¿Qué ocurrirá con las relaciones comerciales?

Cataluña es la comunidad que más vende al resto de regiones españolas, pero el proceso independentista plantea un nuevo panorama en las redes empresariales que afectará a todos los ciudadanos.

La vida tal y como se la conoce sigue igual, a pesar de que los sucesos del 1 de octubre levantasen ampollas.El tráfico circula con normalidad, los comerciantes atienden a sus clientes, los colegios mantienen abiertas sus puertas y los cajeros expenden dinero. Sin embargo, se percibe en el ambiente tensión, tanto en la propia Cataluña como en el resto de España. Dicho de una manera coloquial, la gente tiene la mosca detrás de la oreja. Suena ese runrún que genera incertidumbre. Unos y otros, todos son conscientes, cada minuto que pasa más, que seguir dando pasos en la dirección marcada por los separatistas va a traer consecuencias negativas para una economía que empezaba a gozar de salud. Sería un duro palo para esos brotes verdes que ya se estaban convirtiendo en bosques. Como se ha visto esta semana, los mercados son inquebrantables y castigan las frivolidades.

Los independentistas argumentan que Cataluña sería por sí sola solvente económicamente. Lo justifican en que su peso en uno de los mercados más importantes de Europa, como es el español en su conjunto, es muy grande. Ciertamente, supone el 18,9% del PIB del Estado, un 0,1% más que Madrid, según se recoge en un informe del Círculo de Empresarios. Por lo tanto, no se puede negar que si Cataluña representa una quinta parte del total, los efectos de una supuesta secesión serían gravísimos para el PIB. Tras la crisis, nuestro crecimiento había conseguido superar la barrera piscológica del 3% en los últimos dos años, después de que en 2013 se registrase decrecimiento. Las previsiones de distintas entidades y organismos creen que el Producto Interior Bruto acabará el año por encuima del 3%, pero el proceso soberanista puede lastrar significativamente los indicadores del último trimestre. «Probablemente sean peores que los del año pasado», admite el presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, e incluso el economista Javier Santacruz reseña que el PIB estatal podría perder «alguna décima» y situarse otra vez por debajo de la famosa del 3%.

Esto afecta al bolsillo de todos los ciudadanos, pues se moverá menos dinero dentro de España por el descenso de las inversiones y el gasto. En el segundo trimestre de 2017 los hogares desembolsaron un 2,5% más que el mismo periodo de 2016, indica el INE. Por ello, no sólo las familias han aumentado el gasto, también el de las administraciones ha crecido un un 1,3%. Sin embargo, el Banco de España ha avisado recientemente en un informe de que el consumo se convertiría en uno de los mayores sacrificados por la crisis en Cataluña. La incertidumbre volverá a la hora de cambiar cada euro por un bien o un servicio, más aún tras la crisis que ha venido atravesando el país en los últimos años. Un descenso del consumo significaría un aumento de la oferta debido a la caída de la demanda y, por consiguiente, una deflación de los precios. Dicha lógica recuerda, precisamente, a la crisis que justo hace ya nueve o diez años nos hizo temblar a todos.

Seguridad jurídica

¿Y la producción? Es una de las grandes incógnitas que rodean a la independencia. ¿Cómo reaccionaría la industria catalana al desafío que le plantean las instituciones públicas de su propia comunidad? Si la maquinaria en la comunidad se estancase o se paralizase –situaciones que se pueden dar– hay quien alcanza a imaginar los precios disparados por los aires con motivo de un desabastecimiento, ya que es la Comunidad que más vende al resto del país, explica un informe que Convivencia Cívica Catalana publicó este verano. En total, las transacciones con las demás comunidades suman 61.134 millones de euros, cifra que representa el 30% de la riqueza que registra anualmente, y que incluso supera a la de las exportaciones a estados extranjeros. Subraya Bou que Cataluña «vende más a Aragón que a Reino Unido y a Cantabria que a Estados Unidos». No obstante, estas redes comerciales pueden verse mermadas porque «toda relación económica requiere un marco jurídico estable que, entre otras cosas, aporte la seguridad jurídica que necesita la actividad empresarial», comentan fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Por ello, los inversores vigilan la rentabilidad de su dinero en Cataluña.

Hasta ahora no existían problemas con la fiabilidad de hacer negocios con entidades catalanas, pero el panorama ha revertido con el devenir de los acontecimientos, y Javier Santacruz confiesa que «ya hay unos costes» que se dejan notar en las compañías del territorio, e incluso espontáneamente ´puede producir –se está produciendo, incluso– «un boicot a los productos de la zona». Del mismo modo, el analista Gonzalo Bernardos sostiene que el proceso de desconexión con España «pasará factura a las empresas de Cataluña porque los españoles que no viven allín están muy indignados con los indepentistas». Así, añade, que «es una pena que esto ocurra porque aquí no todos están a favor del desafío soberanista. La mayoría de los empresarios se posicionan en contra, y están tan cabreados como ellos». Por hacer justicia con todos aquellos que no caminan tras la tendencia de la escisión, Bernardos recuerda que la mejor fórmula para combartir el independentismo «es comprar lo mismo que antes y seguir como siempre». En un sentido paralelo, Josep Bou hace un llamamiento a la comprensión por parte del resto de las regiones españolas: «Creemos que la mayoría de compañías del resto de España entienden que la inmensa mayoría de las empresarios catalanes no compartimos la política de la Generalitat de situarse fuera del marco constitucional, es más les pedimos que entiendan que nosotros somos los primeros damnificados por la actuación del Govern».

Efectos «muy graves»

Y cuanto más grande sea la compañía perjudicada, mayor repercusión tendrá sobre la sociedad. Ejemplo de ello es la caída estrepitosa de los valores bursátiles de dos de las entidades financieras más poderosas del país y que tenían domicilio social en Cataluña, Banco Sabadell (decidió cambiarlo el jueves) y CaixaBank (lo debatió el viernes), están provocando que los depósitos de millones de españoles se devalúen y entren en riesgo. Sin embargo, ambas ya habrían trazado un plan para que el daño sea el menor posible, y como mantiene Gonzalo Bernardos, «los analistas piensan que estas dos empresas poseen tantos negocios en Cataluña que si se declara la independencia, la crisis consiguiente les dejaría un agujero enorme. Por eso cambian de domicilio social, pero no a Madrid como otras, sino a Alicante (como ya ha ocurrido) o Palma de Mallorca para que en la sociedad catalana no se vea tan mal este movimiento», explica. El Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa también se planteó esta medida el viernes.

Ésa es la encrucijada a la que se enfrentan muchas de las empresas con sede en Cataluña: dejar intacta su imagen respecto a la población de su Comunidad de origen, a la vez que cuidan sus propios intereses fuera. Y no solamente los suyos, sino también la de los clientes con que cuentan en toda la geografía española.

De momento parece que en todos los despachos se está velando por asegurar el bien común de la nación por encima de las reclamaciones políticas de las autoridades catalanas, y los españoles con inversiones en entidades domiciliadas allí no deberían verse amenazados directamente. No obstante, una declaración unilateral de independencia por parte de la Generalitat sí que tendría efectos «muy graves» según el Círculo de Economía. Con todo, el martes está convocada una sesión en la que se podría declarar unilateralmente la independencia, por lo que es un día fundamental para el futuro la economía española.

A pesar de que, en principio, el Govern ha puesto todas las cartas sobre la mesa para que el desenlace sea el más dramático, Josep Bou se muestra cauto y aún observa una luz en medio de la oscuridad del túnel: «Estamos convencidos de que el Gobierno de España encauzará la situación y no contemplamos otra posibilidad», admite.

El resto de opciones estarían fuera del marco de la legalidad y, con ello, la seguridad jurídica para las empresas sería nula, por lo que la actividad se paralizaría en Cataluña. Y España contempla con pavor la probable desconexión de un territorio que supone una quinta parte de su economía.

El runrún, esa mosca tras la oreja que acompaña al ciudadano por los supermercados, los bancos, las tiendas..., no cesará hasta que se pongan en práctica medidas que protejan la estabilidad económica de una población que había empezado a recuperar sus niveles de consumo anteriores a la crisis. Aún no pocos cree que el 1-O y las algaradas consiguientes ya han producido daños colaterales.