El juez pregunta quién accedió a los ficheros públicos el 9-N

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Joan Manuel Abril, instructor de la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Educación en funciones, Irene Rigau, por continuar adelante con la consulta del 9-N pese a estar prohibida por el Tribunal Constitucional, ha citado a declarar el día 21 a dos empleados de la empresa T-Systems, contratada por la Generalitat para el 9-N, para aclarar si se usaron datos personales de bases de titularidad pública para el registro de la consulta, en contra de lo sostenido por el Govern. Uno de esos empleados, Bernar R. R., fue el responsable de coordinar los trabajos desarrollados por esa empresa para la Genralitat, mientras que su compañero Alejandro N. G., fue el redactor del análisis que requería los «requerimientos funcionales para Invictus», que fue el proyecto utilizado por la Generalitat mediante el cual utilizó ficheros de datos públicos que contenían datos personales para impulsar la citada consulta.

Junto a ello, el instructor también accede a las distintas pruebas documentales solicitadas por el fiscal, entre las figura requerir secretario general del Departamento de Presidencia de la Generalitat para que le informe sobre si la base de datos contenida contenidas en el citado proyecto Invictus «fueron efectivamente creadas», si se trataba de una base de datos de ciudadanos, «cuya carga inicial se efectuaría a partir del Registro Central de Asegurados del Servicio Catalán de Salud»; así como de la Base de Datos de la Sede de la Dirección General de Atención Ciudadana (dependiente de la Consellería de Presidencia), «cuya carga se produciría a partir del registro poblacional de Cataluña, servicio de actualización de datos y “otros orígenes”». Y es que, tal como ponía de manifiesto la Fiscalía en su solicitud de nuevas diligencias, «de resultar confirmada» la puesta en marcha por T-Systems de esa aplicación, que incluía el tratamiento de datos personales y que se instaló en los ordenadores usados en las mesas de votación del 9-N, «acreditaría la efectiva utilización en la votación del 9 de noviembre de 2014 de bases de datos con orígenes en ficheros de titularidad pública», lo que dejaría en evidencia lo declarado por los imputados.

Además, deberá especificar quiénes fueron los responsables de esos ficheros automatizados, así como los «encargados del tratamiento de los datos y cualquier autorización derivada de los anteriores» y, como aspecto muy relevante, que se informe al TSJ sobre el «instrumento y cesión de los datos contenidos en dichas bases a los efectos de su utilización en el proceso» de votación el 9-N.