El Congreso post 20-D debatirá la reforma de la Constitución antes del verano

El PP participará en la ponencia, pero confía en obtener los 117 escaños necesarios para bloquear la modificación

La próxima legislatura estará marcada en el ámbito político por el debate sobre la reforma constitucional. Salvo una sorpresa que pulverice todas las encuestas publicadas y las previsiones que manejan en todos los partidos, el PP no podrá impedir que se constituya en el Congreso de los Diputados una ponencia para estudiar la reforma de la Carga Magna. Para su aprobación, basta con que haya más votos a favor que en contra, y en principio sólo el PP se opone. Los votos de la izquierda más los de Ciudadanos, a los que se sumarían los diputados nacionalistas, por irrelevante que sea su representación según las encuestas, serían suficientes para que saliese adelante.

Defensa de la Constitución

El Partido Popular no lleva la propuesta de reforma constitucional en su programa, pero fuentes de la dirección confirman que si la ponencia se pone en marcha, ellos participarán en los trabajos para defender su posición. A las elecciones el PP se presenta con una defensa expresa de la Carta Magna en su programa electoral. Reivindica su plena vigencia y el reformismo lo dirige hacia la Ley de Símbolos, para reforzar su protección, y a la Ley Electoral, para promover la segunda vuelta en las elecciones municipales, que ha defendido durante esta Legislatura, pero que no ha podido poner en marcha por falta de acuerdo con los socialistas.

No obstante, el partido de Mariano Rajoy se sentará en la ponencia parlamentaria y, en principio, su posición de partida, de darse este escenario, estaría inspirada en el informe del Consejo de Estado que este órgano consultivo emitió en 2006. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero amagó con activar la modificación de la Constitución en un guiño al tripartito del que entonces dependía el Gobierno catalán. Rodríguez Zapatero guardó en un cajón aquel informe porque le planteaba un problema con los nacionalistas.

De hecho, el Consejo de Estado proponía delimitar en la Constitución las competencias de las comunidades, que, a su juicio, eran superiores a las de los Estados federales, y defendía aprovechar la reforma para delimitar las competencias del Estado «frente a los riesgos que genera la apertura del sistema». Ya entonces, antes de que el Estatut llegara al Congreso, el Consejo de Estado advertía de que no cerrar el sistema competencial español podía generar riesgos de crisis. El informe, como había solicitado el Gobierno socialista, también abordaba la reforma del Senado, la sucesión de la Corona y la integración de España en la Unión Europea.

Las propuestas de reforma constitucional de los partidos que la promueven no tienen un común denominador, en algunos casos son hasta opuestas, partiendo, además, de posiciones bastante genéricas algunas de ellas, como la que defiende el Partido Socialista. Esto aleja la confianza en que estas iniciativas concluyan en un acuerdo. Si se cumplen los sondeos, el PP no tendría votos suficientes para impedir que se abra oficialmente el debate, pero si llega a los 117 escaños en el Congreso (350/3) sí podría bloquear cualquier reforma, o si obtiene la mayoría absoluta en el Senado. En la Cámara Baja, para aprobar el cambio se necesitan dos tercios, luego con un tercio más uno se paraliza. «Podemos no gobernar, pero tener minoría de bloqueo», sentencian en el Partido Popular.

Y es que en la dirección popular no necesitaban que Pedro Sánchez hiciera un guiño al «todos contra el PP» para que ya barajaran el escenario de que si PSOE y Ciudadanos suman más que ellos, aunque el PP sea la primera fuerza, es muy posible que lleguen a un acuerdo para gobernar, aunque no alcancen la mayoría absoluta. Para gobernar no la necesitan, ya que en la investidura del nuevo presidente les basta con tener más síes que noes. «Y ya me dirás quién no vota “sí” con la alternativa de Rivera presidente», comentan desde las filas del PP. La abstención de todos para favorecer el posible pacto Ciudadanos-Podemos es una opción «verosímil», apostillan.

No obstante, de aquí al 20 de diciembre todavía hay «pelea». Por el voto indeciso y también por el voto útil. El Partido Popular, por ejemplo, confía en que éel voto útil juegue a su favor en la recta final electoral. Y en su comité de campaña también sostienen que hay que valorar que hay voto oculto, y que éste penaliza más en las encuestas a los socialistas y a ellos, a los dos partidos tradicionales porque son los más afectados por la desafección hacia la política y por el desgaste de la gestión de la crisis.

Si Rajoy mantiene el Gobierno, entre sus primeras medidas estará la de poner en marcha en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la reforma del sistema de financiación autonómica. No evitará que los demás partidos activen el debate de la reforma de la Constitución, pero los de Rajoy intentarán rebajar la presión territorial por este camino. El debate sobre la modificación de la Carta Magna estará también muy condicionado por cómo evolucione el desafío independentista catalán y por los movimientos de la Generalitat si llega a haber un acuerdo de gobierno del bloque independentista sin necesidad de que se convoquen de nuevo elecciones.