Los guardias civiles podrán acceder a una vivienda protegida en régimen de alquiler en Baleares

Los agentes desplazados a las islas ya han denunciado por activa y por pasiva sus múltiples problemas para encontrar alojamiento. No solo por las dietas, que no se actualizan desde 2005, sino por la falta de oferta asequible de vivienda. En este punto, cabe destacar el acuerdo alcanzado entre la Comandancia de la Guardia civil de Baleares y el Instituto balear de la Vivienda (IBAVI).

Según explican desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en las islas, el objetivo de este convenio es "facilitar el acceso a viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible" a los agentes destinados allí. Pero para ello, son necesarios unos requisitos específicos entre los que figuran: no tener una vivienda en propiedad en la isla donde estén destinados; que no hayan sido adjudicatarios de pabellones oficiales; y, en caso de convivientes o parejas de hecho, que tampoco tengan vivienda.

El proceso de selección será sencillo. El Instituto balear de la Vivienda hará una convocatoria abierta para cada oferta y, según señalan desde la AUGC, una comisión evaluará a los candidatos para "garantizar la transparencia, equidad y justicia en la asignación". Hay que subrayar que esta comisión incluye mandos de personal, acción social y acuartelamiento.

El Gobierno y Marlaska, ausentes

Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se felicitan por este acuerdo, ya que su objetivo siempre ha sido apoyar a los "guardias civiles que más lo necesiten y facilitar su acceso a una vivienda digna". A su juicio, este convenio representa un avance significativo para mejorar las condiciones de vivienda y el bienestar de los agentes destinados en las islas y sus familias.

"Valoramos muy positivamente este tipo de iniciativas, que reconocen y apoyan el esfuerzo diario de nuestros compañeros y compañeras, y que ayudan a dignificar su labor profesional", matizan desde la AUGC.

Sin embargo, si bien el Ejecutivo balear ha tomado medidas, el Gobierno central y el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, permanecen ajenos a este problema. Tanto es así que, por tercer año consecutivo, la partida presupuestaria destinada a la Guardia Civil se ha estancado en 3.670,9 millones de euros. Una cifra que apenas supone el 0,76% del total de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y supone una disminución del 0,80% respecto a los de 2021.