Saltan «chispas» en el sector energético

Tras conocerse el recorte de 250 millones de euros que sufrirán las empresas eléctricas y gasistas, saltaron «chispas». No es éste, ni mucho menos, el único frente abierto que podría constituir una amenaza para el sector energético español.

Sin embargo, según los expertos consultados, el principal problema con el que se encuentran en la actualidad es la percepción de falta de seguridad jurídica y de estabilidad regulatoria, agravada recientemente por el anuncio realizado por el Gobierno de recortar las retribuciones que perciben algunas actividades reguladas de nuetro país.

Y es que pese a que la reforma aprobada en 2013/2014 pareció haber zanjado definitivamente esa cuestión, o al menos así se dijo en su momento, ahora se han notificado recortes que resultan contrarios al espíritu y a la letra de aquella reforma inicial, que había previsto, entre otras medidas, periodos regulatorios de seis años, en los que no se modificarían ninguna de las condiciones económicas de esas actividades.

De igual modo, otro problema importante que afecta particularmente al sector eléctrico –es la discusión sobre el posible cierre de algunas centrales nucleares y térmicas de carbón y gas y sobre el procedimiento del mismo.

En este sentido, el anuncio de un Real Decreto sobre este asunto suscitó una polémica considerable, aunque se trataba sólo de un borrador, ya que dejar exclusivamente en manos del Gobierno la decisión de cerrar o no las centrales difumina el carácter liberalizado de la actividad de generación.

Precio distorsionado

La factura de la luz en España en 2017 fue, de media, un 10,5% más cara que el año anterior. Y aunque el precio de la electricidad en nuestro país resultara en enero un 13% más barato que en el mismo mes del pasado ejercicio, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio final de la electricidad es muy elevado en comparación con la media de nuestros vecinos europeos, «lo que afecta negativamente a la competitividad de las empresas, así como a las economías familiares». Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners, asegura que el precio de la energía está excesivamente distorsionado, y propone eliminar las tasas y recargos que originan el problema, y, en su lugar, ir trasladándolos progresivamente a los Presupuestos Generales del Estado. Y es que hay que tener en cuenta que España es el cuarto país de la zona euro con un recibo de la luz más caro.

Asimismo, los expertos informan de que este encarecimiento es fruto, principalmente, del coste de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, que está afectando al precio en cuestión, y de varios recargos y tasas destinados a financiar el llamado déficit de tarifa y otras finalidades, que no tienen nada que ver con el coste real de producir y transportar la electricidad hasta los consumidores.

Además, entre esas «chispas» que podrían cortocircuitar el sector energético español se encuentra el aparente enfrentamiento entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno. Sobre todo, a la hora de establecer las competencias de la propia CNMC; una disputa que ha llegado lejos, ya que se ha planteado incluso en las instituciones europeas.

Tender puentes

Finalmente, las fuentes consultadas apuntan que a todos estos problemas subyace uno concreto, que no es otro que la falta de diálogo entre el Ministerio de Energía que encabeza Álvaro Nadal y los sectores afectados.

Tender puentes resulta así fundamental para aportar ideas y negociar soluciones prácticas y duraderas a los problemas de un sector en el que confluyen tecnologías complejas, inversiones muy cuantiosas, así como larguísimos plazos de recuperación de las mismas, y que afecta a todos los sectores económicos.

Pues bien, hoy en día las empresas energéticas sólo pueden opinar «a posteriori», ante hechos consumados o casi, lo que les torpedea a la hora de facilitar al Gobierno información de gran valor sobre la realidad sectorial. Una información que las compañías poseen y que la Administración, en ocasiones, desconoce.

Aun así, los expertos consideran que se ha creado la percepción de que la regulación se ha convertido en algo más parecido a una intervención permanente, y que la realidad del sector energético está al servicio de la agenda política del Gobierno de turno, cuando difícilmente puede un Ejecutivo acertar en sus decisiones si no consulta a los agentes implicados.

Falta de diálogo

Mientras que, a corto plazo, la falta de estabilidad regulatoria es una amenaza para las inversiones que habrá que acometer en el proceso de transición energética, ya que captar los recursos financieros necesarios durante las próximas dos o tres décadas se convertirá en algo más difícil y costoso si no se corrige este aspecto; a largo plazo ese proceso de transición debe diseñarse con extremo cuidado y atención. Los expertos advierten de que los errores en este sector suelen tener consecuencias graves que afectan a varias generaciones, por lo que piden responsabilidad a todos. De ahí, la urgencia de llegar a algún tipo de solución y de entendimiento, para lo que el obstáculo principal es la falta de diálogo. Y quien tiene la llave, insisten, es el Gobierno.