Conciliación
Sólo el 12% de los españoles conciben un seguro de vida como medida de protección familiar
¿Sabemos que sucedería a nuestras familias si nos sucede algo? El 80% de los españoles desconoce cual sería la protección social que recibiría su familia en caso de fallecimiento o invalidez. Es una de las conclusiones del Libro Blanco sobre «La protección familiar en España y el seguro de vida» que ha sido presentado esta semana. La investigación ha sido realizada por el Instituto de Estudios Sociológicos, Análisis e Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos I y ha contado con la colaboración del Banco Santander.
La protección familiar se sitúa como una de las principales preocupaciones para la sociedad pero, sin embargo, solo 1 de cada 10 ve el seguro de vida como medida de protección familiar. Una de las causas de este desconocimiento del seguro de vida se debe a que el sistema de Seguridad Social español es realmente intervencionista, tanto en el caso de jubilación como por incapacidad laboral, viudedad y orfandad. Esto origina un exceso de confianza de los españoles en el Estado para suplir la fuente de ingresos perdida en caso de fallecimiento o invalidez, dejando de lado la posibilidad de contratar un seguro de vida a pesar de reconocer su utilidad ante un imprevisto familiar, los encuestados no lo consideran como una opción posible y tampoco tienen una imagen positiva de este producto.
El 42% de los españoles mayores de 18 años afirma tener en la actualidad algún tipo de seguro de vida: el 16,7% vinculado a una hipoteca y el 25,3% 'open market', sin vincular a ningún producto financiero. Sin embargo, 6 de cada 10 personas que tienen un seguro, no sabe lo que paga por él y una quinta parte no puede precisar la compañía con la que lo tiene contratado, el mismo porcentaje desconoce el tipo de beneficio que obtendría en el caso de hacer uso del seguro.
Entre los principales motivos que influyen en la contratación de los seguros de vida, según el informe, destacan la mala imagen del sector asegurador, la falta de especialización de los canales de venta, el nivel de renta per cápita y la cobertura de la Seguridad Social y las prestaciones públicas.
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