Unos presupuestos, fruto del voluntarismo

Con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) encarando el tramo final, sorprende el optimismo de los distintos portavoces gubernamentales que dan por hecho, como es el caso de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un cercano acuerdo, pese a que los «flecos» que quedan por ajustar entre ambos socios de Gobierno no son, precisamente, menores, puesto que suponen un incremento del gasto público, en principio, no previsto. Tampoco tranquilizan las palabras de la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, cuando afirma que los próximos PGE «se dan la mano» con la actual política fiscal, que si por algo se caracteriza es por los cambios de criterio provocados, no por rigurosos análisis de la coyuntura, sino por unas encuestas electorales que auguran malos resultados para los socialistas en las comunidades que aún gobiernan.

Si al baile de los impuestos, con el valenciano Ximo Puig como maestro de esta ceremonia de la confusión, se suman las advertencias del Banco de España y de la AIReF, organismos que mantienen mayor grado de independencia frente al Gobierno, en el sentido de que hay síntomas de evidente de debilitamiento de la economía española, que, además, es de las pocas de Europa que no ha conseguido recuperar los niveles de producción y consumo interno previos al varapalo de la pandemia, habrá que colegir que, una vez más, nuestro Ejecutivo opera presupuestariamente sobre el voluntarismo y sobre unos datos de ingresos públicos al alza, pero que son, en su mayor parte, el resultado de una inflación como no se había visto en décadas que, a la larga, reducirán aún más el crecimiento.

Por supuesto, es de sobra conocida esa posición cínica que mantiene que los Presupuestos se hacen para no cumplirse, pero no es más que la admisión resignada de un mal, al parecer, inevitable: que el principal instrumento de la gestión pública de un país se haya convertido en un trasunto de la pugna política partidaria, donde lo que menos cuenta es el interés general de la Nación.

Así, volveremos a escuchar la vieja cantinela de la izquierda de unas cuentas expansivas en lo social, imprescindibles para el mantenimiento del Estado de bienestar y fiscalmente progresivas, cuando la realidad es la de un Gobierno que no deja de apretar impositivamente a las clases medias, a los hogares y a las empresas, mientras se muestra incapaz de reducir un creciente gasto público destinado, no a los servicios públicos, sino a la financiación de unas políticas ideológicas de dudosas virtudes. Como ocurre siempre en estas circunstancias, los afectados, es decir, el cuerpo social, se defenderán reduciendo las inversiones y el consumo a lo imprescindible, en un bucle sin solución de continuidad, que pronostica la inevitable recesión económica.