El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue dando pasos hacia la fragmentación federalista de los funcionarios, instituciones y organismos públicos, con el fin de satisfacer las exigencias de sus socios parlamentarios y para completar poco a poco el traspaso de competencias hasta ahora exclusivas del Estado. Una situación que ha puesto en pie de guerra a los más altos estamentos de la Administración General de Estado (AGE), que acusan al Ejecutivo de coalición de tomar decisiones "inconstitucionales" y contra el derecho de los trabajadores.

La última decisión tomada así lo confirma. Junts y PSOE han aprovechado la tramitación de la nueva Ley de Función Pública para que Cataluña asuma la gestión integral de los funcionarios de la Administración Local con habilitación estatal, correspondiente a secretarios, interventores y tesoreros municipales. Este acuerdo se presenta bajo una disposición adicional específica, que atribuye a la Generalitat las "facultades de creación, clasificación y supresión de puestos; aprobación de la oferta de empleo público; procesos de selección, nombramiento y procesos de provisión, y gestión administrativa integral de estos funcionarios".

Se trata, según Junts, de un avance reclamado por el mundo local, y con ello consideran que dan cumplimiento al compromiso adquirido con el PSOE para la convalidación de los reales decretos en enero de 2024 relativo "al reconocimiento de la posición singular en materia institucional de la Generalitat como consecuencia de los derechos históricos y la tradición jurídica catalana". También defienden que contribuirá a revertir la situación crítica que, a su juicio, sufren muchos ayuntamientos catalanes "donde el 66% de puestos de secretaría, intervención y tesorería se encuentran vacantes u ocupados interinamente, generando graves disfunciones". "Esta competencia había sido gestionada con éxito por la Generalitat hasta la recentralización impuesta por la LRSAL de 2013", sostiene la formación, que consideran que el acuerdo es un avance clave para el buen funcionamiento institucional de los municipios y la estabilidad administrativa local.

El acuerdo también incluye medidas para afrontar "la grave situación de los empleados públicos en abuso de temporalidad y medidas inéditas para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes, como el deber de los funcionarios del Estado a atender a los ciudadanos en la lengua oficial que escojan, y la reserva de plazas específicas para catalanohablantes en la función pública del ámbito judicial".

La reacción entre este colectivo de funcionarios ha sido inmediata y contundente. La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital) ha rechazado de plano este acuerdo porque implica "la ruptura del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, además de ser manifiestamente inconstitucional".

Esta asociación recuerda que el Tribunal Constitucional ya declaró que la selección de funcionarios pertenecientes a los cuerpos nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de Fondos de Administración Local y su adscripción a plazas determinadas "son competencia del Estado", pues pertenece al núcleo de las bases de la regulación que menciona el art. 149.1.18.ª de la Constitución, siendo igualmente básico "todo aquello que preserve la existencia de ese cuerpo y ello permitirá proscribir lo que lo haga desaparecer o lo menoscabe".

Apsital ya mostró su oposición al pacto alcanzado el pasado 14 de enero entre el ministro de Función Pública, Óscar López, y el consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en virtud del cual la administración autonómica asumiría los procesos de selección de la próxima convocatoria pública de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, mediante una encomienda de gestión. "Ya advertimos que encubría una cesión competencial en claro fraude de ley y era el primer paso para legitimar la plena transferencia de atribuciones, como así se ha producido", explicaron a LA RAZÓN fuentes de Apsital.

También reiteran que "la mayor garantía de imparcialidad de los funcionarios encargados del control jurídico y económico en las entidades locales se logra con una selección centralizada, alejada de los poderes políticos territoriales y de su influencia en los procesos de selección. Lejos de ser un obstáculo, actúa como garantía de objetividad, evitando interferencias, conflictos de interés o influencias indebidas".

Otros altos funcionarios también van a generalizar sus protestas. El grupo “Pacto de profesionales en defensa del Estado de Derecho” -respaldada por la mayoría de loa estamentos jurídicos y cuerpos superiores del Estado- procederá el próximo martes a la lectura de un manifiesto" en defensa del Estado de Derecho, la independencia y la profesionalización de la Administración Pública". La lectura estará a cargo de Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, y contará con la intervención de otros portavoces de las asociaciones de altos funcionarios del Estado.

Por otra parte, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ve "inaceptable" que la delegación de Cataluña quiera excluir en junio a unos 200 funcionarios que han participado en la Campaña de Renta durante el mes de mayo, sin previo aviso. Al igual que ocurrió en la delegación de Madrid, la de Cataluña quiere reducir el número de operadores con la excusa de "bajo rendimiento" en el número de citas atendidas para retirarlos de la Campaña sin posibilidad de réplica. Según Gestha, no se ha justificado "ni la metodología de cálculo del umbral mínimo de declaraciones, ni el grado de dificultad de unas u otras actuaciones, ni el número de citas solicitadas por los contribuyentes".