El PP no ve viable afrontar ahora la renovación del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial lleva ya más de un año de retraso en lo que se refiere a la renovación de sus componentes. La filtración del whatsapp de Ignacio Cosidó referente a Manuel Marchena frenó el acuerdo que ya existía entre PP y PSOE. Desde ese momento, las vicisitudes políticas no han sido, precisamente, nada favorables a esa renovación.

Ahora, con un Gobierno ya configurado y sin ningún aspecto que haga pensar que en poco tiempo estaremos de nuevo en un período electoral, parecía que las opciones de abordar esa renovación estarían más cerca que nunca. De hecho, ayer mismo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hizo un llamamiento para abordar la renovación de las principales instituciones del Estado, entre ellas, la del propio CGPJ.

Sin embargo, desde el Partido Popular se entiende que en estos momentos no se está en un escenario que permita llevar a cabo esa renovación, pero, a la vez, deja claro que no bloqueará nada. «El PP no bloquea, sino que el que lo hace es el Gobierno de la nación y su presidente, Pedro Sánchez, proponiendo como fiscal general a una persona que es inidónea por su falta de apariencia de imparcialidad». Y a ello, se añade desde fuentes de los populares, «los desmesurados ataques del vicepresidente Pablo Iglesias contra el Poder Judicial», que merecieron la reprobación del propio CGPJ.

Por ello, desde el PP se sostiene que «no se está en el escenario» de afrontar esa negociación. «El PP es un partido que Estado que cumple con la Ley y en cuanto se dé un escenario en que el Gobierno defienda al Estado y se quite las hipotecas con sus socios –en referencia a ERC–, el PP cumplirá con su función constitucional» y se sentará a negociar la renovación de órganos como el CGPJ o el propio Tribunal Constitucional.

Con todo ello, desde el PP se afirma que quien realmente bloquea esa renovación es el propio Gobierno, «con propuestas como la de Dolores Delgado», que suponen una injerencia en la separación de poderes y «la actitud frente a las reclamaciones de los independentistas».

Cese de nombramientos

Por otro lado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, acordó ayer paralizar el nombramiento de cargos judiciales «en la confianza de una pronta renovación de la institución», una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno.

Los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia.

En este momento, son cinco las plazas convocadas para las que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debía designar próximamente un titular: tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Orense.

La existencia de tres vacantes en la Sala Segunda del alto tribunal, por ejemplo, supone que el 20 por ciento de su planta –formada por el presidente y catorce magistrados– esté sin cubrir, por lo que de prolongarse en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido.

Desde que está en funciones, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados ha nombrado a diez magistrados del Tribunal Supremo para plazas que habían quedado vacantes por jubilación (en 9 de los casos) o por renuncia de su anterior titular, en el restante.