La Fiscalía pide que el Supremo investigue a una diputada de JxCAT por adjudicar contratos “a dedo” presuntamente irregulares

EL mismo día que Laura Borrás ocupaba su escaño en el Congreso como diputada de JxCAT, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que se la investigue por haber adjudicado, cuando era directora de la Institución de las Letras Catalana (ILC), y «abusando de dicha función» adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria» contratos de informática , por valor de 259.863 euros, al también investigado por un juzgado de Barcelona y «amigo» suyo Isaías Herero. El Ministerio Público pide al Supremo que se solicite el correspondiente suplicatoria para que pueda ser investigada por los delitos de prevaricación, fraude ,falsedad documental y malversación de caudales.

En el informe del fiscal Javier Zaragoza se señala que, a la vista de la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, adelantada en exclusiva por LA RAZÓN, Laura Borrás, «actuando de común acuerdo y de manera concertada» con Isaías H. para defraudar a la institución que dirigía «mediante el fraccionamiento ilegal de los mismos, así como mediante la falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público». Así, entre marzo de 2013 y febrero de 2017 le adjudicó un total de 18 contratos menores. En todos ellos, añade la Fiscalía, Borrás, en su condición de directora de la ILC, «propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario” y finalmente autorizó su pago.

El informe de Fiscalía, donde pide a la Sala Penal del Tribunal Supremo que admita a trámite la exposición razonada la magistrada de Barcelona, incide al respecto en que «hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados» por la institución a favor de Herrero. Para ello, Borràs y el informático confeccionaron presupuestos falsos para que fueran aportados «a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual»

Relación personal y profesional

Y es que, señala al respecto el Ministerio Público, «al inicio de la contratación de los servicios de Isaías Herrero por la ILC, existía una relación personal y profesional previa entre éste y Laura Borrás, lo que motivó que por parte de ésta se favorecieran los intereses de aquél»; relación personal que ha quedado acreditado a través del contenido de diversos correos cruzados entre ambos. También se considera acreditado que esta relación «excedía de lo meramente profesional», como se acredita por el hecho de cooperar en la defensa de Herrero, «facilitando documentación que acreditase su arraigo económico y laboral» cuando fue detenido en noviembre de 2017.

De esta forma, Laura Borras, «abusando de sus funciones y en base a esa relación personal y profesional previa» se concertó con Isaías Herrero para «encubrir una relación contractual plurianual y recurrente entre la ILC y éste último, fraccionando de manera ilegal durante varios años y en varios contratos de importe inferior a 18.000 euros la contratación de servicios que en realidad obedecían a una misma unidad operativa o funcional, concretamente la creación, implementación y desarrollo del portal de la ILC y la creación y desarrollo de varios años literarios». De esta forma, se evitaba que la adjudicación se hiciera a través de concurso público. Así, se trataba de un «fraccionamiento ilegal que, a su vez, enmascararon mediante la adjudicación de contratos a otros proveedores supuestamente distintos» a Herrero, cuando en realidad también resultó ser el mismo adjudicatario.

“Lo jodido es si la Borrás deja de ser directora”

La Fiscalía también recoge algunos de los correos y conversaciones intervenidas a Herrero. Así, en una de ellas comenta cómo es su relación con Laura Borras y la influencia de ésta en la adjudicación de contratos: «Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí"; “(...) pero que yo tengo que hacer un presupuesto bueno y.... o sea tengo que hacer dos presupuestos buenos y cuatro de no buenos,...”; "(...) lo jodido es si la Borràs deja de ser directora...».

Queda también acreditada para el fiscal esa acción concertada, cuando Laura Borras, «contraviniendo los principios de imparcialidad y objetividad que como órgano de contratación tenía que cumplir», le pide a Herrero «que le pase los presupuestos (del portal....) y nos los miramos conjuntamente y hacemos los retoques que sean necesarios»

Estos hechos podrían constituir los delitos de malversación de caudales, prevaricación, fraude y falsedad en documento público. En relación con el más grave, el de malversación de caudales, la Fiscalía señala que «está fuera de toda duda» que con el «propósito» de enriquecer a Herrero dispuso del patrimonio de la institución que dirigía sin realizar valoración alguna a la hora de adjudicarle «todos los contratos indebidamente fraccionados, con un claro perjuicio al era público».