Los técnicos de Hacienda irán a huelga el próximo 26 de noviembre por primera vez en 17 años. Los principales motivos de la convocatoria son el "bloqueo" de la carrera profesional, los problemas de movilidad y la falta de reconocimiento que afectan al colectivo.

A la jornada de parón, a la que están llamados más de 8.000 trabajadores, se suma una concentración en Madrid, con la que buscan reclamar que el deterioro de la situación laboral de los técnicos repercute en la lucha contra el fraude fiscal.

José María Mollinedo, secretario general de Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) reclama que "en dos años no se ha llegado a ninguna negociación con el Ministerio de Hacienda, mientras las conversaciones con la Agencia Tributaria permanecen paralizadas".

El colectivo considera que sus funciones cuentan con muy poco reconocimiento para la dificultad que representan y las altas responsabilidades que encarnan. "Esto es una reclamación histórica para que se nos tenga en cuenta", afirma en conversación con La Razón.

Un descenso que, en su opinión, "es una prueba del débil control de los grandes evasores, mientras aumentan los controles a particulares, autónomos y pymes".

Uno de los principales focos para esta tensión es la dificultad de movilidad geográfica y funcional, ya que, según Gestha, la Agencia Tributaria "está aplicando un criterio inverso al que cabría considerar más adecuado".

Así, calculan que unos 1.200 técnicos de Hacienda querrían trasladarse al lugar donde tienen sus relaciones familiares y afectivas, pero no pueden hacerlo porque los destinos se ofrecen primero a quienes acaban de aprobar la oposición por promoción interna.

"Apenas hay concurso para muchas de las categorías que trabajamos en la Agencia Tributaria", asegura el secretario general. Además, denuncia que "el sistema de movilidad tampoco te permite promocionar en tu carrera, solo mantener el puesto".

Destaca que principalmente buscan salir de las capitales, lugares donde hay más plazas, para volver a sus regiones de origen. Este proceso puede llegar a alargarse durante más de 12 años.

"Las dificultades para salir de las ciudades más grandes afectan a la vida personal de los funcionarios, pues debido a la crisis de la vivienda, muchos de ellos se ven obligados a compartir piso, incluso con menores de edad a su cargo".

Otra de sus reclamaciones, es el desarrollo de la carrera profesional, la cual, recuerda Mollinedo "es voluntaria", pero, aun así, debe permitirse.

La progresión del funcionario se establece a lo largo del tiempo en función de la valoración del trabajo que realiza, de la antigüedad y de los cursos que se han realizado. Actualmente, ese proceso se encuentra también bloqueado.

Además, el sindicato reclama que se salde la que denominan “deuda histórica con los Técnicos” a través de una reorganización que permita estructuras más eficientes en la lucha contra el fraude y el control del gasto, cumpliendo con una disposición de la Ley de prevención del fraude fiscal de 2006.

Los técnicos quieren recordar que representan "más del 80% de los funcionarios del grupo A con competencias para investigar el fraude fiscal y aduanero, liquidar deudas y sanciones y cobrarlas, así como el 91% de los funcionarios del grupo A competentes en la Intervención General del Estado (IGAE) para controlar el gasto público y las subvenciones, y son mayoría en los Tribunales económico administrativos, Catastro y otros centros directivos del Ministerio".

"Esta situación genera la desmotivación de las plantillas y también que nos vayamos desalineando de los objetivos del trabajo".

Como muestra de este desgaste, los técnicos destacan que, desde 2011, las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82%.