El Gobierno calcula que la Iglesia católica tendrá que pagar a los ayuntamientos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de más de 25.000 propiedades no destinadas al culto que ahora están exentas de tributación, desde fincas a garajes, pasando por casas parroquiales, colegios, cementerios, huertos, locales comerciales, pisos en alquiler o todo tipo de parcelas y solares.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo ya tiene en su poder el listado de bienes inmatriculados de la Iglesia, es decir, registrados a su nombre sin tener los títulos de propiedad, y añadió que el próximo mes de marzo iniciará la negociación con la nueva cúpula de la Conferencia Episcopal con el objetivo de cobrar el impuesto sobre estas propiedades.

¿Cuánto recaudarán los ayuntamientos del IBI que pague la Iglesia? Fuentes de La Moncloa aseguran que aún no hay estimaciones oficiales. Pero desde el Ayuntamiento de Madrid señalan que la Iglesia tiene, solo en la capital, cerca de 1.600 inmuebles y propiedades exentos del pago de ese impuesto municipal, y recuerdan que una parte de esas propiedades son pisos en alquiler que no tributan. Los expertos fiscales consultados por este diario se muestran prudentes, pero apuntan que el gravamen podría suponer a la Conferencia Episcopal un desembolso anual de entre cinco y ocho millones de euros.

Inscribir propiedades no registradas a nombre de la Iglesia era una práctica habitual en toda España desde la aprobación, en pleno franquismo, de la Ley Hipotecaria de 1946. A partir de esa fecha, los obispos podían emitir certificaciones de dominio sobre cualquier bien, excepto los templos destinados al culto, como si fueran funcionarios públicos, sin más requisito que dar fe con su firma de que el bien pertenecía a la Iglesia, es decir, sin tener que demostrar su propiedad.

«Inmatriculaciones arbitrarias»

En 1998 el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar permitió que también se inscribieran los templos, privilegio que se mantuvo hasta el año 2015. Durante ese periodo se inmatricularon lugares emblemáticos como la mezquita catedral de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la iglesia de San Juan de los Panetes en Zaragoza o las murallas de Artá en Mallorca, entre otros muchos bienes.

En 2016, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tildó de «arbitrarios» los procedimientos de inmatriculación de la Iglesia, y condenó al Estado español a indemnizar a los propietarios de una finca de Ucieza (Palencia) registrada a nombre del obispado pese a que ya tenía dueños.

En la pasada legislatura, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, explicó que la intención del Gobierno de que la Iglesia pague el IBI afectaría únicamente a las propiedades que no están puestas a disposición de la sociedad para fines de culto o actividades sociales, como las desempeñadas por Cáritas. «Pero en otras pertenencias de la Iglesia que no están desarrollando esa tarea hay que replantearse esa contribución que va a los ayuntamientos», advirtió.

La Conferencia Episcopal sostiene que la Iglesia católica no es la única que no paga el IBI. «Tampoco lo pagan las federaciones deportivas, las sedes de los partidos políticos, las comunidades hebreas y musulmanas, el Museo del Prado, los sindicatos… Claramente, por tanto, hay que decir que no existe ningún trato de favor ni ninguna condición especial para la Iglesia, y ésta paga todos los impuestos marcados por la ley. Es lógico que un Estado democrático como el nuestro promueva e incentive, también fiscalmente, a quienes trabajan en favor del bien común».