Soria defiende que la reforma eléctrica ahorró 20.500 millones

Defensa numantina de la reforma eléctrica. Contra viento y marea, por lo que atañe a los «excesivos» incentivos recibidos por las renovables hasta la entrada en vigor de las nuevas retribuciones a las energías «verdes», el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró ayer ante el Pleno del Congreso que sin la revolución decretada por su departamento en el sector energético el déficit de tarifa se habría más que duplicado en los dos últimos años.

Soria estimó que el desajuste entre ingresos y gastos del sistema se habría ido hasta los 20.500 millones de euros, en vez de los 8.669 millones de agujero que se acumuló entre 2012 y 2013. En concreto, si se hubiera mantenido la normativa vigente hasta el pasado verano en el sector, en 2012 el déficit habría sido de 10.000 millones, por los 5.069 millones que se lograron gracias a la reforma y el año pasado, de 10.500 millones frente a los 3.600 millones de desajuste.

Políticas «erróneas»

El ministro recordó que entre 2004 y 2011 la luz subió un 67,2%, frente a la caída del recibo del 3,1% acumulada en 2013 y argumentó que este cambio de tendencia es consecuencia directa de los cambios regulatorios que han permitido frenar las consecuencias de la política energética «errónea». En este sentido, achacó la deriva en el sector energético a las políticas impulsadas por los socialistas en las dos legislaturas precedentes.

Industria da por cumplido el objetivo de congelar la escalada de los precios de la electricidad, que lastra la competitividad de las empresas y la renta disponible de las familias tras la supresión de las subastas trimestrales que fueron introducidas –recordó– en 2009 por el Gobierno del PSOE. Soria aprovechó su intervención para explicar el nuevo mecanismo que entrará en vigor el próximo 1 de abril y que, según los cálculos de Industria, logrará abaratar anualmente un 3% el recibo al suprimir los sobrecostes financieros originados por los mecanismos de subastas.

El nuevo modelo ofrecerá tres fórmulas para fijar el precio. La primera, es el actual contrato bilateral entre el consumidor y la comercializadora, poco utilizado hasta la fecha. La segunda, es un contrato estándar con una tarifa fija anual para potencias contratadas superiores a los 10 kW que las empresas estarán obligadas legalmente a ofrecer. La tercera opción es el pago por el consumo en función del precio horario del mercado. «Me parece que es un sistema muchísimo más transparente», subrayó.

Hasta la anulación de la subasta Cesur del diciembre pasado, el sistema priorizaba la entrada en el suministro de las tecnologías más baratas, pero el precio se fijaba el precio en función de la última energía que se tenía en cuenta. Esto ha empujado al alza los precios en los últimos años pese a que Industria trató desde 2012 de frenar esta situación con la introducción de nuevos gravámenes a la producción nuclear y a la hidroeléctrica, que en muchos casos ya tienen amortizadas sus inversiones y que debían «tributar y no usar gratuitamente lo que es de todos».

Con respecto a la anulación de la subasta Cesur de diciembre, Soria recordó que estaba plenamente justificada en virtud del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que detectó «comportamientos impropios de mercados eficientes». Por eso, el Gobierno decidió invalidar el incremento del 10,5% en el recibo desde enero resultante de la subasta y fijar una subida del 3,2%, que no debería de tacharse –según Soria– de precio intervenido, ya que se calculó a partir de lo que marcaban los mercados de futuros durante el segundo semestre de 2013.

Respecto a los recortes en las primas a las energías renovables y al nuevo sistema retributivo, que ocuparon buena parte de su intervención, el ministro fue muy crítico con el régimen anterior «que ha financiado la curva de aprendizaje para todas las tecnologías renovables del mundo» tras haber sufragado el 10% del total de subvenciones a las energías renovables del planeta. Y para apoyar esta afirmación, sostuvo que el conjunto de las ayudas mundiales a las renovables en 2013 ascendieron a 100.000 millones de dólares, de los que España abonó 10.000 millones (unos 7.500 millones de euros) «que estamos pagando todos los consumidores».

Esta situación justificaba la modificación de las condiciones de partida a mitad de la jugada, lo que ha causado ya una cascada de demandas por parte de grupos inversores internacionales, ya que el Tribunal Supremo considera que los titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica «no tienen un derecho inmodificable» con respecto a su régimen económico.

Pese a los severos recortes necesarios para revertir la insostenible situación que habrían creado las crecientes primas a las energías «verdes», Soria consideró que el 7,5% de rentabilidad fijado por el Gobierno para estas tecnologías es «razonable» y recordó que «no hay ningún negocio donde se garantice al inversor rentabilidades por encima del 15%» como existían hasta ahora para estos proyectos.