No deja de provocar inquietud y cierta tristeza que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, es decir, la figura más destacada del sistema judicial español, haya tenido que salir a la palestra a recalcar lo que es obvio en cualquier democracia que se precie, que «las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales son impropias de un Estado democrático avanzado y minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia».

Es, exactamente, lo que se viene haciendo desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez, con algunas actuaciones ministeriales que rayan la injuria y entran de lleno en la calumnia, pero no es sólo contra lo que se han levantado jueces y fiscales en la jornada de ayer, con un paro simbólico cuya trascendencia no conviene desdeñar, sino también contra el incalificable intento gubernamental de modificar el sistema de acceso a la judicatura, devaluando las condiciones de mérito y capacidad que deben demostrar los aspirantes y creando un nuevo «cuarto turno» con el que conformar un cuerpo de jueces, hay que decirlo a las claras, que se presupone próximo a las políticas progresistas de la izquierda actuante, cada vez más obsesionada con el control de un sistema judicial que es feliz garantía de la igualdad ante la ley de los ciudadanos y baluarte en todas las democracias acosadas por los populismo, como está sucediendo en España.

Pretender desde un Gobierno en minoría, rehén de unos partidos nacionalistas que han tenido graves problemas con la Justicia y enfrentado a una multiplicidad de investigaciones por corrupción y nepotismo, modificar aspectos fundamentales de la carrera judicial o de las leyes que regulan el procedimiento de investigación criminal no es sólo una huida hacia adelante de quien se ve con el agua al cuello por su propia incompetente soberbia, sino un grave ataque a los fundamentos de las democracias representativas.

No vamos a caer en exageraciones retóricas o en comparaciones estrambóticas con otros procesos políticos que desembocaron dramáticamente en la pérdida de las libertades ciudadanas, entre otras razones, porque formamos parte de la Unión Europea, donde la separación de poderes y la garantía de la independencia judicial forman parte de su sustancia jurídica, pero sí debemos advertir que la deriva gubernamental está erosionando la confianza en la Justicia y, por lo tanto, en el propio sistema democrático. Sin embargo, cuando amplios sectores de la opinión pública se sienten desconcertados por una visión de la conquista y retención del poder político en la que no parece existir frontera moral alguna, que los jueces y fiscales salgan a la calle demuestra que la sociedad española todavía no ha tirado la toalla.