Naufragio y palo de la UE al macrofondo público de pensiones de Escrivá

El plan de pensiones de empleo de promoción pública impulsado y aprobado por el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, no ha cumplido ninguno de los objetivos para los que fue concebido tras apenas dos años de vida. Conocido como el «macrofondo Escrivá», fue concebido como un sistema de ahorro para impulsar los planes de pensiones de empleados y autónomos que no tienen acceso a estos instrumentos. El Gobierno designó a cinco entidades (CaixaBank, Santander, BBVA, Ibercaja y Caser) como gestoras de los 15 vehículos de ahorro puestos a disposición de los trabajadores bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Social, con un reglamento especial. Pero, según las entidades gestoras, estos vehículos de ahorro están paralizados y no se han creado ni traspasado fondos desde hace meses.

La consecuencia directa ha sido la dimisión en bloque hace apenas tres semanas de los cinco miembros nombrados por el Gobierno en la Comisión de Control Especial de este fondo público, tras manifestar su descontento ante la paralización de los fondos de las cinco gestoras, que no han tenido respuesta positiva entre empresas y trabajadores. Esta salida se comnfirmó hace apenas tres semanas y significó el golpe de gracia a este instrumento de ahorro, que Escrivá presentó a bombo y platillo como la mejor alternativa a los fondos de pensiones privados y como solución adicional a la falta de sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema público de pensiones. La cruda realidad deja a este plan completamente estancado desde el día en el que se aprobó el reglamento que dio luz verde a recibir los planes sectoriales, de asociaciones de autónomos o de entidades públicas.

El propio Escrivá definía su creación como «un paso fundamental en el desarrollo de los sistemas complementarios», tal y como establecía la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno quería fomentar el ahorro para la jubilación, para que la empresa fuese quien hiciera la mayor aportación al fondo en beneficio de sus trabajadores, por lo que redujo por ley el límite de aportaciones en los planes individuales a 1.500 euros y creó los planes de pensiones de empleo simplificados para autónomos y los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Apenas dos años después, el objetivo de alcanzar los 2.500 millones de euros de ahorro es una quimera que confirma el fracaso del proyecto de Escrivá.

Así lo ha confirmado el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE), que reconoce que «no se ha logrado reforzar el papel de los fondos de pensiones de empleo ni establecer un producto paneuropeo de pensiones» pese a los esfuerzos hechos en los últimos años para impulsarlos. En su último informe, los auditores reconocen que las pensiones son competencia de los Estados miembros y la UE solo regula cuestiones ligadas a la movilidad transfronteriza, la protección de los consumidores y el mercado interior, pero consideran que, teniendo esta responsabilidad en cuenta, las instituciones europeas «no han sido eficaces» a la hora de promover esos productos y señalan también a los gobiernos que no han sido capaces de promocionarlos, como es el caso del Ejecutivo español.

Este organismo censor considera que, pese a las iniciativas puestas en marcha, «ninguno de estos productos desempeña un papel significativo en el mercado de pensiones complementarias de la UE», destinadas a suplementar las que los ciudadanos reciben del Estado. «Si bien se estima que los fondos de pensiones de empleo cuentan con unos 2,8 billones de euros en activos gestionados y dan servicio a unos 47 millones de trabajadores y pensionistas, sus actividades transfronterizas siguen concentradas en los pocos países en los que las pensiones promovidas por los empleadores ya estaban tradicionalmente arraigadas», que no es el caso de España.

Según el informe, el peso de las pensiones no estatales oscila entre el equivalente al 198% del PIB en Dinamarca o el 147% en Países Bajos, Estados con gran tradición de estos productos, pero se queda en el 0,5% en Malta. En el caso de España, apenas equivalen al 4,6% del PIB, entre tlas asas más bajas de toda la Comunidad Europea. «En un momento en el que las economías de la Unión Europea afrontan retos demográficos y fiscales, es necesario que las pensiones complementarias cobren una importancia cada vez mayor», considera Mihails Kozlovs, encargado de un informe que la institución enmarca en el debate sobre la futura Unión de Ahorro e Inversión, con la que Bruselas prevé, entre otras cosas, impulsar este tipo de productos.

Ahora mismo, el «macrofondo Escrivá» no ha adscrito ningún plan de complemento a la pensión pública y el fondo permanece prácticamente vacío, lo que ha provocado la salida de los citados representantes de la Seguridad Social al no haber recibido remuneración alguna, que estaba ligada a la entrada de fondos. Fuentes gubernamentales confirmaron a LA RAZÓN que se está en el proceso de buscar nuevos miembros que les sustituyan, «pero tiene un desarrollo largo, ya que debe hacerse a través de una selección a través de un concurso público». La realidad es que los objetivos no se han cumplido y el fín para el que fue creado ha fracasado.