no puede conservar la vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.

Por todo ello, desde la organización resaltan "el carácter universal del derecho a una vivienda adecuada, su impacto en el ejercicio de otros derechos, así como la necesidad de que la infancia y la adolescencia estén presentes en las políticas públicas".

Por otra parte, los hogares con niños representan el 33,5% del conjunto de hogares en España (pero el 59% de los que se encuentran en alquiler). Si miramos aquellos que se sitúan a un nivel inferior del umbral de pobreza, el porcentaje se incrementa: los hogares con niños suponen el 72% de todos los hogares españoles en pobreza que están en alquiler. Y a su vez, las familias con niños en nuestro país se retrasan más en el pago de gastos relativos a la vivienda, como el alquiler, la hipoteca o los suministros. Esta circunstancia, además, influye especialmente en los hogares que están a cargo de una sola persona adulta, de los cuales cerca de un 80% son mujeres. De hecho, uno de cada cuatro de estos hogares se retrasa en dichos pagos. Esta sobrecarga de gastos en la vivienda supone la dedicación de un 40% de la renta de las familias a gastos relacionados con la propia vivienda.

Igualmente, del estudio se desprende que la sobrecarga en el gasto en vivienda en el hogar es más elevada para los menores de 18 años que para el resto de los grupos de edad, una situación que sólo ocurre en seis países de la UE. Así, España ocupa la cuarta posición de los países de la UE (2022) en este indicador, alcanzando el 11,5% (2022), únicamente por detrás de Grecia, Luxemburgo y Bulgaria. Los hogares en situación de pobreza, además, tienen 15 veces más posibilidades de tener que hacer frente a una sobrecarga de costes de la vivienda que los que no están en pobreza.

En este sentido, Vera explica que “es necesario abordar este problema y tener en cuenta a la infancia, algo que no está ocurriendo: el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, por ejemplo, no menciona ni una sola vez a los niños y niñas o a la infancia, sólo los considera un ‘anexo’ a la situación familiar. La infancia debe ser tenida en cuenta”.

En el informe se destaca que aunque la sobrecarga de gastos de vivienda no implica necesariamente una situación de pobreza o riesgo de pobreza, sí afecta a los hogares con menos renta de un modo desproporcionado. Este hecho puede condicionar la disponibilidad de recursos para otros gastos que pueden ser esenciales en el bienestar de los niños. Asimismo, en cuanto a esos retrasos existe una desigualdad territorial, siendo Baleares, Canarias, Melilla y Ceuta las comunidades con mayores retrasos en los pagos, frente a Cantabria, La Rioja, Galicia y País Vasco, que son las que menos se retrasan.

A su vez, el estudio realizado por Unicef también contiene un conjunto de recomendaciones para que los derechos infantiles sean integrados en las políticas y planes de vivienda, con el fin de asegurar que los niños y adolescentes españoles puedan vivir en una vivienda digna. Recomendaciones como dotar de recursos las medidas del Plan de Acción Estatal para la implementación de la Garantía Infantil Europea, con el aumento de la vivienda pública, ayudas a familias vulnerables o la prohibición de los desahucios de hogares con niños.

Asegurar que la ampliación del parque público de vivienda de alquiler recoja las condiciones adecuadas para familias con niños, además de desarrollar el concepto de "especial atención" a los menores en la Ley por el derecho a la vivienda y ofrecer soluciones habitacionales seguras para la infancia beneficiaria de protección internacional.

También destaca la importancia de elaborar herramientas de análisis del interés del niño para ver sus necesidades, valorar su vulnerabilidad social o garantizar que sean informados y escuchados en procedimientos de desahucio.

Asimismo, también proponen desarrollar una Estrategia Estatal de erradicación de asentamientos chabolistas y de infravivienda. Además de garantizar un empadronamiento libre de obstáculos que permita a las familias migrantes acceder a servicios de salud, educación y sociales; desarrollar políticas sociales que prevengan la situación de jóvenes sin hogares procedentes del sistema de protección de menores, así como ofrecer soluciones habitacionales seguras para la infancia beneficiaria de protección internacional.