El juez que investiga a García Ortiz rechaza nuevas diligencias y despeja el camino para decidir sobre el procesamiento

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos ha desestimado la petición de nuevas diligencias solicitadas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y por la defensa del novio de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, porque considera que no aportan nada de cara a la decisión que debe tomar sobre el posible procesamiento de Álvaro García Ortiz.

De esta forma, el juez Ángel Hurtado despeja el camino -a la espera de pronunciarse sobre la declaración como testigo del ex abogado del empresario, que ha solicitado la Abogacía del Estado- para decidir si procesa al fiscal general por revelación de secretos. Investigación al fiscal general: una acusación reclama el procesamiento de García Ortiz ante la "abrumadora prueba" contra él. .

En la resolución en la que rechaza esas medidas, deja claro que las partes no tienen derecho a que se practiquen todas las diligencias que soliciten, "sino solo las que el instructor considere útiles y necesarias" para "tomar la decisión" sobre "la procedencia, o no, de dar el paso a la fase siguiente del procedimiento".

APIF, que ejerce la acusación popular, reclamó al instructor que comprobase si en la agenda del móvil de García Ortiz figura el teléfono de la exasesora de Moncloa y actual número dos del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, que envió al entonces líder de los socialistas madrileños Juan Lobato el correo en el que González Amador reconocía el fraude tributario que se le imputa y ofrecía un pacto a la Fiscalía, para que lo utilizara políticamente contra Díaz Ayuso.

No añaden nada a las diligencias ya practicadas

Pero el juez se niega a ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) que constate si ese número de teléfono, y el de varios periodistas, figura en su agenda porque la acusación popular, subraya, no explica "qué necesidad hay de tal diligencia y su eventual incidencia, una vez practicadas cuantas ya han sido practicadas, en orden a la determinación de la naturaleza y circunstancias del hecho y personas que han podido participar en él" (la filtración de datos reservados del novio de Ayuso que atribuye al fiscal general).

Tampoco cree que aporte nada reclamar a la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, los expedientes de dación de cuenta que se realizaron al fiscal general sobre la petición de información sobre González Amador. Para APIF esos documentos podían aportar "una gran información de las fechas y momentos claves para la investigación". Sin embargo, Hurtado no aprecia "la eventual incidencia que pueda tener, o hasta qué punto pueda ser relevante, de cara a la decisión de dictar el auto de procedimiento abreviado, que es lo que se nos está pidiendo" (APIF ha solicitado ya el procesamiento de García Ortiz).

En la misma línea, el instructor rechaza seguir el rastro de los metadatos de la nota que hizo pública la Fiscalía para rebatir las informaciones que apuntaban que el ofrecimiento de acuerdo con el novio de Ayuso partió del Ministerio Público, y no a la inversa.

El novio de Ayuso, el viernes

En esa nota, la Fiscalía detalló las negociaciones con el abogado de González Amador. En todo caso, el juez ya ha descartado que existan indicios de revelación de secretos en la difusión del comunicado, porque esa información ya había sido divulgada con anterioridad. Pero la representación de González Amador pretendía que se investigase cuándo se creó la nota –que García Ortiz envió por WhatsApp a Pilar Rodríguez a las 00:12 del 14 de marzo– y si el archivo fue modificado y por quién.

La respuesta de Hurtado es idéntica. "Como en el caso de la anterior acusación, una vez practicadas cuantas diligencias de investigación han sido practicadas, tampoco se nos indica la relevancia de ésta, de cara a la decisión a adoptar".

Ahora, y a la espera de su decisión sobre las diligencias solicitadas por García Ortiz -que intentan acreditar que varios periodistas ya tenían conocimiento de que la pareja de Ayuso había reconocido el fraude tributario y ofrecido un pacto a la Fiscalía 24 horas antes de ese 13 de marzo en que el juez sitúa la filtración de esos datos-, Hurtado solo tiene por delante la declaración de González Amador el viernes. Una comparecencia a la que no veía ninguna utilidad pero que acabó acordando porque la Sala Penal admitió el recurso de la Abogacía del Estado contra su negativa.

APIF: "Abrumadora prueba"

En el escrito en el que solicitó las diligencias ahora rechazadas, APIF pidió también a Hurtado el procesamiento de García Ortiz ante la "abrumadora prueba" contra él. Para la acusación popular, tras la toma de declaración de González Amador no queda ya más prueba que practicar. Unos indicios contra los dos investigados que, puso de manifiesto APIF, se vio reforzada por la negativa de los dos imputados -además del fiscal general, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, que en la recta final de la instrucción acaba de cambiar de defensa, que ya no asumirá la Abogacía del Estado sino el exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos- a contestar al juez y a las acusaciones.

"Seguimos sin saber -se quejaba- por qué el investigado Álvaro García Ortiz, sabiendo que el Tribunal Supremo había admitido la exposición razonada, procedió al borrado de su móvil". "Nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente", enfatizaba la asociación de fiscales.

La acusación popular llamó la atención sobre el hecho de que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde -mano derecha de García Ortiz y "número dos" del Ministerio Público-, que asume la representación de la Fiscalía en el procedimiento, no ha aportado "ningún indicio que señale hacia otro posible autor del delito, lo cual sería deseable dado que los datos estaban solo a su disposición". Algo que, subrayó, "deja realmente en mala posición la dignidad del Ministerio Fiscal" pues en su opinión demuestra que "no ha tenido ningún impulso de averiguar la verdad sino, tan solo, de proteger a sus cargos investigados".

APIF ve indicios suficientes para procesar tanto a García Ortiz como Pilar Rodríguez por revelación de secretos y, en su caso, prevaricación administrativa. Ahora, la última palabra la tiene el juez Hurtado.