El paso dado por la Fiscalía con una maniobra que trata de impedir que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los correos electrónicos de Begoña Gómez explicaría, según ciertas fuentes, el hecho de que el fiscal general del Estado, imputado, siga aguantando en el puesto. Se trataría, aventuran, de seguir manteniendo a alguien de confianza controlando el Ministerio fiscal en un momento delicado de la investigación judicial sobre la esposa del presidente del Gobierno. Ya es bastante llamativo, por cierto, que la petición de la Fiscalía coincida al cien por cien con la petición del abogado de Gómez, el exalto cargo socialista Antonio Camacho.