El Gobierno camuflará la condonación de deuda de Cataluña con una transferencia interna entre Administraciones

No habrá impacto en la carga financiera del Estado por la condonación de 15.000 millones de deuda prometidos a Cataluña y que se extenderán al resto de comunidades autónomas. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que esta operación para reducir la carga de deuda no supondrá un aumento de la ratio de la deuda sobre el PIB. La razón es que se utilizará un subterfugio financiero para ello, a través de la reasignación de la deuda entre diferentes niveles de la Administración con una transferencia interna entre subsectores del conjunto de las Administraciones Públicas, por lo que Economía asegura que no tendría ningún impacto sobre las emisiones del Tesoro en 2024, la ratio deuda-PIB o de la deuda global.

Según asegura el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, el impacto agregado sobre las métricas de deuda será "neutro" y no tendrá ninguna traslación sobre el programa de financiación del Tesoro presentado ayer, aunque no concretaron detalles sobre cómo se articulará esta reducción.

A falta de concretar el mecanismo adelantado, esta reasignación de deuda a través de una transferencia interna intraterritorial podría incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo que el Ejecutivo tendría que recurrir a mecanismos adicionales de financiación, situación que se contempla de forma excepcional por el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas, como ya ocurrió en la crisis de 2008, aunque fuentes gubernamentales tampoco descartan que deba hacerse alguna modificación normativa para evitar problemas legales.

El coste mínimo estimado de esta condonación extendida a parte de la deuda que los gobiernos autonómicos tienen contraída con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) estaría en torno a 60.000 millones de euros, aunque organismos como Fedea estiman que esta operación financiera alcanzará casi 88.000 millones. En el caso de Cataluña, el acuerdo con ERC incluye una quita de 15.000 millones de euros, que supondría en torno al 20% de la deuda total de la comunidad, lo que se traduciría en 1.980 euros por habitante ajustado. Por tanto, y aplicando el mismo porcentaje, la quita llegaría a 16.400 millones en Andalucía o 9.750 en la Comunidad Valenciana. En el caso de la Comunidad de Madrid, aunque no tiene deuda con el FLA, desde Hacienda ya confirmaron que podría entrar en la operación si lo solicitara, por lo que podría perdonársele hasta 12.900 millones.

Con esta situación, desde Fedea creen que esta quita puede generar graves problemas por no estar sujeta a condiciones estrictas de ajuste y sería "una invitación a la indisciplina fiscal" que eliminará la capacidad de ahorro de los gobiernos autonómicos "para los malos tiempos" e incrementará también el gasto del Estado y su "irresponsabilidad fiscal".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya confirmó antes de Navidad que "el Estado asumirá un 20% de la deuda viva de la Generalitat y de todas las comunidades autónomas que así lo soliciten" y que a finales de este mes comenzarían las negociaciones "de forma individual" con los distintos territorios que se acojan a la medida.

El Tesoro Público, en su estrategia financiera para 2024, presentó ayer unas necesidades de financiación nueva de 55.000 millones, y aseguró que cuenta con "margen de actuación y flexibilidad" para acomodar cualquier escenario plausible que se pueda producir, tanto en términos de ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación, como de las medidas que la política económica del Gobierno pueda desplegar -como nuevas medias anticrisis-, y afrontar cualquier evolución de la actividad económica, aunque sea negativa, aunque no confirmó si en esta agenda se incluye el plan de condonación de deuda autonómica.