El último cartucho de Sánchez: cerrará su ciclo económico de legislatura a golpe de decreto y orden ministerial para salvar su plan social

El adelanto electoral al 23J ha cogido con el pie cambiado a todos los ministerios económicos del Gobierno de Pedro Sánchez, que disponen de menos de dos meses para aprobar una infinidad de normas que han quedado en el alero y casi sin tiempo de ver la luz verde. Fuentes gubernamentales confirmaron a LA RAZÓN que el Gobierno «no va parar su actividad. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para aprobar un buen número de normativas que solo estaban pendientes del visto bueno del Consejo de Ministros». Sí reconocen que leyes fundamentales comprometidas en los programas electorales de los dos socios de Gobierno «no podrán salir adelante». En esta situación se encuentran legislaciones que no han podido finalizar su tramitación parlamentaria y que se encuadran dentro de los planes económicos, fiscales y sociales del Ejecutivo, muchas de ellas consideradas urgentes y que competen tanto a ministerios con titulares del PSOE como en manos de Podemos.

El todavía presidente del Gobierno se enfrenta a un importante dilema una vez confirmado el adelanto electoral. Sánchez no dispondrá de la capacidad de cerrar su ciclo económico a través de proposiciones de ley, pero sí que tendrá en sus manos dos elementos fundamentales para dar salida a algunos de sus proyectos estrella y concluir la legislatura a golpe de real decreto ley y órdenes ministeriales, a expensas de las atribuciones que ostentará la Diputación Permanente, que asumirá en funciones las facultades que corresponden a las Cámaras en materia de decretos leyes tras haber sido disueltas y expirado su mandato.

En esta situación de paralización total hasta que se conforme el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 23J se encontrarían la Ley de Función Pública –con los controvertidos ascensos a dedo–, la nueva Ley de Empleo, la Ley del Desperdicio Alimentario, la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Formación Profesional, la Ley de Ciencia –de la que dependía la financiación para la I+D+i empresarial–, la Ley de Industria, la Ley de Paridad –que afecta a los consejos de administración de las grandes empresas– o la Ley de Servicio Público –que incluía un «plan judicial antiokupa»–.

El Gobierno sí tiene en sus manos prorrogar mediante decreto ley parte del escudo social del que ha hecho bandera esta legislatura y que ha extendido desde el inicio de la guerra de Ucrania. La mayoría de las ayudas aprobadas tienen marcada su fecha de caducidad este mismo mes. Fuentes ministeriales han confirmado que algunas de ellas no serán renovadas, pero otras «van a ser prorrogadas por decisión del Consejo de Ministros». Entre las que se apunta que no seguirán se encuentran el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas y profesionales, el descuento del 30% en el transporte urbano, el tope a la bombona de butano o la rebaja del IVA para algunos alimentos de la cesta de la compra. «Con la importante bajada de la tasa de inflación durante los últimos meses, la mayor entre las grandes economías de la eurozona, parece claro que esas ayudas puedan retraerse», incidieron estas fuentes, aunque reconocieron que si el IPC de los productos básicos no bajara en la misma proporción, «el Gobierno podría replantearse su prórroga», tanto por la incidencia que pudiera tener en las economías de las familias como por la propia imagen de los partidos del Gobierno de cara a la cita electoral. Ya lo hizo con anterioridad con la congelación de las condiciones de los contratos de alquiler, la suspensión de los desahucios o la actualización del 2% del alquiler, que fueron prorrogados hasta diciembre.

Aunque este plan anticrisis de 10.000 millones se aprobó como proyecto de ley el pasado mes de diciembre gracias a un acuerdo de última hora entre ambos socios – lo que impediría su renovación–, el Ejecutivo sí que tiene la potestad de prorrogar estas medidas por decreto y que sean aprobadas por la Comisión Permanente, algo sobre lo que el Partido Popular ya ha advertido que «vigilaremos hasta la última coma de lo que se quiera aprobar por si la Junta Electoral tuviera que actuar».

Entre las cuestiones que le han quedado pendientes al Gobierno destacan las referidas a energía. Por ejemplo, queda en suspenso el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que serviría para reducir los cargos de la factura de la electricidad –entre ellos las cantidades pendientes de las primas a las renovables de primera generación– y al que deberían hacer frente las compañías energéticas. Tampoco se ha aprobado la nueva tarifa regulada de la luz o PVPC, a la que se comprometió con Bruselas para que se autorizara la excepción para topar el precio del gas destinado a generación eléctrica en el mercado mayorista aunque, según analistas legales consultados, hay resquicios legales para que se pueda aprobar de urgencia.

También quedan muy tocados los planes de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha tenido que asumir que algunas de sus reformas quedarían ya para un siguiente mandato o entrarán definitivamente en el olvido. Tal es el caso de la denominada ley sobre los usos del tiempo, con la que se quería se quería revisar la jornada actual de 40 horas semanales y abordar el uso fraudulento de las horas extra, o el nuevo Estatuto de los trabajadores del siglo XXI, que incluía la revisión de la causalidad del despido y la forma de indemnización, así como una reforma de la protección por desempleo. Sin avance quedará asimismo el Estatuto del Becario, que pretendía regularizar las prácticas extracurriculares.

Desde la patronal CEOE ya se ha advertido que el diálogo social queda roto hasta que se conforme el nuevo Gobierno, algo que no comparten desde el Ministerio, que pretende dar salida a sus proyectos hasta el último momento. «El Gobierno está con sus poderes intactos, plenamente operativo», defendió ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que desvinculó el adelanto electoral con la marcha del diálogo social. «No se entiende qué tiene que ver el diálogo social con las elecciones», indicó en respuesta a la CEOE. «No tiene sentido aprobar normas sin saber quién dirigirá el nuevo Gobierno», manifestaron desde la patronal.

Esta retirada de negociadores afecta igualmente al Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá. que verá muy tocada la última pata de la segunda parte de la reforma de las pensiones, que incluye la regulación de la jubilación parcial con contrato de relevo, que se quedará sin desarrollo. Escrivá sí que podrá concluir su plan para rebajar los requisitos establecidos para regularizar a inmigrantes sin papeles que lleven dos años en España y realicen una formación que permita su inclusión en el mercado laboral al tratarse de una instrucción ministerial.

En materia de industria, además de la Ley que ya no saldrá adelante, han quedado pendientes varias convocatorias de los Perte, principalmente la segunda convocatoria del Perte VEC, después de que en la primera tan sólo se adjudicaran 800 millones de euros de una dotación de 2.975 millones. Fuentes de Industria confirmaron a LA RAZÓN que se pretende seguir adelante estos dos meses «haciendo uso de las órdenes ministeriales». La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero –una de las grandes apuestas de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño– o la Agencia Estatal de Empleo –que pretendía transformar el SEPE en una agencia de contratación– son otros proyectos que tendrán que esperar.

Finalmente, preocupa la incidencia que pueda tener este parón legislativo entre el reparto de los fondos europeos. De momento, Calviño anunció el pasado miércoles que España enviará la próxima semana a Bruselas la adenda al Plan de Recuperación «para que no se frene el proceso para movilizar los recursos porque la fecha límite es 2026». De este modo, se movilizarán 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y los 84.000 millones en préstamos, que se sumarán a los 70.000 millones de euros de la primera fase del Plan.

El problema es que para esta adenda no se ha contado con el Partido Popular, que aunque no sea una obligación, sí que debería haber sido informado como primer partido de la oposición en un proceso ya preelectoral. Según justificó Calviño, la Comisión Europea cuenta con un plazo de dos meses –que se puede ampliar– para hacer la evaluación del documento que remita España la próxima semana. De momento, España presentará la solicitud del cuarto pago de los fondos europeos, por valor de 10.000 millones de euros antes de la cita electoral. Este pago está ligado a cumplimiento de determinados hitos y objetivos, siendo el más significativo la segunda parte de la reforma de pensiones, ya aprobada, aunque al quedar pendiente la última pata de esta reforma, la correspondiente a la jubilación demorada, la concesión de esta nueva partida podría quedar en suspenso.