Opinión

La anomalía española en la crisis de Ucrania

Editorial La Razón

España, junto con Malta y Chipre, se ha convertido en unos de los pocos socios de la UE reacios a reforzar las capacidades defensivas de las fuerzas armadas ucranianas, pese a que nuestro país dispone de una notable industria bélica, participa con unidades propias en el refuerzo de la OTAN en el área del conflicto, ha condenado sin ambages la agresión rusa y ha apoyado claramente las sanciones económicas contra el complejo cívico-militar ruso.

Por supuesto, esa reticencia a ayudar militarmente a Ucrania no ha pasado inadvertida ante la opinión pública internacional y tiene su reflejo en el sistemático orillamiento de nuestro Gobierno de todas las reuniones multilaterales que se han celebrado en torno a la crisis de Ucrania. Se nos dirá que la posición española siempre ha estado representada por las instituciones comunitarias, pero, lo cierto, es que nuestro peso en la política internacional no es el que correspondería a un país con enormes inversiones en el exterior, que tiene algunas de las multinacionales más fuertes en el campo de la energía y de las telecomunicaciones, y cuyas fuerzas militares vienen participando en misiones en el extranjero, tanto bajo mandato de la OTAN como de Naciones Unidas.

Nos hallamos ante una realidad palpable que la propaganda gubernamental trata sistemáticamente de desvirtuar y que tiene su origen en lo que podríamos denominar la «anomalía española», por cuanto se trata del único país de todos los que componen la Alianza Atlántica que tiene en su Ejecutivo a representantes comunistas o, en su caso, a miembros de una izquierda radical que no oculta su alineación con las posiciones antioccidentales de regímenes como el iraní o el venezolano.

No es que Unidas Podemos, en virtud de un acuerdo interno con el PSOE, haya vetado la entrega de armamento español a Ucrania, tal y como revela LA RAZÓN, es que los socios parlamentarios del Gobierno de coalición –desde Bildu a los independentistas catalanes– no tuvieron ayer el menor empacho a la hora de votar en el Parlamento Europeo no sólo contra la petición de Kiev de integrarse en la Unión Europea, sino contra la extensión de las sanciones a Moscú, el refuerzo militar de los ucranianos y su asistencia financiera. Es decir, una postura que va mucho más allá de la equidistancia de sus declaraciones públicas, para convertirse en un apoyo inequívoco al Kremlin. Cuando se gobierna con unos partidos que, contra toda evidencia, responsabilizan a la OTAN y a los propios ucranianos de la agresión rusa; exigen públicamente la disolución de la Alianza Atlántica y rechazan las medidas de represalia contra Vladimir Putin resulta difícil que no cunda en el exterior la desconfianza. No dudamos del compromiso del presidente del Gobierno en la defensa de la soberanía de Ucrania, pero entendemos la precaución de nuestros socios.