El Rey, en la lógica constitucional

La decisión del Jefe del Estado venía condicionada por un hecho incuestionable, que ninguno de los candidatos que se proponían para intentar la investidura, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, contaban, al menos, en el momento presente, con la mayoría suficiente para garantizar su elección como presidente del Gobierno por parte del Parlamento.

Ciertamente, el líder socialista le planteó a Su Majestad, actuando a modo de portavoz oficioso de la formaciones nacionalistas que, voluntariamente, habían rechazado participar en el procedimiento consultivo, su convicción de que, al igual que había sucedido con la elección de la Presidencia del Congreso, podría obtener los apoyos precisos.

Pero esa realidad viene condicionada por una serie de exigencias de las formaciones separatistas catalanas, especialmente de Junts, difícilmente aceptables si se quiere respetar el marco constitucional. Nos referimos a la contrapartida exigida de un referéndum consultivo de independencia, al que no vemos encaje legal posible, y a la demanda de la problemática amnistía. Por supuesto, el jefe del Gobierno en funciones no se ha cerrado a la propuesta de Puigdemont, siempre que se pueda llevar a cabo en el marco constitucional –lo que no es imposible, dada la actual mayoría «progresista» del TC y la probada experiencia profesional de su presidente, Cándido Conde Pumpido–, pero existe cierta coincidencia entre los expertos juristas en las dificultades de articular una medida de gracia de tal naturaleza.

No dudamos, por supuesto de que las minorías vasca y catalana prefieren una presidencia del Ejecutivo debilitada por su minoría parlamentaria, pero ni son un bloque cerrado –no lo es tampoco Sumar– ni defienden los mismos intereses. Frente a esta situación, ciertamente peculiar, Su Majestad tenía constancia cierta de los apoyos parlamentarios que había recibido el candidato popular tras las consultas pertinentes con los representantes de Vox ,CC y UPN, que dejaban a Núñez Feijóo a cuatro escaños de la mayoría absoluta. Es decir, 172 escaños, frente a los 152 confirmados por Pedro Sánchez.

Con un factor añadido, que Núñez Feijóo era el candidato a la investidura que había ganado las elecciones con claridad, lo que en el juego democrático es, sin duda, una realidad a tener en cuenta. En cualquier caso, la decisión del Jefe del Estado se ajusta a la realidad que le han trasladado las formaciones políticas que han acudido a la proceso de consultas. Otras hipótesis, declaraciones o cálculos carecen de cabida en el procedimiento constitucional que el Jefe del Estado conoce a la perfección. Ha designado a Alberto Núñez Feijóo que, ahora, deberá buscar los apoyos necesarios para el debate de investidura. Esperemos que la presidenta del Congreso mantenga la neutralidad que requiere su cargo a la hora de marcar los tiempos.