Iglesias y los separatistas elegirán el CGPJ

Pedro Sánchez pondrá en el disparadero de la sospecha a los magistrados que nomine

De consumarse la tropelía, cabe suponer que los nuevos magistrados y juristas de reconocido prestigio que se integren en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quedarán marcados por el palmario partidismo de su elección. Es, sin duda, la consecuencia más dañina de la trágala que pretende el Gobierno, puesto que pondrá inevitablemente en el disparadero de la sospecha a profesionales de larga trayectoria y supuesta rectitud de ejercicio. No son los jueces, por supuesto, espíritus puros, inmunes a la servidumbre de la propia ideología, pero, cuando menos, el actual sistema de elección del CGPJ, al exigir una mayoría parlamentaria cualificada, permitía soslayar los perfiles de los candidatos más significados para la opinión pública. En definitiva, flaco favor se le hará a la Justicia si prende en el ánimo social la especie de un órgano de gobierno de los jueces marcado por la afinidad partidista.

Nada de esto hace mella en un Ejecutivo como el que preside Pedro Sánchez, condicionado directamente por un partido de la ultraizquierda populista, cuyo concepto de la independencia judicial bebe de las fuentes del socialismo bolivariano de Nicolás Maduro, y cuya estabilidad depende de unas formaciones nacionalistas que ven en la Justicia el obstáculo mayor para alcanzar sus fines o, cuando menos, garantizarse la impunidad tras sus fracasos. Si esa mayoría, la de la moción de censura, va a ser determinante en la próxima elección de los miembros del CGPJ y, por ende, en los nombramientos de los más altos tribunales que nadie se llame a engaño sobre el golpe de mano que se cierne desde la izquierda y el separatismo sobre el Poder Judicial. Porque asistiremos al clásico festival de hipócritas protestas de neutralidad por parte de los medios gubernamentales, los mismos que justifican en un supuesto bloqueo del PP, que, en todo caso, sería biunívoco, la toma de un atajo legislativo, el de la proposición de Ley, que no sólo evita al Gobierno el incómodo turno de consultas con el Consejo de Estado, el propio CGPJ y el Consejo Fiscal, sino que acelera notablemente los tiempos de tramitación parlamentaria.

Unas prisas que, de cara a buena parte de la opinión pública, no es posible desvincular de los problemas judiciales que acosan a Unidas Podemos y, en especial, a su máximo dirigente, Pablo Iglesias, que ya han tenido que ser reprendidos en tres ocasiones por injerencias graves en la actuación de los tribunales. Por último, pero no menos importante, nos hallamos ante un flagrante desprecio al espíritu que animaba a los padres de la Constitución que en absoluto pretendían la sumisión del CGPJ a una mayoría partidaria, que nuestro sistema electoral convierte en gubernamental.