El Senado como dique al rodillo sanchista

Alberto Núñez Feijóo ha entendido la dimensión y el alcance de la crisis política e institucional a la que Pedro Sánchez ha empujado a la nación en la legislatura que acaba de arrancar. La elección de las direcciones de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, el perfil de sus componentes, hablan de un periodo de confrontación y resistencia contra los embates al estado de derecho y del ejercicio de una oposición frontal y firme contra quienes han decidido violentar el orden constitucional con un ataque sin precedentes a la división de poderes y a la independencia judicial en compañía de los acérrimos enemigos de la España constitucional. Nos parece un equipo consistente, competente y equilibrado, que debe ser capaz de reanimar al poder Legislativo como expresión de la soberanía nacional y fuente de legitimidad. Debemos reiterar que en esta pendiente de decrepitud institucional por la que la izquierda gobernante nos desliza, siempre nos ha resultado especialmente detestable la mordaza aplicada a las Cortes Generales desde La Moncloa, merecedora incluso del baldón de la inconstitucionalidad en un fallo sin precedentes en democracia por parte del tribunal de garantías. Hoy, con la elección de una hooligan del sanchismo como Francina Armengol, sin los mínimos requisitos para recibir el honor y la responsabilidad como tercera autoridad del Estado, el apagón del Congreso resulta si cabe más descarado y tenebroso como una herramienta servil de Frankenstein y sus estrategias contra la oposición, al menos la mitad de los españoles y, especialmente, los jueces y los magistrados que ha situado en su punto de mira. En estas circunstancias, el Senado está obligado a jugar ese papel clave en cuanto a la puesta en marcha de un regeneracionismo institucional y político. Esa hegemonía absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta, que sintetiza la mayoría social a la que el sanchismo ha decidido asfixiar con un cordón sanitario, debe ser un dique y un baluarte en defensa del estado de derecho. Como publicamos hoy en páginas de Nacional, la ley de Amnistía y los Presupuestos Generales del Estado constituyen dos proyectos clave para Pedro Sánchez como cláusulas de sus opacos compromisos con sus socios de investidura. Los planes populares para frenar, desgastar y vetar esas iniciativas cruciales para el sanchismo, pero contrarias al interés general, conforman una réplica ajustada e imprescindible. Nada retrata más la voluntad cesarista de un líder que instrumentalizar una alianza tendenciosa con los enemigos del pueblo, producto de un fraude democrático y de un engaño pertinaz, contra la expresión y la voluntad mayoritarias de ese mismo pueblo. La oposición tiene el mandato popular y el deber de desenmascarar las maniobras del Gobierno al servicio de unos pocos y en contra del bien común.