La «quita» de deuda de Cataluña significan más impuestos y deuda para todos los demás

España continúa con un grave problema de productividad, que vuelve a caer en el último dato registrado. No es una sorpresa. Subvencionar la baja productividad y penalizar fiscalmente la alta productividad no funciona. El socialismo no funciona. Ahora leemos, como si no pasara nada, que Sánchez busca el apoyo de Puigdemont en su investidura a cambio de una quita de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de más de 21.000 millones de euros. Y la supuesta «coalición progresista» va a perpetrar un nuevo ejercicio de injusticia y redistribución negativa: favorecer a la comunidad más rica y que su deuda se la traguen el resto de las comunidades autónomas, perjudicando a las pobres mucho más.

Imaginen la cara que se le puede quedar a un votante del PSOE y de Sumar extremeño o asturiano si se enterase de que va a pagar muchos más impuestos y asumir más deuda para que Puigdemont apoye la investidura de Sánchez. Es más, imaginen la cara de los miles de votantes del PSC que han elegido esa opción para frenar el independentismo y se encuentran con mayor dependencia todavía de los separatistas.

La excusa de los separatistas con la quita de la deuda es ajustar el déficit fiscal, que el Gobierno de la Generalidad cifra en 20.200 millones de euros, aunque si aceptásemos ese cálculo también deberíamos aceptar que el mayor déficit fiscal dentro de Cataluña lo tiene Barcelona, que aporta el 80% de los ingresos y solo recibe el 65%. Como suele ocurrir, el cálculo de déficit fiscal de 20.200 millones de euros aparece sospechosamente inflado y estudios detallados alertan sobre el uso de distintas metodologías, ya que se usa el criterio carga-beneficio y otras veces el criterio mixto que es «difícil de interpretar al no ser un criterio coherente» –Ezequiel Uriel, «Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas»–. Según el método de carga-beneficio reflejado en distintos estudios sobre balanzas fiscales, el mayor déficit lo tiene Madrid y es más del doble que el de Cataluña. Solo Madrid, Cataluña y las Islas Baleares tienen déficit fiscal.

En cualquier caso, si aceptásemos el dudoso concepto de déficit fiscal como negociación presupuestaria en un estado solidario, Madrid es la comunidad con mayor pérdida entre lo que aporta y recibe y es además la que contribuye con más del 70% al fondo de solidaridad de las comunidades.

El problema de Cataluña es otro. A pesar de contar con más autonomía, récord de ingresos y mayores transferencias del Estado desde 2019, el déficit público se ha cuadriplicado, desde 903 millones en 2021 a 3.816 millones en 2022. El problema de Cataluña es el gasto político extractivo que está ahogando a una comunidad rica y próspera. El que piense que el Gobierno de Cataluña bajaría los impuestos si tuviera un régimen especial como el del País Vasco tiene un problema con la realidad. El Ejecutivo de la Generalidad solo ha subido impuestos a pesar de crecer en autonomía y acceso a financiación estatal. Y en el País Vasco hemos visto como el PNV también desaprovecha la gestión propia de impuestos y mantiene un esfuerzo fiscal innecesariamente elevado. La autonomía no trae menos dificultades a los contribuyentes, sino más burocracia y gasto político, desafortunadamente.

Cataluña tiene un saldo negativo de 71.852 millones de euros, la mayor deuda con el FLA. Madrid, País Vasco y Navarra rechazaron adherirse al FLA y, por lo tanto, no tienen saldo deudor ni acreedor.

Si la coalición Frankenstein acuerda una quita de deuda a Cataluña, esto va a suponer que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias o Murcia van a ver acrecentada su deuda con el FLA y van a pagar muchos más impuestos. Es irónico que la comunidad más perjudicada por este favor a los separatistas catalanes sea una que ellos incluyen en su imaginario concepto de «Países Catalanes», la Comunidad Valenciana. Para Madrid podría suponer asumir una deuda de un sistema que no ha aceptado y del que no se ha beneficiado (el FLA) y, en cualquier caso, más impuestos. ¿Por qué? Porque no se «quita» ninguna deuda. Se debe igual, pero usted y yo pagaremos más.

Sánchez está negociando una enorme subida de impuestos y de deuda a sus votantes y a todos los contribuyentes en el resto de España a cambio del apoyo del separatismo en su investidura. Su estrategia con el independentismo no ha surtido ningún efecto. Tras indultos, eliminación del delito de sedición y reducción de malversación, y de miles de millones de transferencias y privilegios, el separatismo exige lo mismo que ha pedido siempre: amnistía a los prófugos y autodeterminación.

Una coalición de socialismo y ultraizquierda, que se ha pasado años hablando de armonización y equidad, lo único que hace es acrecentar los privilegios y diferencias de las comunidades ricas siempre que sus representantes en el Congreso les apoyen. Lo han hecho con el País Vasco y lo hacen ahora. Y usted se cree que eso es progresismo.