El feo espectro de la amnistía aún está ahí

Parafraseando a Monterroso, cuando hoy se abran las urnas en Cataluña, el espectro de la amnistía todavía estará ahí, condicionando en buena medida el normal desempeño de nuestras instituciones democráticas y, desafortunadamente, la convivencia de los españoles. Tras su paso por la Comisión del Senado, la medida de gracia pasará el próximo martes al pleno de la Cámara Alta para ser rechazada y devuelta al Congreso gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.

En el ínterin, la opinión pública ha asistido al espectáculo nada edificante de un Gobierno de la nación maniobrando en la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los órganos consultivos para hacer pasar por legítima y constitucional lo que su propio presidente, Pedro Sánchez, rechazaba con firmeza antes de que el resultado de las elecciones generales dejara su presidencia a los pies de los votos de Junts y del principal beneficiario de la amnistía, el expresidente y de nuevo candidato de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

La oposición, con el respaldo, todo hay que decirlo, de la mayor parte de los juristas de este país, incluidas la principales asociaciones profesionales de jueces y fiscales, ha prolongado los trámites en el Senado hasta lo que permite la ley, pero esta labor, que desde los sectores gubernamentales se califica de «filibusterismo parlamentario», toca a su fin. No ha sido inútil porque ha permitido que lleguen a la ciudadanía los argumentos y los dictámenes de los especialistas en Derecho que la poco regular tramitación parlamentaria en el Congreso había hecho ocultar.

También, porque ha conformado un corpus jurídico que puede servir de referencia en el marco de la Unión Europea, donde se librará la última batalla, dado que la mayoría de los españoles dan por supuesto que la decisión de nuestro Tribunal Constitucional viene predeterminada desde el momento en que los partidos del poder consiguieron constituir el tribunal con una mayoría «progresista», con vinculaciones antiguas a los gobiernos socialistas y bajo la presidencia de un magistrado como Cándido Conde-Pumpido, que ejerció siete años como fiscal general del Estado, nombrado por un Ejecutivo del PSOE.

Con todo, si el relato gubernamental, diseminado con constancia digna de mejor causa por los equipos de propaganda de La Moncloa, que habla de concordia y cierre de heridas, no ha conseguido calar en el ánimo de la mayoría de la opinión pública, que interpreta, correctamente, que nos hallamos ante un mero acto de comercio del voto, tampoco la sentencia que dicte el alto tribunal servirá para blanquear la actuación del Gobierno. Dividirá, como ahora, a los ciudadanos y, lo que es más grave, supondrá una recusación a la labor desempeñada por nuestros tribunales de Justicia y un desprecio al principio de igualdad de los españoles ante la ley. Sí, seguirá ahí...