Ley de Familias
Trabajo asegura que el permiso parental de ocho semanas será finalmente retribuido
El secretario de Estado de Trabajo recuerda que el plazo para tramitar la norma acaba el 2 de agosto de 2024
La futura Ley de Familias, aprobada este martes por el Consejo de Ministros en segunda lectura y remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria, tendrá un coste de 623,07 millones de euros e introducirá un cambio sustancial: el permiso parental de ocho semanas, que podrá disfrutarse de manera continua o discontinua y a tiempo parcial o completo, hasta que el menor cumpla 8 años, será finalmente "remunerado".
Así lo ha indicado hoy Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, durante la rueda de prensa sobre los datos de empleo de marzo. De esta manera, los trabajadores seguirán cobrando su salario mientras disfruten de este permiso, tal y como "lo indica la legislación europea", ha señalado.
Efectivamente, el nuevo permiso parental debe ser retribuido para facilitar su uso a los ciudadanos y cumplir con la directiva europea de conciliación de 2019 que pretende trasponer, como ya avisaron CCOO y UGT.
Esto no estaba contemplado hasta ahora, pero el Gobierno tiene de margen hasta agosto de 2024 para hacerlo efectivo, ya que es ese año cuando la legislación europea tiene que estar en vigor y aplicarse en los estados miembro. Lo más probable es que esta modificación se incorpore mediante una enmienda en la tramitación parlamentaria.
En España, se prevé que la aplicación del permiso sea progresiva, empezando por seis semanas en 2023 y alcanzando las ocho semanas en 2024.
Claves de la Ley de Familias
El texto, redactado por el Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, recoge en su análisis del impacto económico y presupuestario, al que ha tenido acceso Europa Press, que las medidas que más gasto supondrán serán la equiparación de las familias con una persona progenitora sola y 2 hijos las familias numerosas y la expansión de la deducción para madres trabajadoras de menores de 0 a 3 años.
Concretamente, para aplicar la primera de las medidas se prevén 291,62 millones de euros y para la segunda de ellas 284,2 millones. Además, el Gobierno prevé que garantizar la plaza gratuita de educación infantil a niños y niñas de hogares monoparentales durante 15 semanas tendrá un coste de 45,5 millones de euros.
Otras medidas de menor impacto serán el incremento de la cobertura del subsidio por nacimiento, para el que se prevén 860.000 euros; las subvenciones al transporte aéreo para nuevas familias beneficiarias (familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza), con un gasto de 600.000 euros; y la inclusión a familias que acogen permanentemente menores entre los beneficiarios de la prestación económica por nacimiento o adopción, con 285.000 euros.
De este modo, el Ejecutivo apunta que la norma afecta a los presupuestos tanto de la Administración del Estado como a los de otras administraciones territoriales.
La futura Ley de Familias reconoce la diversidad de las situaciones familiares y aborda la "emergencia de conciliación" con nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos, padres y convivientes.
Así, la nueva ley crea tres permisos de cuidados, el primero de ellos, un permiso por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente, que los trabajadores o trabajadoras podrán utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo.
También incluye el permiso parental de ocho semanas, igualmente retribuidos, que se podrán disfrutar de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla ocho años; y un permiso de cuatro días por ausencia para atender a un familiar que requiera atención inmediata, que se podrá disfrutar por horas.
En cuanto al apoyo a la crianza, se extenderá de manera estructural la renta crianza de 100 euros al mes a las familias con hijos hasta los 3 años. Esta ampliación incluye a todas las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto. Del mismo modo, se reconocerá el derecho a la atención temprana, gratuita y de calidad y no limitada a la primera infancia.
Además, el texto garantiza el pleno reconocimiento de los distintos tipos de familias que ya existen en España, equiparando sus derechos. Así, se van a reconocer legalmente a las familias LGTBI, a las familias con miembros con discapacidad, a las familias múltiples, a las adoptivas, a las reconstituidas o las acogedoras, entre otras.
La ley también avanza en la equiparación entre los matrimonios y las parejas de hecho, garantizando que estas últimas tendrán acceso a los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio.
Asimismo, a partir de la aprobación de la ley, se crea la denominación de 'Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza' en la que se incluye a las "familias numerosas", además de: las familias monomarentales con dos hijos; las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos y las familias con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.
Por otro lado, pasarán a considerarse familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría especial las familias que hasta ahora eran consideradas numerosas de categoría general como aquellas con cuatro hijos, en vez de cinco como hasta el momento; las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, en vez de cuatro como en la actualidad, y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150% del IPREM).
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