Editorial

Sánchez señala la puerta a Podemos

Ni Irene Montero ni Ione Belarra, que son las cabezas visibles de la formación morada, están dispuestas a perder sus sillones, y no sólo por los sueldos

Si bien no es la solución ideal, que la violencia o la intimidación vuelvan a ser factores clave a la hora de establecer la horquilla de penas para los delitos sexuales en el Código Penal supone una rectificación en toda regla de la obra legislativa estrella del Ministerio de Igualdad y una clara desautorización de su impulsora, la ministra Irene Montero, enrocada en un artificio jurídico infumable.

Pero más allá del recorrido que tenga la contrarreforma socialista, que podría requerir del apoyo parlamentario del Partido Popular, políticamente problemático para ambas formaciones, nos hallamos ante un cambio en el paradigma de la cohabitación en el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, por el que los socios de la izquierda populista imponían a la sociedad su visión extremada del animalismo, el feminismo y la economía «social» y los socialistas perdían los votos.

Desde esta perspectiva, y a medida que se aproximaban las citas electorales y las encuestas electorales acusaban la caída de la intención de voto del PSOE, era de esperar que La Moncloa pusiera pie en pared más temprano que tarde. Ha sido con el escándalo de la «ley del sí es sí», con una opinión pública atónita por las rebajas de penas y excarcelaciones de los delincuentes sexuales, pero podría haberse producido igualmente con la tramitación de la ley de Bienestar Animal, la de Vivienda o la de Seguridad Ciudadana, cuyas propuestas de máximos por parte de la formación morada venían promoviendo el rechazo de una parte significativa del electorado socialista.

Por supuesto, en este caso ha influido un factor político nada desdeñable, como es que la ciudadanía comenzaba a asumir que la responsabilidad del fiasco de la ley no era exclusiva de los socios podemitas, sino que alcanzaba al Gobierno en su conjunto, especialmente, al ministro de Justicia de la época, Juan Carlos Campo, hoy, magistrado del Tribunal Constitucional por designación del Ejecutivo. En la práctica política al uso en las democracias occidentales, la decisión de enmendar la plana por las bravas a una ministra del Gabinete se hubiera traducido en la dimisión irrevocable de la afectada o en una crisis mayor, pero no parece que vaya a llegar la sangre al río, al menos, hasta que el calendario electoral esté mucho más avanzado.

Ciertamente, Pedro Sánchez ha señalado dónde está la puerta de salida a sus socios, pero desde la presunción de que ni Irene Montero ni Ione Belarra, que son las cabezas visibles de la formación morada, están dispuestas a perder sus sillones, y no sólo por los sueldos. Tratarán de apurar los tiempos y, sin duda, exacerbarán su discurso contra el PSOE, tratando de identificar a los socialistas con los populares. Tal vez, sirva para entretener a su parroquia, pero han mostrado al inquilino de La Moncloa un flanco débil, que aunque sospechado no es menos gravoso.