Celaá dice que no se va a desalojar al castellano de las aulas porque su ley “está de acuerdo con la Constitución”

Educación niega que sea un ataque a la concertada crear plazas públicas en la etapa de cero a tres años

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel CelaáPOOL. Ángel Navarrete. El Mundo POOL. Ángel Navarrete. El Mundo

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que la reforma educativa que se tramita ahora en el Congreso de los Diputados “está lejos de desalojar al castellano y las lenguas cooficiales de las aulas porque la ley está de acuerdo con la Constitución”, ha dicho tras un encuentro con los medios de comunicación para informar sobre los presupuesto en Educación. El objetivo, según Celaá, es que, al final de la Enseñanza Secundaria todos los alumnos tengan destrezas suficientes con el castellano y las lenguas cooficiales. Y, en caso contrario, “se incorporarán medidas compensatorias en aquellas zonas donde haya necesidad de fortalecer el castellano o la cooficial porque vivimos en un mundo multilingüe y hay que trabajar las lenguas”.

La ministra ha rechazado que la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC que pretende que el castellano deje de ser lengua vehicular tenga algo que ver con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. “El presupuesto y la actuación del Ministerio es autónoma, no depende de nada. Se trabaja para el bien de los alumnos y su mejor capacitación profesional”.

Por otra parte, el secretario de estado de educación, Alejandro Tiana, negó que incrementar el número de plazas públicas en la etapa de cero a tres años sea un “ataque a la concertada. Estamos hablando de creación de plazas no de sustitución. Los datos que tenemos dicen que el sector de población con problemas es el de menor nivel de renta”. Se trataría así de “escuelas infantiles nuevas o ampliación de las que ya existen para dar cobertura a la población más vulnerable que necesita plazas”.

Preocupación en el profesorado

Mientras, los profesores observan con preocupación la deriva que está tomando la “ley Celaá” a su paso por el Congreso. Así, el sindicato de profesores ANPE ha denunciado la falta de diálogo y negociación en la tramitación de la ley. “El Gobierno quiere acelerar los plazos para conseguir la aprobación de la Lomloe lo antes posible con una tramitación de urgencia que ha vetado en todo momento, la participación a la comunidad educativa”.

También lamenta que se estén adoptando medidas que, a su juicio, ahondan en la desvertebración educativa. Y pone como ejemplo el RD-Ley 31/2020 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, que recoge explícitamente que la promoción y titulación no quedará supeditada a la existencia de materias suspensas y se traslada la responsabilidad de modificarlos a las comunidades autónomas y en última instancia a los centros y equipos docentes. “Esto produce una vulneración del principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación. Esta decisión agravaría la brecha ya existente entre las Comunidades Autónomas”.

En la misma línea, lamentan “la pérdida de los contenidos comunes que adelgazan el currículo básico y común que corresponde al estado” y que la enmienda pactada deje que el castellano ya no sea lengua vehicular en toda España. “El castellano es la lengua oficial de todos los españoles, un derecho básico y fundamental. Y el Gobierno de España debe proteger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos. La desaparición del castellano como lengua vehicular afecta también al carácter estatal de los cuerpos docentes”.