Los promotores, a los políticos por sus múltiples reformas legales sobre vivienda: "Rectificar 47 veces quizá es de incompetentes"

Hace ya mucho tiempo que los promotores inmobiliarios vienen reclamando a la clase política un gran pacto para abordar la crisis de la vivienda. Pero sus deseos no se han convertido por ahora en realidad. La forma partidista en que cada gobierno ha enfocado el problema ha generado a juicio del sector una inseguridad jurídica que espanta la inversión y dificulta poner en el mercado la oferta necesaria para rebajar los precios.

Tantos volantazos se han dado que Xavier Vilajoana, presidente de la patronal de los promotores APCEspaña, aseguró ayer que se ha cambiado hasta 47 veces de criterio en materia de vivienda. Algo a su juicio inadmisible y que, de algún modo, demuestra la incapacidad para abordar el problema. «Aquí se ha legislado sobre lo mismo 47 veces, prácticamente. Rectificar es de sabios una vez. Rectificar 47 veces, quizás es de incompetentes, conceptualmente hablando», criticó ayer Vilajoana en un foro sobre vivienda organizado por el «think tank» Fedea y el Consejo General de Economistas.

Vilajoana instó a poner encima de la mesa posibles soluciones y a buscar un consenso a nivel estatal -de partidos políticos y del sector- para hacer políticas de vivienda que sean efectivas y que solucionen el futuro de hijos y nietos. Porque si no, según advirtió el presidente de APCEspaña, de aquí a unos años el problema se habrá agravado.

Respecto a la crisis de la vivienda, Vilajoana volvió a poner sobre la mesa que la principal causa de la misma es la falta de oferta -hacen falta entre 250.000 y 300.000 nuevas al año y en 2024 solo se acabaron 109.000, según dijo- y aseguró que, en este momento, «no tenemos dinero suficiente en este país para hacer las viviendas que son necesarias, y hay que traerlo de donde sea». Por eso, lamentó que lo único que se escuche hacia los fondos sean «casi insultos. Ya me diréis quién va a venir aquí a poner dinero para vivienda», remató.

Vilajoana, así como Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y vicepresidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo General de Economistas de España, coincidieron también en que para acelerar la construcción de viviendas sería crucial desbloquear la modificación de la Ley del Suelo, que tras tres intentos, el último de ellos la semana pasada, sigue bloqueada en el Congreso.

Vilajoana aseguró que en España "hay suelo para hacer vivienda. El problema es lo que se tarda en gestionarlo. El tiempo medio para que un suelo se convierta en suelo urbano es de 16 años", ha asegurado. Y la modificación de la Ley del Suelo, que subsana problemas técnicos que bloquean durante años planes urbanísticos, reduciría según Vilajoana estos plazos. El problema, ha añadido, es que "aunque es una modificación técnica, cuando llega al juego de la política, al Congreso, se tumba". Algo que ni el presidente de la APCEspaña ni Julián Salcedo entienden dado que, según aseguran, desde un punto de vista técnico, tanto la que propuso el PSOE como la que después ha presentado el PP son casi idénticas. "Son prácticamente iguales. Lo que cambia es quién la firma", ha dicho Vilajoana.

Ambos expertos coincidieron en que una nueva Ley del Suelo empujaría la construcción de viviendas y aportaría seguridad jurídica para atraer inversión.

Blindaje de la vivienda protegida

Vilajoana también abordó en su intervención la posibilidad de blindar a perpetuidad las viviendas de protección oficial (VPO) públicas como propone el Gobierno para construir así un parque de vivienda asequible para los colectivos más necesitados con vistas a futuro. Para el presidente de APCEspaña, cualquier vivienda de protección oficial que haya tenido ayuda pública debería ser blindada de forma permanente, según ha asegurado hoy durante unas jornadas sobre vivienda organizadas por el "think tank" Fedea y el Consejo General de Economistas. No obstante, Vilajoana ha añadido que"en el caso de las de VPO que no han recibido ayuda pública, es discutible". El presidente de los promotores cree que hay argumentos tanto a favor de ello, como que alguien no se beneficie de un precio por debajo del mercado; como en contra, como que un promotor haya hecho un sacrificio en su desarrollo sin haber recibido ayuda alguna.

La protección a perpetuidad de las VPO que engrosen el parque público es uno de los objetivos que se ha fijado el Ministerio de Vivienda. La titular del departamento, Isabel Rodríguez, ha manifestado que es necesario "blindar" el parque de vivienda y los suelos públicos para siempre para que puedan servir al interés general. Al respecto, varias comunidades autónomas estarían estudiando seguir los pasos de Cataluña, País Vasco, Navarra y Baleares y blindar de forma permanente las viviendas protegidas, según aseguró a finales del pasado año el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas.