La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (?), Sara Aagesen, siguió ayer el manual de resistencia monclovita y explicó las causas del gran apagón del 28 de abril como una conjunción de errores cometidos por Red Eléctrica y las empresas generadoras, cuyos nombres no hizo públicos «por ser secreto de Estado», aunque lo más probable es que tratara de cubrir al Ejecutivo de posibles demandas por vía judicial de las firmas perjudicadas.

No recae, pues, responsabilidad alguna en el Gobierno, como siempre víctima de la incompetencia o la maldad de los otros, y sólo cabe ponerse manos a la obra para impedir que vuelva a repetirse una circunstancia similar. El problema estriba, a poco que se analicen las medidas de corrección propuestas, en que algunas de ellas, como el aumento de las interconexiones con Francia, llevan décadas formuladas pero en el limbo diplomático, y otras, como los equipos de protección en caso de oscilaciones de tensión, debían haberse implementado a medida que se iba desarrollando el parque de fuentes renovables, eólica y solar, precisamente, para evitar lo sucedido.

Pero no. El Gobierno, bajo el fervor climatológico de la actual comisaria europea Teresa Ribera, ha puesto todo su empeño en acelerar una transición energética hacia la descarbonización de la producción de electricidad desde unos presupuestos ideológicos enfrentados a cualquier planteamiento racional del desafío a enfrentar. Y lo ha hecho desde el poder que le concede operar en un sector industrial, el de la producción de electricidad, hiper regulado, en el que la manipulación de los precios desde el Consejo de Ministros no sólo distorsiona las normas del libre mercado en perjuicio de los consumidores, sino que, por lo sufrido el 28 de abril, impide la eficaz coordinación de las distintas fuentes generadoras.

Prueba del delirio ideológico al que nos referimos es la decisión de prescindir de la energía nuclear en un plazo de cinco años, obviando que se trata de una fuente de respaldo segura, versátil y, sin la extorsión fiscal a la que está sometida, que es demencial, muy competitiva, por ejemplo, sobre las centrales de ciclo combinado. Una vez más es preciso insistir en que no se trata de elegir por fuerza entre las fuentes de generación eléctrica, sino de combinar las ventajas de cada una de ellas, mientras se avanza juiciosamente hacia la plenitud de las energías esencialmente renovables, que es el objetivo de un país que carece de petróleo y gas. Es un planteamiento lógico con el que nadie en su sano juicio puede disentir. El problema es cuando se convierte en una «carrera» con vistas a la propaganda gubernamental y se pierde de vista, como ha hecho Red Eléctrica, los déficits técnicos y los condicionantes operativos del viento y el sol, que no se pueden almacenar ni responden a otra demanda que la naturaleza.