Perplejidad. Eso es lo que están suscitando en el sector ferroviario las facilidades de pago que está planteando Renfe, a instancias del Gobierno, a Talgo para desembolsar la penalización de 116 millones de euros que le ha impuesto la operadora pública al fabricante de material rodante por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad S-106, los conocidos como Avril.

Según fuentes del sector consultadas por LA RAZÓN, el ofrecimiento que ha hecho Renfe para aplazar el pago supone "un peligroso precedente" que podrían invocar otras compañías con delicadas situaciones contractuales en situaciones futuras. Y en caso de que se alcancen facilidades de pago para Talgo y se le nieguen a otros, un agravio comparativo, según añaden las fuentes.

Renfe considera retrasar el cobro de la multa y ha ofrecido no ejecutarla hasta 2031 y fraccionarla hasta en siete años. Estas facilidades, sobre las que se sigue negociando, han sido auspiciadas por el Gobierno para facilitar el cierre de la compra del 29,77% de Talgo por parte de un consorcio vasco liderado por el grupo siderúrgico Sidenor. El Ministerio de Transportes ha sido el gran muñidor de la operación de Sidenor una vez que tumbó la OPA lanzada por el consorcio húngaro Ganz Magav Europe invocando cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo, la multa, junto con la renegociación con la banca de la deuda de Talgo, se han convertido en dos importantes obstáculos que están impidiendo que el consorcio finiquite una operación que en febrero, cuando se anunció el preacuerdo, se dijo iba a sustanciarse en tres semanas pero que todavía no se ha firmado.

Avanza... pero no avanza

Aunque el Gobierno vasco, integrante del consorcio comprador junto también a las Fundaciones Vital y BBK, dijo semanas atrás que se habían realizado avances en cuanto al pago de la multa, lo cierto es que la situación se ha enquistado hasta el punto de que el presidente de Talgo, Carlos Palacio, envió la semana pasada a su homólogo de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, una carta en la que le asegura que no procede aplicar la multa y le pide que reconsidere su imposición. De hecho, le advierte de que "el escenario actual no satisface a los bancos y afecta directamente a los esquemas de financiación que estamos analizando" y que la sanción puede poner incluso en riesgo la viabilidad de la propia compañía. Por ello, Palacio Solicita a Hermida abordar el asunto, así como las reclamaciones que Talgo tiene pendientes por sobrecostes en la fabricación de los trenes Avril por el encarecimiento de los materiales durante la pandemia y los cambios que, según Talgo, Renfe introdujo en su diseño.

Renfe tiene precisamente abierto otro contencioso por la cuestión de los sobrecostes con CAF, Stadler y Alstom, que llevan también tres años reclamando el cobro de los incrementos de los costes de fabricación de los nuevos trenes de Cercanías por el pronunciado encarecimiento de los materiales durante la pandemia. Las fuentes añaden a este respecto que resulta un poco chocante que mientras que estas tres compañías no han conseguido todavía que sus reclamaciones sean atendidas, Talgo esté recibiendo ofertas de la operadora pública sobre la penalización para desatascar la operación auspiciada por Óscar Puente.

Desde Renfe nunca han dejado resquicio alguno abierto a la posibilidad de suprimir la multa. Según argumenta la operadora, la penalización por el retraso en la entrega de los Avril está incluida en el contrato firmado por ambas partes y no es posible eliminarla al ser Renfe una compañía pública cuyas cuentas están sujetas al control de la Intervención General del Estado.