La CEOE pierde autoridad moral

La regulación laboral del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que de problemático autónomo ha pasado a un contrato de asalariado, plantea algunas consideraciones éticas y funcionales que es preciso abordar. En primer lugar, el incremento de su sueldo, que será de 380.000 euros anuales, es decir, unos 31.000 euros mensuales, supone una subida del 8,5 por ciento con respecto a sus emolumentos anteriores, cuantía que casa mal con una situación inflacionaria como la que atraviesa España, que castiga, por supuesto, a los trabajadores, pero también a un amplio sector de los empresarios que apenas puede hacer frente al incremento de los costes de producción y al aumento de la presión fiscal sobre los salarios.

Si desde la dirección de la patronal, que recomendó limitar la subida del SMI al 4 por ciento y que no puede ignorar que la mejora salarial media de los nuevos convenios colectivos está en el 3,5 por ciento, se actúa con tal liberalidad con su primer funcionario, se pierde cualquier autoridad moral que pudiera alegarse en una mesa negociadora con el Gobierno y el resto de los agentes sociales.

En segundo lugar, pero no menos importante, hablamos de un sueldo que supera los estándares de alta dirección en aquellos organismos que, como la CEOE, reciben la parte del león presupuestario de los fondos públicos, lo que popularmente se conoce como disparar con pólvora del Rey, cuestión que difícilmente será bien entendida por una ciudadanía que sufre desde hace dos largos años la pérdida constante de poder adquisitivo.

Con un problema añadido, y no menor, al menos, en lo que a la estética social se refiere, puesto que en 2021, con los peores efectos de la crisis pandémica operando sobre la economía, el Gobierno que preside Pedro Sánchez multiplicó generosamente las subvención pública a la CEOE de 2.5 millones de euros a más de 15 millones, legitimando, en cierto modo, las sospechas de que la aprobación de la nefasta reforma laboral impulsada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no encontró la resistencia por parte de la patronal que cabía esperar.

En las actuales circunstancia, no es posible ocultar que el ninguneo del Gobierno de coalición social-comunista a los intereses de los empresarios, patente en la última subida del SMI, acabará siendo una constante en el tramo final de la legislatura. Más acusada aún, si a los sectores más extremos del arco parlamentario, como Unidas Podemos, que no han dejado de elevar el tono contra los emprendedores, hasta llegar al insulto descarnado, la propia CEOE les proporciona la munición para las campañas de demagogia. Flaco favor acaba de hacer Antonio Garamendi al conjunto de las empresas españolas. Y mucho más flaco, si cabe, al prestigio de una institución que debería estar comprometida con quienes crean riqueza en medio de demasiadas dificultades.