La reducción de la jornada laboral está cada vez más lejos: Junts chafa el gran día de Yolanda Díaz

El esperado debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las principales propuestas del Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, ha quedado suspendido este martes 22 de julio.

La medida, que debía debatirse y votarse en el Congreso de los Diputados, fue retirada en el último momento ante la falta de apoyos suficientes y el riesgo de una derrota parlamentaria para el Gobierno de coalición.

Junts se desmarca y bloquea la reforma

El grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha sido determinante en el aplazamiento. Desde el inicio, la formación catalana manifestó su rechazo a la iniciativa, argumentando que perjudicaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Critican que la reforma no ha sido fruto de un consenso entre Gobierno, patronal y sindicatos, y abogan por que cualquier cambio en la jornada laboral se negocie de forma sectorial a través de convenios colectivos.

Junts acusa al Ejecutivo de legislar sin tener en cuenta la diversidad productiva de territorios como Cataluña y advierte de que, tal y como está redactada, la reforma podría tener efectos contraproducentes en el empleo y en la economía.

A pesar de ello, niegan haber exigido el aplazamiento del debate, responsabilizando al Gobierno de la decisión.

Clima político adverso

El Ejecutivo optó por retirar la ley del orden del día en un contexto de creciente tensión política, marcado por las investigaciones judiciales que salpican a antiguos dirigentes del PSOE.

Aunque oficialmente se insiste en que la reforma no está descartada y que la intención es aprobarla antes de que finalice 2025, el calendario inicial ya se ha incumplido. El plan contemplaba una reducción intermedia de la jornada a 38,5 horas en 2024, que no se ha aplicado.

Ahora, la tramitación queda paralizada y sin fecha definida para retomarse en septiembre.

Divisiones internas y estrategia incierta

Más allá de Junts, la coalición de Gobierno afronta nuevas grietas internas. Podemos, ha decidido votar en contra del decreto de medidas antiapagón eléctrico, lo que deja al Ejecutivo sin mayoría asegurada incluso en votaciones clave.

Esta decisión pone en evidencia la falta de coordinación dentro del bloque progresista y deja abierta la posibilidad de que futuras medidas dependan del apoyo del Partido Popular.

El Gobierno reconoce las dificultades para sacar adelante una reforma que afecta directamente al modelo laboral del país, pero sigue confiando en poder aprobarla en lo que resta de legislatura.

La patronal advierte de efectos negativos

Desde el mundo empresarial, la propuesta ha sido recibida con escepticismo, especialmente en sectores como el transporte, la hostelería o el comercio. Empresas que dependen de jornadas extensas alertan de un aumento de los costes laborales y de una posible pérdida de competitividad.

Algunas organizaciones empresariales han estimado que una reducción de media hora diaria por trabajador podría implicar miles de horas menos de actividad al año, lo que obligaría a reestructurar plantillas y operaciones.

La patronal considera que cualquier cambio en la jornada laboral debe realizarse de forma flexible y negociada, adaptándose a las necesidades de cada sector. Insisten en que imponer una reducción por ley podría tener efectos contraproducentes en términos de productividad y empleo.

Europa avanza, España se estanca

Mientras en España el debate se aplaza, otros países europeos han iniciado reformas similares. Francia ya aplicó en su momento una jornada de 35 horas semanales, aunque con resultados mixtos.

Bélgica permite a los trabajadores concentrar sus horas laborales en cuatro días, e Islandia y Portugal han experimentado con programas piloto que reducen el tiempo de trabajo sin afectar la productividad.

Estos casos muestran que la reducción de jornada es una tendencia en auge en Europa, impulsada por la búsqueda de mejor conciliación laboral y bienestar. Sin embargo, también demuestran que su aplicación requiere planificación, diálogo social y consenso político.