Manotazos de un Gobierno acorralado

La fulminante destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, decidida por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y justificada en la socorrida excusa de la «pérdida de confianza», fórmula que puede albergar cualquier arbitrariedad, no puede disociarse de las investigaciones que el Instituto Armado, en su función de Policía Judicial y bajo las instrucciones de la magistrada Carmen Rodríguez Medel, está llevando a cabo en relación con las concentraciones celebradas en a capital de España durante las jornadas del 6,7 y 8 de marzo, sin atender a las advertencias de los técnicos sanitarios, tanto internacionales como españoles.

Así, y a tenor de las sucesivas diligencias informativas solicitadas por la juez al Ministerio de Sanidad, de las que damos cuenta puntual en LA RAZÓN; de los informes forenses y del auto de imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se desprende que la investigación judicial puede alcanzar al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón,y, en consecuencia, al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Dado que la magistrada Rodríguez Medel ya ha dado cuenta, como es preceptivo, de parte de sus actuaciones a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, sólo quedan bajo secreto judicial una parte de las diligencias, informes y averiguaciones de la Guardia Civil que, por lo tanto, escapan al conocimiento del Gobierno en este momento procesal.

No estamos en situación de afirmar si responde a la verdad o no la certeza extendida entre las filas de la Benemérita de que el coronel Pérez de los Cobos ha sido castigado porque se negó, como exige, por otro lado, la ley, a facilitar al ministro Grande Marlaska el contenido de esos informes de carácter judicial, sometidos al secreto de las actuaciones. Pero la mera insinuación de que algo así haya podido suceder en un país democrático como el nuestro exige la máxima claridad gubernamental ante una opinión pública que ha visto como se manchaba una carrera profesional impecable y que asiste inerme a la extensión de los bulos más pedestres, como el que sostiene que se ha entregado la cabeza del coronel, bestia negra de los separatistas catalanes, para retener el apoyo parlamentario de ERC.

No estamos, ni mucho menos, ante una cuestión menor, aunque sólo sea porque ahonda en la imagen de un gobierno acorralado por la realidad de su mala gestión de la tragedia del coronavirus y que sólo se defiende a manotazos. Tarde o temprano, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que admitir su responsabilidad por las manifestaciones del 8 de marzo y, en su caso, asumir las consecuencias de las investigaciones judiciales en marcha. Demasiados indicios, demasiadas evidencias apuntan a que se tomó una decisión errónea por una presión de índole ideológica insoportable, que pasaba por encima de la seguridad de la población. Puede el ministro Grande Marlaska, juez de profesión, destituir a los servidores del Estado que crea oportuno y esté entre sus atribuciones, pero mientras en España se respete la independencia de los jueces y magistrados no podrá impedir que la Justicia se abra paso y repare en lo posible el daño causado, por más que no se pueda aspirar a otra cosa que no sea la restitución de la verdad de lo sucedido frente al relato gubernamental de que la pandemia, su mortandad y su ruina económica nos vino por sorpresa sin que nada se pudiera hacer para evitarlo. No es así y los hechos, poco a poco, lo irán demostrando. Estaban los informes de Sanidad, luego borrados, y las advertencias desatendidas de la OMS y de la agencia europea. Pero los prejuicios ideológicos, como trágala al adversario, parecieron mucho más importantes.