Más gasto en año electoral, un clásico

Cualquier análisis de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) debería partir de un hecho contable mayor, como es que sólo el gasto en pensiones supone más de 190.000 millones de euros. A partir de ahí, las cifras palidecen, con la excepción del capítulo del desempleo, que costará otros 21.000 millones de euros, una vez que el Gobierno parece resignado a que la tasa de paro no baje del entorno del 12 por ciento, la más alta de la Unión Europea.

Así pues, atendidas en lo posible la Sanidad, la Educación y la Defensa, no tiene mucho margen de gasto el Ejecutivo, por más que, en sus previsiones, haya consignado un incremento de los ingresos fiscales del 7,7 por ciento, con el IRPF y el impuesto de sociedades a la cabeza –la mayor recaudación de la historia–, y cuente con la puntual llegada de los fondos europeos. Ahora bien, como el próximo ejercicio presupuestario coincide con un año electoral, en el que se suceden elecciones autonómicas, municipales y generales, sería caer en angelismo pedirles a los responsables de las cuentas públicas un mínimo de rigor, más, cuando hablamos de un Gabinete de izquierdas, en minoría parlamentaria y con el fuerte ingrediente populista que aporta uno de sus socios.

Habrá, por lo tanto, más déficit, la deuda pública seguirá disparada y el crecimiento del PIB trabado por la crisis económica. A cambio, una serie de ayudas sociales, tan tasadas a la baja que, por sí mismas, no solucionan los problemas de nadie, pero que en su conjunto suponen un coste de dinero público de difícil justificación, salvo la de llenar de contenidos diversos la propaganda electoral del Gobierno. Pero, hay que insistir en ello, lo que se vende como los presupuestos más sociales de la historia, con su «paguilla» a los funcionarios, se viene abajo ante la resignación de los poderes públicos a seguir sufriendo un paro tremendo, desmedido en el caso de los más jóvenes.

No pueden ser «sociales» unos presupuestos que no tienen en cuenta a las clases medias y al sector empresarial, más que para exprimirles a impuestos. Y no pueden ser sociales mientras el mayor problema social de España, del que se derivan todos los demás, es la falta de oportunidades de trabajo, de empleos dignos y salarios justos que padece buena parte de la población. Sin embargo, son los denostados empresarios, los profesionales medios, los sufridos autónomos, los agricultores a quienes un gobierno que se «preocupe por la gente» debería cuidar, impulsando la actividad económica y el crecimiento general de la Nación. Aunque sólo sea para que los jóvenes trabajadores no dependan de los 200 euros del estado para poder pagarse un alquiler barato. No hay que irse muy lejos para entender lo que decimos. En la misma Portugal, con gobierno socialista, se apuesta fiscalmente por su tejido empresarial.