¿Qué puedo hacer si la agencia inmobiliaria me quiere cobrar una comisión?

A la hora de alquilar una vivienda, los arrendatarios suelen abonar un dinero extra que nada tienen que ver con el propio inmueble. Se trata de una serie de gastos que proceden de las agencias inmobiliarias relativas a la gestión, intermediación y formalización de los contratos.

A pesar de ser una práctica habitual entre las agencias, lo cierto es que no debería producirse. Según recoge el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, "los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador", por lo que la norma prohíbe expresamente que estos gastos recaigan sobre el comprador.

Sin duda se trata de una liberación para el ciudadano, que solo tendría que hacer frente a la fianza y el pago del primer mes, una vez formalizado el contrato de alquiler. No obstante, no siempre sucede, por lo que es importante tener claro cómo se debe proceder en caso de haber pagado algo que no corresponde.

¿Qué puedo hacer si la agencia inmobiliaria me quiere cobrar comisión?

Para los casos en los que la agencia pretenda que el inquilino se haga cargo de este tipo de gastos, es imprescindible aportar toda la información relativa a este asunto reflejada en la LAU. En caso de que la empresa cobre estos gastos, la primera acción sería reclamar por escrito a la agencia inmobiliaria para que te devuelva lo que has pagado a través de una reclamación.

En esa reclamación puedes hacer referencia a que según el artículo 20 de la LAU, los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, por lo que el pago que te han exigido es ilegal. También es posible alegar que en el anuncio no se informaba de que había que abonar gastos de inmobiliaria.

En caso de que este escrito no funcione, es conveniente realizar una reclamación judicial.

Las agencias son investigadas

Desde el pasado mes de octubre, las empresas de gestión de alquileres están siendo investigadas con el objetivo de comprobar que no se cometen ilegalidades. Así lo confirmo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que afirmaba haber recibido multitud de denuncias sobre este tipo de abusos.

En este sentido, el ministerio quiso recordar a las empresas que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley de arrendamientos urbanos, una normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos, ya que podrían suponer un abuso según la ley de defensa de los consumidores.

Multas por incumplir la normativa

En caso de comprobar que una agencia inmobiliaria ha cometido ilegalidades sobre este tipo de gastos, siendo esto un incumplimiento de las normas reguladoras de precios y la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas, la empresa podrá ser multada con hasta 100.000 euros.

Además, la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos podría considerarse muy grave y ser sancionada con multas de hasta un millón de euros, una cantidad que podría alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Servicios que sí pueden ser cobrados al inquilino

Según informa Idealista, fuera de los gastos de formalización, existen algunos servicios que sí pueden ser reclamados al comprador. En este caso, son aquellos que van más allá de la pura tramitación e intermediación, como puede ser la gestión posterior del inmueble tras la firma de contratos por llevar la completa administración del alquiler. Se trata de una serie de servicios adicionales que no tienen nada que ver con los gastos que debe hacer frente el propietario.

La propia Ley de Arrendamientos Urbanos asegura que no está prohibido cobrar honorarios por gestiones posteriores a la firma del contrato, por lo que los compradores tendrán que asumir que estos servicios si serán exigibles.