El modelo de concesiones podría detraer la deuda pública de las administraciones y los gobiernos

Esta mañana la sede de LA RAZÓN ha acogido una mesa redonda bajo el título "En busca de un nuevo modelo concesional para relanzar la inversión en infraestructuras", donde cuatro expertos moderados por el veterano periodista Ignacio Rodríguez Burgos, Jefe de Economía de Onda Cero, han debatido sobre la situación actual de los contratos de concesión en materia de infraestructura en España, un modelo que, según el moderador, “no acaba de despegar, mientras que en otros países de nuestro entorno tiene un recorrido y una acogida mayores”.

Los ponentes de la mesa redonda fueron Alberto Salamanca, director de Desarrollo Global del negocio de concesiones de Acciona, José Vicente Belenguer, Socio en Broseta Abogados, departamento Derecho Público, Carmen Sánchez Sanz, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Senior advisor en Sigrun Partners y Carlos Borrego García, director jurídico de Seopan. Dirigidos por Rodríguez Burgos, los ponentes fueron tocando diversos temas relacionados con las concesiones y ligados a la actualidad de nuestro país.

Tras la presentación de la jornada, el moderador dio la palabra a Alberto Salamanca, que comenzó su turno agradeciendo la invitación para, después, defender el “diálogo público privado como garantía de éxito para la colaboración en materia de proyectos de infraestructura, como puede observarse en muchos países del entorno”. Sin embargo, y pese a las evidencias, parece que “España está desaprovechando una oportunidad para inyectar fondos privados en infraestructuras públicas”, concluyó Salamanca.

Carmen Sánchez Sanz centró su presentación en las posibles razones por las que la licitación en España ha caído hasta el 4% en los últimos años, estando en torno al 12% en países de la UE. La concesión, según explicó, “es una forma más de contratar, dentro de otras muchas, y una de las razones por las que no se hace uso de ella es que el marco normativo, que plantea serias dificultades en la tasa de descuento, conduce a una rentabilidad muy baja de los proyectos”, explicó, trayendo a la palestra la reciente licitación de las carreteras de Aragón, claro ejemplo de esta baja rentabilidad. Esto, unido a la falta de voluntad política por implementar este modelo, “es un claro escollo en la licitación y concesión de obras públicas”, concluyó Sánchez Sanz.

José Vicente Belenguer coincidió en su presentación en que “hoy en España el modelo de concesión es prácticamente inexistente básicamente por el marco normativo”, además de las penalizaciones a los agentes concesionarios, pues los políticos tienen la idea de que “hacer una concesión es lo mismo que privatizar”, algo que no es lo mismo, apuntó Belenguer.

A continuación, tomó la palabra Carlos Borrego, que apuntó que en España únicamente el 0,01% de las obras públicas son concesiones, situándose solo en 60 las licitaciones en todo el año 2022. La causa de este pobre dato nacional, donde el 20% de las concesiones se declaran desiertas por falta de licitadores, es que “en España se aplica de manera muy rígida la normativa, en concreto la Ley de desindexación de 2015 y su posterior reforma de 2017”, apuntó Borrego. Esto lleva a que “para el licitador no es interesante presentarse para ser concesionario de una obra pública”, concluyó.

Recuperar el modelo

El moderador preguntó a los ponentes sobre qué medidas habría que adoptar para recuperar este modelo. Salamanca apuntó que, muchas veces, la falta de utilización de este tipo de contrato responde a una “falta de estudio previo de cada caso”. Además de la voluntad política, hay que “aportar criterios técnicos”, comentó el director de Desarrollo Global del negocio de concesiones de Acciona. En su opinión, “deberíamos tener libertad para que sea el mercado quien determine la rentabilidad de cada proyecto, utilizando comparativas con otros países para determinar la rentabilidad de cada proyecto, individualmente”, concluyó.

José Vicente Belenguer coincidió en que “el marco normativo es un impedimento para el desarrollo del modelo de concesiones en España”, aunque destaca que es el modelo perfecto para determinadas actuaciones en obras públicas. En este sentido, el Socio en Broseta Abogados y experto en Derecho Público se refirió a la citada ley de desindexación como un corsé que “impide el traslado de costes”.

En este momento, Rodríguez Burgos introdujo la cuestión de cómo afrontará el nuevo gobierno de España este modelo de concesiones. Según Burgos, el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puentes, declaró recientemente su ánimo positivo en cuanto a la concesión de obras públicas, una voluntad uqe aplaudió Carlos Borrego, aludiendo a que una posible solución a la situación es la modificación del Real Decreto que modificó la ley de desindexación en el año 2017. Según Borrego, el asunto principal es la voluntad política, pues de otra manera “no puede entenderse que las primeras empresas a nivel mundial en concesiones de obra pública sean españolas, pero en su propio país no tengan proyectos que desarrollar”, comentó el director jurídico de Seopan.

Sobre la normativa vigente y el tema de las tasas de descuento, Carmen Sánchez Sanz aludió a que actualmente es posible ampliar dicha tasa, pero que por alguna razón “esto no se aplica”. Asimismo, esta ingeniera que desempeñó su labor durante 15 años desde el sector público explicó que “no es lógico que todos los proyectos tengan la misma tasa de descuento. Hay que modificarla según cada caso”, comentó la hoy Senior advisor de Sigrun Partners.

Fondos europeos y PGE

Ignacio Rodríguez Burgos trajo a colación en este momento varios temas que pueden modificar la situación actual, entre ellos la recuperación de la regularidad fiscal tras el parón provocado por la pandemia, la asignación de fondos europeos y la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la presente legislatura. Carlos Borrego explicó cómo las únicas infraestructuras que han cumplido hoy con la licitación de los fondos europeos son las ferroviarias, donde “Adif ya ha planificado y licitado el 95% de su asignación. Sin embargo, en el resto de las infraestructuras no es así”.

Respecto a los PGE, Salamanca y Sánchez debatieron acerca de la necesidad de que el modelo concesionario crezca, según el primero, y sobre que no puede ser la panacea de contratos públicos, según la última. Carlos Borrego coincidió con ambos, en que “ni todos los contratos públicos ni el 0,01% actual pueden ser concesiones”.

Continuando con la situación doméstica, la subida del Salario Mínimo Interprofesional es un aspecto que afecta directamente a las concesiones, pues “actualmente el coste laboral no es revisable”, según explicó el moderador. “Modificar este punto es primordial, en opinión de Carlos Borrego, “porque los costes salariales de los contratos de servicios y concesión de servicios son la parte más significativa de los costes de estos contratos y actualmente se han incrementado mucho más de lo que, razonablemente, se podría haber previsto al formular las ofertas”.

En este sentido, Alberto Salamanca apuntó que “el destinatario final no son las administraciones ni, mucho menos, las empresas concesionarias, sino los propios ciudadanos, que harán uso de las infraestructuras”.

La importancia de la agenda 2030 y de la aplicación de los objetivos del Pacto Mundial de la ONU a las infraestructuras ya construidas fue otro punto de conversación, donde Alberto Salamanca comentó que “hay una necesidad de mantenimiento en las infraestructuras de nuestro país, sobre todo en la adecuación a ser más sostenibles y eficientes”, comentó.

La mesa redonda llegaba a sus últimos momentos y el moderador preguntó a los ponentes sobre qué modelo concesional funciona en otros países y podría funcionar en España. Alberto Salamanca apuntó que “no hay un modelo perfecto para todo, pero sí podemos vislumbrar aspectos que podrían favorecer esta actividad aquí, como el diálogo continuo entre administraciones y concesionarias, no solo en la fase de licitación, sino también en el mantenimiento”. Un punto en el que, como explicó Carmen Sánchez, “la ley contempla el diálogo tanto competitivo como colaborativo”, un punto que, en su opinión, es muy enriquecedor.

Por su parte, Borrego explicó que “hay cuestiones que no pueden ir por presupuesto”. Posteriormente se puso el ejemplo del mantenimiento de la infraestructura de alta velocidad en Sevilla, una obra que cuenta ya con más de treinta años de historia y que necesita cierto mantenimiento y adecuación.

Con estas declaraciones Ignacio Rodríguez Burgos dio por concluido el debate, agradeciendo la presencia de ponentes y asistentes, que pudieron seguir la mesa redonda a través del streaming ofrecido en la página web de LA RAZÓN.