Sin margen para bajadas

El conjunto de las administraciones públicas españolas logró cerrar el pasado año 2012 con un déficit de 73.298 millones de euros, lo que equivale al 6,98% del PIB, según los datos adelantados a la Comisión Europea excluida la reestructuración del sistema financiero. Un dato que mejora sensiblemente el registrado en 2011 y todo ello en un contexto de graves desequilibrios macroeconómicos cuyos orígenes los podemos encontrar en 2009, 2010 y 2011, cuyos rasgos más característicos fueron el elevado déficit de la balanza por cuenta corriente de la balanza de pagos, el fuerte incremento de stock de endeudamiento, la entonces ya elevada tasa de paro, junto a un importantísimo desequilibrio de las cuentas públicas.

Bajo este panorama, las dudas sobre la capacidad de la economía española de remontar esta situación se tradujeron en un aumento de la preocupación en los mercados internacionales, lo que dio como resultado un importante incremento de la prima de riesgo.

Ante esta situación, el Gobierno supo reaccionar y así adoptó importantes medidas que han ido contribuyendo a una paulatina vuelta de la confianza de los mercados sobre la economía española, cuyo máximo exponente está siendo en estos días la mejora de la prima de riesgo, que se establece incluso por debajo de los 300 puntos básicos, así como unos niveles de emisión en las subastas de bonos del Tesoro no vistos desde antes de la actual crisis.

El Gobierno de Mariano Rajoy no dudó y adoptó con carácter inmediato importantes reformas del sector público que han sido decisivas para alcanzar nuestros objetivos de consolidación fiscal, reformas que no han hecho otra cosa que elevar de una manera notoria la eficiencia de partidas de gasto como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, actuaciones en el campo de la función pública y la estructura de las administraciones públicas, todas ellas encaminadas al objetivo de la consolidación fiscal.

Pero si éste es el terreno avanzado hasta ahora, aún nos queda un importante camino por recorrer. Las autoridades europeas han valorado el esfuerzo realizado por todos los españoles que, pese a las dificultades, ha logrado importantes avances en la reducción del llamado déficit estructural, un término técnico pero que no hace más que recoger la reducción del desequilibrio de nuestras cuentas públicas, una vez eliminado el efecto del actual ciclo económico recesivo, así como el pago de los elevados intereses de la deuda, y que el pasado año se redujo en torno a 3 puntos de PIB.

Tal ha sido nuestro avance en la lucha contra el déficit estructural que puede afirmarse que en 2012 España ha realizado la mayor reducción de este déficit estructural de su historia y una de las mayores de todos los países de la OCDE en periodo de recesión.

Sin embargo, este reconocimiento de los logros alcanzados por parte de Bruselas, que se ha traducido en nuevos objetivos de déficit acorde con el ciclo económico, no debe servirnos para bajar la guardia. Hay que seguir perseverando en nuestra particular lucha contra el déficit de manera equilibrada para conseguir que nuestra economía poco a poco cambie de signo y poco a poco vaya registrando ligeras tasas de crecimiento, un crecimiento incipiente cuya plasmación se haga realidad en 2014 para poder afirmar que 2013 va a ser el último año de la actual crisis económica.

En mitad de estos logros alcanzados, muchas son las voces que reclaman que ya es el momento en el que el Gobierno debería bajar los impuestos. A un Gobierno del PP es al que más le gustaría hacerlo, como se demostró a finales de los 90. Pero como también ocurrió entonces, la realidad se impone y España tiene que volver a realizar el mismo esfuerzo de reducción del déficit estructural que consiguió en 2012, ya que de este esfuerzo depende en gran medida salir de la crisis y crear empleo, por lo que en estos momentos no hay margen para bajar impuestos.

La realidad se impone, repito. Hace unos días conocimos el demoledor dato de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre. Más de 6 millones de españoles están en paro, al tiempo que el número de afiliados a la Seguridad Social también experimenta descensos. Estos datos son hoy por hoy el peor caldo de cultivo para que el Gobierno baje la guardia. El gasto en pensiones y desempleo sigue aumentando por encima de lo que sería deseable, por lo que sería un error adoptar medidas incorrectas. La Seguridad Social, que acabó 2012 con un déficit equivalente al 1% del PIB, verá cómo se elevará este ejercicio hasta el 1,4% del PIB, ya que no hay margen para mayores esfuerzos. Y es que parados y pensionistas deben ser hoy por hoy centro de atención del Gobierno.

España es el país de la OCDE con mayor pérdida de recaudación durante la crisis. Desde el inicio de la crisis, los recursos no financieros de las administraciones públicas han caído en torno a 5,4 puntos porcentuales de PIB desde el máximo en 2007 del 41,1% hasta el 35,7% en 2011. Los ingresos públicos en España se habían situado en niveles que ponían en riesgo la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar.

Otra parcela que no voy a pasar de largo es la de la lucha contra el fraude. Para el Gobierno la lucha contra los que defraudan es prioritaria, como bien queda de manifiesto con las medidas puestas en marcha a lo largo de los últimos meses. La Ley 7/2012, de 29 de octubre es una buena muestra de ello. Entre sus principales medidas recoge la limitación del uso de efectivo por encima de 2.500 euros en operaciones empresariales. Se crea una nueva obligación de informar sobre cuentas, valores e inmuebles situados en el extranjero. También es relevante que se han agravado las penas para el fraude y el delito fiscal y cada vez más este Gobierno está llevando a cabo acuerdos de intercambio de información entre diversos estados.

En definitiva, las subidas de impuestos de 2012 respondieron a una situación de enorme emergencia económica y contribuyeron, junto al enorme esfuerzo de reducción de gastos de todas las administraciones, a evitar el colapso al que parecía destinado el país. Es de destacar que las medidas de consolidación fiscal de carácter tributario, las subidas de impuestos, representan el 36 por ciento del gasto en desempleo y políticas activas recogidas en los Presupuestos de 2013. Es un ejemplo de que debemos seguir reduciendo el déficit, y no bajar ahora los impuestos, para seguir gananado credibilidad y confirmar las mejoría en la financiación de la economía española, paso previo a la salida de la crisis.

Este Gobierno va a perseverar en las políticas llevadas a cabo, cuyo objetivo no es otro que corregir los desequilibrios económicos, y en cuanto avancemos lo suficiente en esta línea se procederá a las bajadas de impuestos comprometidas que son y han sido siempre señas de identidad de los gobiernos del PP.